5 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Sentencia abre las puertas a la megaminería en Salento

5 de junio de 2019
5 de junio de 2019
Crédito: Pixabay | CC0 Creative Commons

Caracol Radio

Pese a que el concejo el municipio de Salento había expedido el acuerdo 01 “por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se adoptan otras determinaciones”, el Tribunal Administrativo del Quindío, acatando la demanda de la gobernación del departamento, emitió una sentencia que lo invalida tras considerar que: “el criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional, es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre éstos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades”.

“Conocimos ayer la la infortunada noticia que el Tribunal Administrativo del Quindío consideró como inválido, el acuerdo municipal del concejo de Salento, mediante el cual ha pretendido la defensa del territorio frente a la amenaza que significa la minería de metales y piedras preciosas, aquí lo más triste ha sido la actitud y el comportamiento del gobernador del Quindío, que a pesar de haber prometido en campaña la defensa del territorio y a pesar de haber afirmado que estaría dispuesto a amarrarse a un árbol para defender al Quindío, tenemos que decirlo con tristeza, él no ha movido un dedo, en función de defender al territorio frente a la amenaza que significa la minería, y en este caso se puso de presente, porque fue la oficina jurídica de la gobernación la primera que afirmó que se violaba la constitución y las leyes, que es lo que refrenda el TAQ”, dijo el ambientalista Néstor Ocampo.

Agregó el ambientalista al respecto, que en los últimos días se conoció un fallo del Tribunal Administrativo de Medellín sobre un caso de Jericó Antioquia, muy similar, en el que se afirma lo contrario, es decir que los acuerdos municipales si pueden tomar decisiones para defender los territorios.