16 de junio de 2019
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La fiebre no está en las cobijas

12 de junio de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
12 de junio de 2019

Garapullo

La semana pasada, la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “alcohólicas, psicoactivas”, contenidas en el artículo 33 (literal c), num. 2); y las expresiones ‘bebidas alcohólicas’ y ‘psicoactivas o’ del artículo 140 (numeral 7) del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), pues consideró la Corte que “esta problemática del Código Nacional de Policía no es razonable constitucionalmente, pues a pesar de que busca un fin imperioso como lo es la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas, lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin y, esto es así, porque la generalidad de la disposición invierte el principio de libertad e incluye en la prohibición casos para los que el medio, o bien no es idóneo, puesto que no hay, ni siquiera, riesgo de que se afecten los bienes protegidos, o bien no es necesario, porque existen otros medios de policía previstos en el mismo código para lograr la misma finalidad, sin que se sacrifiquen tan intensamente una libertad”. 

Dicha decisión causó polémica en el país y, algunos, como la ministra del Interior en nombre del gobierno, rechazaron la sentencia, porque consideran que en una sociedad como esta-refiriéndose a la colombiana-, el consumo libre de drogas y alcohol en sitios públicos, impide a las autoridades tener control de la violencia.

El derecho al libre desarrollo de personalidad es el reconocimiento que hace el Estado de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin controles injustificados o impedimentos por parte de los demas. Pero como todo derecho, el libre desarrollo de la personalidad tiene sus límites hasta donde llegan los derechos de los demás y límites de orden público, es decir, que si el drogadicto o el alcohólico van más allá y perturban la convivencia y la tranquilidad, no por estar consumiendo alucinógenos o licor, sino por otros comportamientos, puede ser objeto de las medidas correctivas que trae el mismo código.

Lo que tiene que hacer el Estado en materia de consumo de drogas psicoactivas y alcohol, es adelantar políticas de salud pública, empezando por la promoción y la prevención y, luego, la rehabilitación del individuo; así como proponer en los colegios asignaturas que enseñen prevención y los daños que causan las drogas y el alcohol en el organismo y atacar a microtraficantes de drogas ilícitas y no prohibir para judicializar el consumo, pues la fiebre, no está en las cobijas.

El Estado tiene que combatir el narcrotáfico en general y el microtráfico en particular, pero no perseguir al adicto, pues este es un enfermo que debe tratar, primero con prevención y promoción y, luego, con rehabilitación. Además, la prevención en el consumo debe hacerse desde la casa, desde el entorno de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, enseñando a nuestros niños que las drogas y el alcohol limitan la voluntad del hombre y lo hacen esclavo de esos vicios.

El Estado policía, entendido como el Estado donde el gobierno mantiene un control estricto sobre la sociedad, sobre todo en la restricción de las libertades civiles y mediante la fuerza de la policía secreta (entiéndase chuzadas ilegales), ya pasó; ese modelo de Estado, propio de regímenes autocráticos como el nazismo en Alemania o el franquismo en España o propio de las dictaduras, es antidemocrático y va en contra de las libertades de las personas.

No podemos caer en la sociedad orwelliana, esa sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. En la pasadas elecciones presidenciales, se manipuló la información sobre el proceso de paz y sobre la situación de Venezuela aduciendo que a Colombia llegaría el Castro-Chavismo y ganó la presidencia un forastero político.

Ya en gobiernos anteriores, vivimos la fuerza en la policía secreta y estuvimos inmersos en chuzadas ilegales y, más recientemente, hemos visto la represión política a la oposición. Ahora, un sector amplio de la clase política quiere la represión social.

El Estado social de derecho bebe de las fuentes del Estado liberal decominónico que funda sus raíces en el respeto irrestricto por la garantía de las libertades individuales, como reacción al poder absoluto del soberano. “El rey no es soberano”, dice la segunda estrofa de nuestro himno nacional. Esas libertades individuales están íntimamente ligadas con el principio de la dignidad humana.

Hemos avanzado mucho en estos 200 años de nuestra historia y permitir la represión social a través de la restricción de las libertades individuales, sería un retroceso inexorable en las páginas sagradas de nuestra historia.

La fiebre, no está en las cobijas.

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