8 de marzo de 2021
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Un plan de acción para encausar el megaproyecto San José

7 de octubre de 2019
7 de octubre de 2019

Por Gonzalo Duque-Escobar*

 Ponencia presentada a nombre de la SMP, en el Cabildo Abierto de hoy, sobre San José

Para empezar, la SMP de Manizales resalta la celebración de este Cabildo Abierto en la Comuna 2 de Manizales, como mecanismo legal, democrático y directo de participación ciudadana implementado para dialogar ante la Junta de Administración Local, la comunidad y los colectivos urbanos de la ciudad, sobre la situación actual del macroproyecto de vivienda y renovación de la comuna, y proponer acciones eficaces después de 10 años de incumplimientos, equivocaciones y precarios resultados. 

Presentación

El examen del proceso de renovación urbana de San José iniciado por la Alcaldía de Manizales en 2009, por el desplazamiento forzado intraurbano y la grave violación a los derechos de las personas afectadas, como fenómenos ocasionados por un macroproyecto de interés social general, en el cual primó la visión reduccionista y utilitarista de una política pública proclive a un modelo de ocupación del territorio, que a costa del interés general y soportada en las falencias ambientales de un territorio con una  carga histórica de enormes pasivos ambientales, socializó los costos acumulados para favorecer el mercado inmobiliario.

Este proceso regresivo de planificación urbana  concebido en el contexto de la especulación con la renta del suelo, bajo el presupuesto de ofrecer una respuesta adecuada a la comunidad intervenida empleando una política de gestión del riesgo, no buscó propiciar una intervención y renovación urbana incluyente y participativa, ni construir un paisaje resiliente soportando el proceso en los Derechos Colectivos consagrados en la Carta del 91, misma que además de protegerlos entrega los instrumentos que los garantiza, olvidándose para el efecto de los fundamentos del Ordenamiento Territorial – Ley 388 de 1997-, en los cuales se subraya la importancia del territorio como factor de desarrollo social, económico y ambiental.

El proyecto

El área intervenida habitada por más de 20 mil ciudadanos de clases populares, es un territorio complejo y heterogéneo que se ubica al Nor-Occidente de la ciudad de Manizales y sobre la vertiente de la quebrada Olivares, en vecindades del Centro Histórico y de la actual Plaza de Mercado. Entre las piezas características que estructuran dicho territorio que incorpora la comuna 2 y sectores de las comunas 1 y 3 de la ciudad, aparecen ocho fragmentos urbanos ambientalmente diferenciados como escenarios de dinámicas urbanas con múltiples relaciones e interacciones, así: los Agustinos, San José, Las Delicias, Liborio, Colón, Avenida Centro y Ladera Norte.

El desafío entonces, además de estructurar el territorio a partir de estas unidades-fragmento, que siendo entidades “autónomas”, pese a ser un sector deprimido de Manizales, debe y puede aprovechar la ubicación estratégica de sus 110 hectáreas al relacionarse y comunicarse con los otros fragmentos de la ciudad para reestructurase hacia adentro, y en conjunto fortalecer los sectores urbanos de la ciudad con los que interactúa para construir una “estructura” de mayor jerarquía, más sostenible y con mayores oportunidades, generando así grandes beneficios sociales económicos y ambientales para todos.

El Modelo

Aunque la consolidación de la ciudad y la expansión urbana pueden estar presionando las zonas subnormales en las frágiles laderas Norte y Sur para la apertura de nuevas vías que faciliten su crecimiento sin importar los costos sociales, la oferta de terrenos para la VIS en unidades residenciales colectivas de varios pisos como opción para el aprovechamiento de la pendiente y la densificación urbana, puede ser una opción que debe materializarse sin mayores impactos, respetando los derechos del territorio entendido como una construcción social e histórica, que demanda procesos participativos sostenidos y permanentes

Pero si contrariamente el proyecto de renovación urbana y el compendio de “normas” del POT y del P de D, se soportan en una visión tecnocrática dirigida a favorecer la especulación, entonces la gestión ambiental y del riesgo en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, en un territorio cuya vulnerabilidad global debió ser el primer objetivo de la intervención, antes que desarrollo social y ambiental sólo puede ofrecer crecimiento económico en beneficio de terceros a costa de la miseria humana, por no mirar el conjunto de la ciudad como contexto previendo la obra pública, no aislada ni desarticulada, sino  nutrida de elementos que fortalezcan las frágiles relaciones sociales y productivas en el territorio.

El Impacto

Tras el lento avance del proceso de demolición de viviendas y edificaciones públicas en el sector, conforme se fue destruyendo el tejido social  y modificando la vida cotidiana propia de los vecindarios urbanos populares, una gran proporción de personas y familias de comunidades pobres y vulnerables fueron desplazadas por el mismo municipio de manera intempestiva, quedando desarraigados y con la frustración de no poder ocupar uno de más de medio millar de apartamentos proyectados cada uno de casi medio centenar de metros cuadrados.

Pero no sólo la Ley 388 concibe el espacio en el cual vivimos como variable fundamental de desarrollo, sino que también entrega nuevos instrumentos y mecanismos de planificación y gestión territorial, los Planes Parciales y de Actuación Urbanística que deben ser utilizados por las administraciones locales, para promover el desarrollo económico y social de los habitantes en armonía con la naturaleza, garantizando además de la inclusión social el acceso a los diversos los bienes urbanos requeridos para un desarrollo sustentable.

Pero en el caso de la Comuna, con la expulsión urbana de gran parte de sus habitantes hacia la periferia causada por un proyecto de interés social, se genera la pérdida del entorno y la desestructuración del territorio, y con ello la ruptura de la misma comunidad al cambiar el hábitat por otro con referentes ambientales urbanos extraños, resultando de ello el sometimiento de los desplazados a unas dinámicas sociales y económicas incompatibles con su modo de vida, lo que les impedirá el correcto desenvolvimiento individual y colectivo.

Epílogo

La evidente impunidad por falta de justicia y sanción tras una década de graves incumplimientos sistemáticos de las administraciones municipales en relación con el Macroproyecto San José, asociados entre otros factores a la falta de una planeación abierta y participativa, y a un modelo  de intervención urbana de corte utilitarista emprendido por el Estado, exige además de la reparación de los daños causados, el reconocimiento de la urgencia que amerita la solución de la grave problemática socioambiental en dicho territorio, en el que se han violado los derechos ciudadanos.

Bajo la anterior premisa, dada la evidente posibilidad de avanzar en la construcción de un plan de acción inmediato y concertado con propuestas viables y sostenibles, fruto de un trabajo mancomunado de todos los actores sociales, se deberá priorizar una agenda pública que mediante dicho instrumento resuelva las graves afectaciones que padece la Comuna 2 de Manizales.

De contarse con la voluntad política que no se tenido y con una política pública de alto contenido social, ¿cómo proceder?: para la ejecución del plan de acción y para verificar su cumplimiento, se deberán implementar un grupo motor conformado por representantes de los sectores comunitarios, gremiales y académicos y otro de veeduría ciudadana con participación de líderes comunales.

Fuentes

 

* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. Ponencia SMP para el Cabildo Abierto de la Comuna San José, del 6 de Octubre de 2019. . Imagen: Comuna  San José en Agencia de Noticias UN.