21 de marzo de 2019
Aguas de Manizales - Marzo 2019

Alma de caballo

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
15 de marzo de 2019
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
15 de marzo de 2019

Diversos interrogantes salen a flote relacionados con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, quienes continúan al margen de los viscerales altercados sobre la “verdad moral” de la ley estatutaria de la JEP. Contrario a lo que se vocifera y supuestamente, impugna, las mártires son utilizados en la controversia como punto cardinal del discurso de poder. Sarta de hipocresías y mentiras alrededor del tema. Sin escrúpulos ondean la bandera de la maldad vigente en la arenga populista.

¿Los hijos de la violencia corren el riesgo de sufrir diferentes enfermedades mentales debido a las experiencias de abuso sexual, maltrato infantil y agresión? Respuesta: Sí. Señor rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, ¿el impacto en la salud mental de las víctimas para usted es un “elemento técnico o político”? Contestación de mi parte: Ninguna de las dos concepciones. Tampoco pueden ser considerados delitos de guerra y menos aún, entrar a formar parte de su perverso concepto de modulación eufemística denominado “grados de lo horrible”.

Tenemos centenares de comunidades rotas a causa de experiencias traumáticas, dominaciones, daños colaterales, agresiones físicas, reclutamiento y desplazamiento forzado, destrucción del medio ambiente y contaminación de los ríos; entre millares de trastornos, producto de las acciones de los distintos actores de la violencia.

En la mayoría de las ocasiones observamos patologías siquiátricas en algunos magistrados, jueces, fiscales, defensores, congresistas de ambos bandos de la disputa electorera, funcionarios públicos, periodistas narcisos, paramilitares despiadados, guerrilleros cínicos, delincuentes de cuello blanco, cacaos, banqueros corruptos, cizañeros y baladíes. En fin, el padecimiento más avanzado cuenta con altos grados de odio, venganza y provecho propio.

¿Qué sensación deja un verdugo hablando de justicia e injuria? Una de dos: es un enfermo mental o un cínico descarado.

¿Cuántos políticos clasifican en la categoría de trastorno bipolar? ¡Uf! Respuesta condicionada: según la mermelada, la coima o el soborno.

¿Quiénes de los que izan el estandarte de la moral intacta son neurovegetativos? Observación desmesurada: aquellos que no vigilan los esfínteres y sacan las tripas por la boca. La diferencia radica en que no existe control oral ni límite histriónico.

¿Por qué la gente elige individuos con esquizofrenia, disociación o sicopatía?, porque hay sujetos locos por el dinero fácil y torcidos por convicción. Además, muchas regiones carecen de educación, justicia social, desarrollo, contexto histórico, libertad y cultura política. No confundir esas nociones con “abrazar” el adoctrinamiento. El asunto no es de ideas malolientes o creencias ideológicas, sino de valores universales y derechos fundamentales.

¡Qué tal la caricatura! Actores sub iudice, sub judice, favorecidos o reinsertados disparando epítetos, en lugar de argumentos y discusiones de fondo. La Comisión Primera del Senado, una vez más, se transformó en el campo de batalla de intereses irreconciliables. Los trámites constitucionales, las garantías de los habitantes y el proceso de paz fueron desplazados por los adjetivos calificativos, los insultos y el enojo generalizado. Comportamientos violentos, deshonra y atolondramiento de los 22 miembros de tan indigna Comisión. ¿Honorables congresistas? ¡Sí!, ¡cómo no! Varios padecieron traumatismo craneal a raíz de los ataques convulsivos e irracionalidad verbal.

Cierta ala extremista y las Farc consideran la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como botín de guerra. El componente de verdad, justicia, reparación y no repetición, para unos, representa la feria de favores, negociados y enriquecimiento. En otros casos, la garantía del debido proceso significa desvergonzada impunidad. La seguridad jurídica debe ir de la mano de las víctimas y no, de la tranquilidad de los victimarios.

¿El ciudadano de a pie siente “confianza legítima” en la Jurisdicción Especial para la Paz? Nadie puede eludir esta discusión. Es necesario poner cuidado con el alma suelta de Caín y el peligro de eludir responsabilidades ante la justicia.

Enfoque crítico –pie de página. A propósito de rehuir responsabilidades. El novato secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, quedó en evidencia con sus declaraciones a los medios de comunicación sobre el aparente acto de racismo y la golpiza sufrida por el joven Dairon Córdoba, quien puede ser acusado del delito de falsa de denuncia al comprobarse que, sí había hurtado mercancías, en un supermercado del barrio Campo Valdés en el nororiente de la ciudad. Nada justifica la acción violenta y tomarse la justicia por mano propia. Tampoco, se puede aceptar que el secretario de Seguridad de la capital antioqueña salga a decir que “fue asaltado en su buena fe”, cuando su función esencial es investigar antes de hablar. El engreimiento conduce a meter las patas por el afán de exposición mediática.

Al respecto de la presunta discriminación, la Concejal de Medellín, Daniela Maturana, pagó los platos rotos por no verificar la información y defender la comunidad negra. Lo uno por lo otro. Craso error.