Garapullo

Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla, dice el adagio popular. Por eso, he querido traerlo a colación en esta columna, para hacer un poco de historia.

En Colombia, han sido los gobiernos los que han incumplido los acuerdos de paz, condenándonos a la guerra a todos los colombianos; y esta historia no se puede repetir. Lo menos que podemos pedir a un gobierno serio, es que cumpla lo pactado, pues cumplir lo pactado es una regla moral. “Pacta sunt Servanda” decían los romanos y, según don Andrés Bello, “el contrato es ley para las partes”. (Artículo 1602 del Código Civil Colombiano); y así lo preceptúa el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.

El gobierno colombiano no puede desarmar una guerrilla para luego hacerle trampa no cumpliendo lo pactado, o para matar a los insurgentes que entregaron sus armas como ha pasado en otros proceso de paz firmados entre la insurgencia y el gobierno colombiano.

El 30 de enero de 1782, el prócer colombiano, José Antonio Galán fue sentenciado a muerte por participar en la insurrección de los comuneros que se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas en el Virreinato de la Nueva Granada, regido por el arzobispo de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, que implicaron una mayor carga fiscal sobre la población y la restricción del cultivo de tabaco, que afectó sensiblemente a los productores de la localidad de El Socorro, actual departamento de Santander.

El 6 de abril de 1957, después de haber firmado la paz el 15 de septiembre de 1953 con el gobierno de facto del general Rojas Pinilla, Guadalupe Salcedo, comandante de las guerrilleras liberales de los Llanos orientales, que surgieron como defensa del ataque de la violencia conservadora promovida por el gobierno de Colombia después de la muerte de Gaitán, fue asesinado en confusos hechos en Bogotá por miembros de la Policía Nacional.

En la década de los 90, se presentó el magnicidio de miembros de la Unión Patriótica -UP, partido político de izquierda democrática fundado el 28 de mayo de 1985, como parte de la propuesta de paz de las Farc al gobierno del presidente Belisario Betancur; proceso de paz que no prosperó debido a los ataques de los “enemigos agazapados de la paz“, como los tildó el caldense, Otto Morales Benítez, cuando renunció a ser comisionado de paz del gobierno del presidente Belisario Betancur.

El 26 de abril de 1990, fue asesinado Carlos Pizarro Leongómez, máximo líder del M 19, quien se había desmovilizado y convertido en candidato presidencial del movimiento político Alianza Democrática M 19 para las elecciones de 1990, movimiento político que surgió tras la desmovilización del grupo guerrillero M-19.

Por eso, está en manos de la ciudadanía que la historia no se repita, defendamos los acuerdos de paz, exijamos de una vez por todas que el gobierno del presidente Duque permita el funcionamiento de JEP sancionando las leyes promulgadas por el Congreso de la República para tal fin, porque el pueblo que no conoce la historia, está condenado a repetirla.

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