13 de abril de 2021
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Claudia López a favor de la despenalización del aborto

12 de febrero de 2020
12 de febrero de 2020

Bogotá, 12 de febrero_ RAM_ El aborto que practicó Profamilia a una mujer que ya tenía siete meses de embarazo ha vuelto a enfrentar a los autodenominados “pro vida” y a quienes piden que se mantenga el derecho de las mujeres que quieren abortar. Los primeros calificaron este aborto como homicidio, por lo avanzado que estaba la gestación, mientras otros han defendido que de no ser por las múltiples barreras a las que se enfrentan las mujeres, no se se tendría que practicar la extracción del feto cuando ya se tienen varios meses de embarazo. El debate de todas maneras ya estaba en la agenda nacional debido a una demanda que busca su penalización total y que la Corte Constitucional está estudiando.

Al paso de la controversia, la secretaria de la Mujer de Bogotá publicó un comunicado de prensa respecto al concepto que radicó la entidad, el pasado 31 de enero, ante la Corte Constitucional en el que dice que si el alto tribunal «decide pronunciarse de fondo, despenalice el aborto».

Desde el 2006, en Colombia el aborto no es penalizado en las siguientes tres circunstancias: 1) Cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer. 2) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. 3) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

La sentencia de la Corte Constitucional de 2006 lo que hizo no fue propiamente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, sino despenalizarla en esas tres circunstancias particulares. Esto quiere decir que, aunque el aborto sí es un delito consagrado en el Código Penal (por lo cual la Fiscalía sí podría abrir un proceso en contra de una mujer o de un médico que realice el procedimiento), la sentencia de la Corte permite que no se castigue a quien se lo practica en unas circunstancias particulares.

Por eso la petición de la Secretaría va más allá. Pide que sea penalizado el aborto y que no haya un retroceso en el avance en esta materia que representa un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.  “Las barreras socioculturales e institucionales ( por parte de los sectores de salud, justicia y protección) ya son suficientemente profundas y extendidas (…) Estas barreras exacerban condiciones de exclusión y discriminación, acentúan las desigualdades entre mujeres y ponen en riesgo su vida y su salud», se lee en el comunicado de la Secretaría de la Mujer.