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1989: Año del terror en Colombia

21 de agosto de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
21 de agosto de 2019

Garapullo

El año 1989 fue un año de terror en Colombia. Fue el año en que el poder oscuro y criminal del narcrotráfico intentó, con acciones terroristas, someter al Estado para lograr eliminar la extradición, que había sido aprobada en Colombia mediante la Ley 68 de 1986, aunque dicha ley, posteriormente fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El 18 de enero de ese año, ocurrió la masacre del corregimiento de La Rochela en el municipio Simacota Santander, en la cual murieron 12 funcionarios judiciales que investigaban delitos en esa zona; la masacre fue perpetrada por una alianza macabra entre el narcotráfico y las paramilitares.

El 17 de febrero fue asesinado el líder del Partido Comunista colombiano, Teófilo Forero Castro.

El 3 de marzo fue asesinado el líder del Partido Unión Patriótica, José Antequera, quien había denunciado los crímenes cometidos por grupos paramilitares y los vínculos de estos últimos con estructuras de las Fuerzas Militares. En el atentado resultó gravemente herido el ex presidente Ernesto Samper. El 29 de marzo también fue acribillado el abogado Héctor Giraldo Gálvez, apoderado de la familia de don Guillermo Cano, director de El Espectador, quien con sus investigaciones había logrado que la justicia vinculara a miembros del cartel de Medellín con la muerte del director de El Espectador.

El 4 de julio fue asesinado por error, Antonio Roldán Betancur, Gobernador de Antioquia, pues su caravana fue confundida con la del Coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policia de Antioquia.

El 16 de agosto fue asesinado el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia, quien ese mismo día había confirmado la decisión de vincular a Pablo Escobar en la muerte de don Guillermo Cano, director de El Espactador.

El 18 de agosto en horas de la mañana, fue asesinado el comandante de la policia de Antioquia, Coronel Valdemar Franklin Quintero, quien había asestado golpes condumdentes a la mafia de ese departamento.

En horas de la noche de ese 18 de agosto en la plaza de Bolívar de Soacha, fue el atentado que minutos más tardes cobró la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien había iniciado un ataque frentero contra el narcotráfico a través de su movimiento el Nuevo Liberalismo.

El 2 de septiembre un camión con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá. Aun así, el periódico circuló al día siguiente con el titular “¡Seguimos adelante!”. El Espectador no declinó en sus informaciones contra Pablo Escobar y sus socios, por eso el cartel de Medellín sostuvo su ofensiva criminal contra el periódico.

El 29 de octubre, fue asesinado el periodista Jorge Enrique Pulido, director y presentador del informativo Mundo Visión.

El 15 de noviembre, fue asesinado el árbitro Álvaro Ortega, quien días antes había oficiado como juez de línea del partido entre el Deprtivo Independiente Medellín y el América de Cali.

El 27 de noviembre una vez más, el narcoterrorismo del cartel de Medellín perpetró un atentado que dejó 107 personas muertas. Un avión Boeing 727 de la empresa Avianca explotó en el aire en inmediaciones del municipio de Soacha (Cundinamarca), pues la organización terrorista creía que en ese avión iba a viajar el candidato presidencial César Gaviria. Esa fue la razón del atentado.

El 6 de diciembre se perpetró el atentado contra la sede del DAS con un bus cargado con al menos 500 kilos de dinamita, en el cual pretendía acabar con la vida del general Masa Márquez, director del organismo de seguridad.

Y así, murieron una gran cantidad de colombianos de bien que ejercían como jueces, periodistas, miembros de la fuerza pública y ciudadanos anónimos que a través del cumplimiento de sus funciones se enfrentaron al monstruo del narcotráfico.

Pero la gravedad del terrorismo en aquel año, no fue la guerra declarada contra el Estado en cabeza de Pablo Escobar y sus secuaces, sino la connivencia de miembros de organismo del mismo Estado con los narcotraficantes y paramilitares, porque ha sido demostrado a lo largo de estos años en procesos judiciales esa alianza macabra.

Alianza producto de la maldita corrupción que el narcotráfico introdujo en el Estado colombiano y que a lo largo de este tiempo continúa metida con nuevos métodos y medios que siguen permeando la estructura del Estado como un cáncer que sigue corriendo las instituciones.

 

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