20 de febrero de 2019
Aguas de Manizales - Febrero 2019

Qué miedo

12 de febrero de 2019
Por Rodrigo Pareja
Por Rodrigo Pareja
12 de febrero de 2019

Con una rimbombancia quizá un tanto exagerada, el gobierno nacional acaba de promulgar su Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, y las primeras reacciones no fueron precisamente las mejores que cabría esperar.

Establecida como está la por ahora inextinguible polarización que divide a los colombianos en dos grandes bloques, uno de ellos distribuyó aplausos y voces de respaldo, mientras el otro no ocultó sus temores ante las dudas e incertidumbres que el ostentoso plan le genera.

Dos puntos cruciales contiene lo expuesto por el presidente Duque al trazar su hoja de ruta en estas materias: la constitución de una red de cooperantes con la fuerza pública, y la decisión de entregar armas a civiles que lo soliciten por razones de seguridad.

Ciudadanos que están en la orilla distinta a la del gobierno, no vacilaron en entender que la tal red de cooperantes que pretende constituir, en principio con un millón de miembros, no es otra cosa que la resurrección de las mal recordadas Convivir que puso en marcha el ex presidente, Alvaro Uribe.

Convivires de las que solo ingratos y dolorosos recuerdos se albergan en la memoria colectiva, y que fueron la génesis del nefasto paramilitarismo, supuestamente eliminado mediante un llamado pacto, pero cuya esencia y motivación ideológica sigue latente en esta atormentada república.

Promulgada ya la iniciativa y en tal virtud un hecho cumplido, cabría hacer algunas preguntas que no sobran: Quién o quiénes podrán ser “cooperantes” ? Quién o quiénes dirán si pueden o no serlo ?  Cuáles condiciones básicas se les exigirán al millón de “cooperantes” ? Ante quién o quiénes deberán responder por sus“cooperaciones”? Para evitar que de “cooperantes” se conviertan simplemente en delatores, perseguidores o sapos, qué clase de filtros o controles van a establecerse ?

Los partidarios de la iniciativa la defienden y hablan del celular como la principal “arma” de esos cooperantes, dadas las facilidades de comunicación y acercamiento que ahora brinda la tecnología. Pero acaso no existe ya el numeral 167 para que a través de el cualquier ciudadano pueda formular una denuncia sobre determinado delito?

Inscribirse como cooperante y recibir en consecuencia la aprobación gubernamental, imprimirá cierto carácter y dignidad convirtiendo a aquellos en seres un tanto superiores al común de los mortales. Se sentirán mejores, con mayor responsabilidad, y es allí donde está el peligro de convertir a simples ciudadanos o copartidarios en eslabones de una peligrosa cadena de delaciones, persecuciones y hasta falsedades, para saciar de pronto oscuras pero anheladas venganzas.

Y eso de entregar armas a ciertos civiles por cuestiones de su seguridad personal, es simple y llanamente una contradicción frente a la pomposa pero irreal frase de que “las armas y la fuerza son monopolio exclusivo del Estado”, vale decir, se borra con el codo lo escrito con la mano.

No hay que ser un sabio para adivinar de antemano que esas tales armas “para seguridad personal”, estarán en manos de poderosos potentados, terratenientes, ganaderos, usurpadores de tierras y otros por el estilo, aunque es de suponer que la mayoría de ellos ya las tienen.

De los instrumentos mortíferos que se facilitarán estratégicamente, lo único que puede asegurarse sin temor a equivocación, es que jamás llegarán a las manos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, unos por no llenar “requisitos” y la mayoría por no disponer de recursos para comprarlas.

La sabiduría popular lo dice y ha podido comprobarse con frecuencia, que con las mejores intenciones se han cometido los más graves errores. Ojalá no sea este gobierno el encargado de corroborar lo anterior.

TWITERCITO: Al plan Duque le faltó este articulito: Todo colombiano está obligado a cooperar para desarmar los espíritus.