17 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La civilización contra la barbarie

*Andreas Mariano Althoff Ospina. Líder Social de la Alianza Azul. Profesional en Historia y Geografía de la Universidad de Bonn, Alemania. Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
29 de enero de 2020
Por Andreas Althoff OSPINA (*)
Por Andreas Althoff OSPINA (*)
*Andreas Mariano Althoff Ospina. Líder Social de la Alianza Azul. Profesional en Historia y Geografía de la Universidad de Bonn, Alemania. Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
29 de enero de 2020

Vidrios dañados, buses y metros destruidos, policías heridos. Esos son los resultados materiales que el tal llamado “paro nacional” le deja a la nación colombiana. Los vándalos, en muchos casos jóvenes adoctrinados con ideologías antidemocráticas, son los culpables directos. Pero también hay culpables indirectos e invisibles que no andan encapuchados, sino usualmente con traje y corbata.

Se trata de aquellos actores que representan la desprestigiada clase política y jurídica del Estado colombiano. Se trata de magistrados y congresistas que han establecido y protegido las bases “legales” que restringen el uso efectivo de la fuerza pública en contra del vandalismo. Esas mismas bases legales ponen en riesgo los derechos humanos de los policías e integrantes del ESMAD, ya que los miembros de la fuerza pública tienen que temer consecuencias jurídicas, si usan su derecho de la legítima defensa para salvarse contra actos violentos.

Duele decir que altos representantes del mismo Estado estimulan (in)directamente el vandalismo al no darle a la fuerza pública las herramientas adecuadas para frenar a peligrosos terroristas urbanos.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Cómo se explica que países desarrollados como Austria, Francia o Estados Unidos usan armas más efectivas contra vándalos, mientras que Colombia no lo hace?

En el caso francés se permite el uso del lanzador LBD 40 cuyas balas en ciertas ocasiones han sido calificadas como armamento de guerra. El LBD 40 es usado en manifestaciones de los “chalecos amarillos”. En los Estados Unidos (al igual que en Francia y Austria) se ve el uso de los “tasers” que son pistolas eléctricas controvertidas porque en escasas ocasiones han causado la muerte de civiles violentos.

La negligencia del Estado colombiano a la hora de proteger los derechos humanos de sus policías se puede explicar desde una perspectiva psicológica que tiene que ver con la mala imagen que Colombia desgraciadamente sigue teniendo en la opinión pública internacional.

Varias ONGs y Estados europeos perciben a las fuerzas públicas de países latinoamericanos como criminales de guerra. Algo que en ciertos casos fue cierto, si se piensa en las dictaduras de Argentina, Cuba o Nicaragua. Sin embargo, no es justo poner a todos los militares latinoamericanos bajo sospecha general, ya que en muchos casos han sido los militares que ofrecieron sus vidas para proteger los derechos humanos de la sociedad civil.

La imagen problemática que tienen las fuerzas militares de Colombia en los círculos políticos de Europa, hace que el Estado y el gobierno colombiano son muy cuidadosos con temas relacionados a la fuerza pública. Es entendible que el gobierno actual no quiere que imágenes de policías defendiéndose de vándalos sean vistos en periódicos de Paris o Londres porque en Europa fácilmente pueden ser interpretadas como actos “no proporcionales”. ¿Pero es mejor entonces ver imágenes de policías atacados por vándalos?

El gobierno actual y el Estado colombiano tienen la obligación moral de proteger los derechos humanos de la fuerza pública, aunque eso implique recibir críticas por parte de ONGs europeas.

En fin, se trata de proteger a la civilización contra la barbarie.

·        Andreas Mariano Althoff Ospina, profesional en Historia y Geografía de la Universidad de Bonn, Alemania. Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.