28 de marzo de 2024

El país político y el país nacional  

27 de noviembre de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
27 de noviembre de 2019

A propósito de la protesta social, materializada a través de las marchas que se han llevado a cabo en el país desde el pasado 21 de noviembre, la solución a los problemas del país, es la conciliación entre el país político y el país nacional, no la asamblea constituyente, como lo han sugerido algunas voces, entre otras, la del alcalde electo de Medellín.

La asamblea constituyente es un mecanismo para reformar la Constitución Política, consagrado en el artículo 374 y, en pocas palabras, es una reunión de representantes elegidos por el pueblo, en el cual reside la soberanía, que tienen como función redactar una nueva Carta Política.

Creo que una asamblea constituyente no es la solución a los problemas del país, porque la Constitución Política del 91 es una de las más progresistas de América Latina, pues en su parte dogmática consagra la garantía de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente.

Los problemas estructurales de Colombia y las soluciones que reclaman quienes acuden a la protesta social, se pueden sintetizar en los siguientes: i) El derecho a la seguridad social. ii) La transparencia y la lucha contra la corrupción. iii) El derecho a la educación. iv) La paz con equidad y la seguridad. v) La ausencia del Estado en los territorios apartados. vi) El desempleo. vii) El acceso a la tierra para todos. viii) La reforma a la justicia; ix) Los partidos políticos y, x) la implementación del Acuerdo de Paz.

Todos estos asuntos están plasmados en la Constitución Política de 1991 y desarrollados en leyes de la República. Para solucionarlos no necesitamos de una asamblea constituyente, sólo necesitamos de un gran consenso nacional y de la voluntad política del Presidente de la República y de clase dirigente; en otras palabras, necesitamos de un concenso nacional entre los “Factores reales de poder” para que los derechos y garantías plasmados en la Constitución se conviertan en derechos reales, necesitamos, como dijo Jorge Eliécer Gaitán, “conciliar el país político con el país nacional”. Necesitamos que la ciudadanía como país nacional se convierta en país político.

La solución al derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 constitucional, es impedir el lucro desmedido de las EPS’s y permitir mayores avances en cobertura y en calidad de los servicios de salud; es acabar con los subsidios a las pensiones altas y lograr mayor cobertura para el derecho a una pensión de la clase trabajadora, necesitamos reformas en beneficio del pueblo, no de los capitalistas dueños de las EPS’s y de los fondos de pensiones.

La solución a la falta de transparencia y la lucha contra la corrupción, es que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, como reza el artículo 42 de la Constitución y aplicar las normas del código penal con toda severidad y no permitir que quienes cometen hechos de corrupción, se beneficien con detención domiciliaria, o sean recluidos en cárceles de estrato alto.

Para darle una solución definitiva al derecho a la Educación, consagrado en el artículo 67 constitucional, el Estado debe ampliar la cobertura y garantizar los recursos necesarios para que todo ciudadano que termine su educación básica secundaria pueda acceder a la educación superior; necesitamos que el derecho a la educación deje de ser un privilegio para convertirse en un verdadero derecho; para eso, no necesitamos una asamblea constituyente.

Para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y la seguridad de todos, el Estado debe atacar de fondo el problema del tráfico de drogas (micro y macro), que es el causante de la violencia generalizada en el país. Para eso no necesitamos de una asamblea constituyente.

Para llegar a todas las regiones del país, como República que somos, el Estado debe disponer de todos los recursos físicos y humanos para hacer presencia en los lugares apartados de nuestra geografía, donde los violentos hacen de las suyas por la ausencia del Estado y donde el ciudadano del común no tiene alternativas de desarrollo; para eso, no se necesita una asamblea constituyente.

Para atacar el desempleo, el Estado necesita de políticas pública que incentiven y garanticen el empleo digno y no políticas públicas que incrementen el capitalismo salvaje de los empresarios o, ¿cómo entender un crecimiento del 3% y un desempleo por encima de dos dígitos? Para ello, no se requiere una asamblea constituyente.

Para garantizar el acceso a la tierra de todos los colombianos, el Estado necesita de una reforma agraria estructural y créditos subsidiados para el campesino. Para lo cual, tampoco necesitamos una asamblea constituyente.

Para garantizar el derecho a una pronta y cumplida administración de justicia, el Estado puede reformar bien hecha a la Ley 270 de 1996, sin necesidad de convocar una asamblea constituyente.

Para garantizar partidos políticos serios y responsables de cara al siglo XXI, éstos deben auto-reformase y aprobar en el Congreso las leyes necesarias para tal fin. Para eso, no se necesita una asamblea constituyente, solo se requiere voluntad política.

Y, finalmente, para implementar los Acuerdos del Paz, el Estado debe honrar su palabra y garantizar el desarrollo de los mismos. 

La protesta social no es mala –per se, por el contrario, es un buen síntoma para conciliar al país político con el país nacional. Por lo tanto, cuando el país nacional (el pueblo) entienda que es él quien el elige; cuando el país nacional entienda que debe participar en la política como la ciencia de la administración colectiva; cuando el país nacional entienda que el bienestar general debe primar sobre el particular, cuando el país nacional entiendan que una Constitución Política debe ser un acuerdo colectivo y no de élites; cuando el país nacional entiendan que debe involucrarse en las decisiones que nos afectan a todos, entonces, lograremos la conciliación entre el país político y el país nacional, sin necesidad de una asamblea constituyente.

 

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