16 de septiembre de 2019
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Análisis La nulidad de la inclusión de La Aurora como zona de expansión y la violación de la ley

10 de septiembre de 2019
10 de septiembre de 2019

En Sentencia de nulidad simple No. 240 del 6 de septiembre de 2019, emanada del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales que resuelve declarar infundadas las excepciones denominadas “Inexistencia del derecho reclamado”, “Presunción de legalidad”, “Incongruencia de la pretensión” y “Buena fe”, propuestas por el Municipio de Manizales – Concejo Municipal de Manizales; también se ha declarado la nulidad del artículo 7º del Acuerdo No. 573 de 2003 que modifica el POT de 2001, en el cual se definió la expansión del suelo urbano en La Aurora con perjuicio para la Reserva Forestal de Río Blanco, a solicitud del demandante Centro de Estudios y Gestión de Derecho para la Justicia Espacial.

A pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial de 2001, define un modelo de ciudad en el que basó la clasificación de suelo y la proyección urbanística del Municipio, considerando entre otras circunstancias, la función ecológica que tendrían las áreas de protección ambiental de Manizales y su importancia para el desarrollo sostenible en el Municipio, clasificó el sector la Aurora como zona rural en concordancia con las circunstancias ambientales que caracterizan dicho territorio, el que conlleva vocación rural y es zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal Protectora Río Blanco posteriormente el artículo 7º del Acuerdo No. 573 de 2003 olvidando que la vigencia del POT de 2001 es de 12 años, indebidamente modificó una norma estructural del citado POT al incluir dicho predio dentro de la categoría de suelo de expansión urbana.

El sector de la Aurora, como colindante con la Reserva Forestal Río Blanco, reserva declarada como tal en el año de 1990 a través de Acuerdo No. 0027, por parte del INDERENA, claramente cumple una función amortiguadora, razón por la cual de conformidad con la Ley (Decreto 2372 de 2010) debe destinarse a la prevención y mitigación de los impactos que le genera la ciudad al frágil bioma andino que alberga dicha área de interés ambiental. Reconociendo la complejidad que implica la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial, se hizo evidente el desconocimiento de requisitos para proceder con una importante modificación del uso de suelo, pues a pesar de los intentos de la Administración por acreditar viabilidad de urbanización, no fueron acompañados estudios técnicos suficientes.

La Personería y la SMP de Manizales, además de subrayar la Importancia de la conservación de la Reserva por el bosque húmedo Montano y el Páramo, dos de las formas de vida forestal localizadas en la zona que se encuentran en estado de conservación crítica y vulnerable respectivamente, presentaron elementos con el propósito de prevenir la violación de los derechos bioculturales del territorio, lo que se ocasionarían por un daño severo y no mitigable sobre un bien fundamental de la nación, reclamando la protección de las especias endémicas vulnerables y en peligro de extinción que allí se albergan, y también sobre un área de interés ambiental estratégica para Manizales por los servicios ambientales que la entrega a la ciudad, entre ellos la regulación de la cuenca, la estabilidad climática y el suministro del 35% del agua para sus habitantes.

En esta sentencia, consideró el Juez que la urbanización y habilitación del terreno en el sector de la Aurora, declarándola suelo de expansión urbana para proceder con un plan parcial como mecanismo urbanístico adyacente a la Reserva Forestal Río Blanco, significaría una compleja amenaza sobre la aceptada vulnerabilidad de la Reserva Forestal Río Blanco y en general sobre la fragilidad actual de nuestro medio ambiente, y que la modificación de normas urbanísticas estructurales del POT exigen la existencia de motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, además del análisis de impactos de la expansión de la ciudad, entre otros procederes como dar curso a los trámites de concertación, consulta y aprobación contemplados en la Ley 388 de 1997.