28 de marzo de 2024

MinJusticia apoya cadena perpetua para violadores, pero con condiciones

18 de mayo de 2020
18 de mayo de 2020


Bogotá, 18 de mayo_ RAM_ De acuerdo con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, este nuevo proyecto de ley que busca la cadena perpetua, garantiza protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo, brinda garantías jurídicas a los victimarios.

«A la fecha se han presentado 21 fallidos proyectos en este sentido. Pero oiga, lo que es peor es que esos 21 proyectos han sido archivados por vencimiento de términos o en debates. No han podido salir del Congreso. Solo hubo un proyecto que fue referéndum, no proyecto de ley, que pasó, pero que por vicios de forma fue declarado inconstitucional, es decir, que 22 intentos, 21 han sido dentro del Congreso, que fueron archivados por vencimiento de términos, pero nunca han salido a feliz término. Eso nos hace pensar que es el momento de hacer algo, de apoyar a Johana, la hija de Gilma Jiménez, que ha luchado por este proyecto de ley de acto legislativo», dijo la ministra.

Señala el ministerio que proyecto es viable, siempre y cuando se mantenga que la aplicación de la medida de la prisión perpetua sea excepcional, y dependería de la gravedad o reincidencia en el delito.

«No vulnera entonces los tratados internacionales. Ningún tratado internacional, aprobado y ratificado por Colombia prohíbe explícita o expresamente la prisión perpetua. Ahora está bien, lógicamente este acto legislativo con su regulación legal solo se aplicará a hechos cometidos con posterioridad a la vigencia de este acto legislativo, pero – además- no va a generar hacinamiento carcelario, ni implica costos desproporcionados del Estado, porque al ser excepcional solo se aplicaría al número de casos que lo permitan», dijo Cabello.

El juez deberá hacer una valoración de las conductas para implementar la medida; La norma tiene un componente de resocialización, pues el condenado tendría la posibilidad de una revisión de la pena los 25 años de privación de la libertad, además de una segunda instancia, es decir una revisión de las sentencia para evitar errores judiciales.