15 de junio de 2019
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Acuerdo sobre lo fundamental

22 de mayo de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
22 de mayo de 2019

Garapullo

¿Usted mandaría a su hijo para que lo castigara el vecino por alguna falta cometida por éste en su casa? ¡No! ¿Verdad?

Pues bien, el artículo 35 de Constitución Política consagra lo siguiente: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. (…)”

Amparado en este articulito, es que el Estado colombiano extradita, principalmente a los Estados Unidos, a sus conciudadanos por delitos cometidos en esa nación, especialmente por narcotráfico o, como lo llaman allá, por conspirar para tráficar drogas ilícitas.

Colombia es una República independiente y autónoma que tiene su propio ordenamiento jurídico, que judicializa el tráfico de drogas, por lo tanto, no necesita que otro Estado actúe por ella, para castigar el delito de tráfico de drogas, por más que sea un delito transnacional.

Y no estoy haciendo apología del delito de tráfico de drogas ilícitas, ni mucho menos quiero posar de defensor de oficio de Jesús Santrich para que no sea extraditado a los Estados Unidos, pues lo acordado en La Habana, acordado está y a eso debe sujetarse, además, él tiene quién lo defienda; pero el Estado colombiano no debería extraditar a ningún ciudadano colombiano, porque eso, sencillamente, va en contra de la soberanía del Estado y de la dignidad humana de los colombianos.

La política antidrogas requiere de esfuerzos mancomunados entre los Estados, sin necesidad de tratados que extraditen nuestros nacionales o de que Colombia pida en extradición a los consumidores americanos de la droga producida en nuestro territorio. Si algo necesita la política antidrogas, es precisamente, atacar el consumo en Estados Unidos, pues, al fin y al cabo, si hay consumo, hay oferta, y el mayor consumo de drogas ilícitas se presenta en territorio norteamericano. El desafío a nuestro ordenamiento jurídico lo constituye la producción y el consumo de drogas ilícitas, no la discusión de si se extradita o no se extradita a Jesús Santrich o a otro colombiano. Eso, no resuelve el asunto, por el contrario, lo agrava.

El problema de la extradición de Santrich, es, precisamente, lo que desató, esta semana, una crísis institucional en el país que obligó al presidente Duque a buscar un concenso con los líderes de los partidos políticos, excepto los de la oposición, para proponer un gran acuerdo político para superar la crisis institucional; propuesta que empezó mal al no tener en cuenta a la oposición política, pues ellos también son parte del Estado y, por lo tanto, deben hacer parte de la solución.

Un “Acuerdo sobre lo fundamental”, como decía Álvaro Gómez, es lo que necesita el país, pero para ello no se requiere ni una asamblea nacional constituyente, ni declarar el estado de conmoción interior, pues por estas vías el país se vería amenazado con un golpe de Estado que acabaría con la independencia y autonomía judicial, la separación de poderes y la garantía de los derechos, pilares fundamentales del Estado social de derecho.

Según Maurizio Fioravanti, italiano estudioso de la ciencia política, “La res pública no puede ser sometida a voluntades facciosas ni parciales; las del tirano o de la restringida clase aristocrática; pero tampoco la del pueblo, empujado por el siempre recurrente peligro de la demagogia.” 

Por eso, el acuerdo político que pretende el presidente Duque, debe involucrar a todas las fuerzas políticas del Estado, sin excepción, y debe tratar temas fundamentales que sean necesarios para la organización y funcionamiento del Estado. Pero, ¡ojo!, estas reformas no pueden ser para satisfacer intereses personales de los líderes políticos. Por ejemplo, la reforma a la justicia no puede ir en detrimento de la misma, eliminando las Altas Cortes (Suprema y Constitucional), porque no cumplen sus funciones como quisieran sus opositores, pues la razón de ser de la Rama Judicial es su independencia y autonomía. O, sobre la extradición, por la coyuntura del caso Santrich.

Las propuestas del acuerdo político tienen que ir encaminadas, no al interés personal, sino al interés general del pueblo colombiano, de tal manera que se de solución a temas estructurales, como la reforma a la justicia, la crísis de la salud, la corrupción, la reforma política que requiere el Estado, solo por proponer algunos temas.

Si se lograra un acuerdo fundamental sobre estos temas, nuestra clase política dirigente, empezaría a dignificar el ejercicio de la política, envilecida por tantos vicios que la corrempen, pues el sistema democrático lo construye cada país con sus ciudadanos, con sus dirigentes y con sus instituciones, a través de concensos políticos amplios que desarrollen políticas públicas eficaces que  para la solución a sus problemas.

 

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