21 de marzo de 2019
Aguas de Manizales - Marzo 2019

Justicia transicional

20 de febrero de 2019
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
Por Víctor Julián Ramírez Betancur
20 de febrero de 2019

Garapullo

La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobada por el Congreso de la República, está en manos del presidente Iván Duque para su sanción. Por tratarse de una ley estatutaria, esta sólo puede ser objetada por razones de inconveniencia, pues la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, ya avaló la constitucionalidad de dicha norma, a través de control previo y automático, es decir, que la encontró ajustada al mandato superior.

El lunes pasado, el fiscal general de la Nación, envió una carta al primer mandatario, manifestándole las preocupaciones que tiene sobre la ley. Se trata de preocupaciones que, a juicio del fiscal, afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dice que varias disposiciones son inconvenientes respecto a la política criminal que debe tener el Estado.

Desde que comenzó el proceso de paz, la discusión en el país ha girado en torno al concepto de justicia y su aplicación en dicho proceso.

La justicia es un conjunto de valores esenciales, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, sobre los cuales se construye la sociedad y el Estado, con el fin de garantizar la sana y pacífica convivencia. Dichos valores son codificados bajo un conjunto normas con el fin de ser aplicadas por los jueces cuando sean infringidas por los miembros de la sociedad.

El Acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las Farc, tiene como fin dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia. Por lo tanto, el Acuerdo fue concebido sobre la base un concepto de justicia transicional.

La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Dichas violaciones han sido perpetradas, no solo por los grupos insurgentes, sino por el Estado mismo a través de la fuerza pública. De esta forma, con la justicia transicional se busca confrontar los abusos de los derechos humanos en la sociedad colombiana y hacer una transición hacia la restauración de la justicia social y la paz.

La justicia transicional no un invento criollo como creen muchos, entre ellos “los enemigos agazapados de paz” como los calificaba el gran Otto Morales Benítez y que lo llevaron a renunciar al cargo de comisionado de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), y que aún persisten. El origen del término se remonta al periodo de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial ( 1945 – 1947) con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los juicios de los soldados japoneses.

Así las cosas, bajo la luz de la Constitución Política y del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solo es constitucional, sino también conveniente, pues el artículo 22 superior consagra que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 

Flaco favor le haría a la democracia y al país, el presidente Duque, si decidiera objetar la ley estatutaria de la JEP, pues su objeción haría nugatorio el derecho a un debido proceso de los ex – combatientes de las Farc y de ex – miembros de la fuerza pública, investigados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado y, de paso, sepultaría la esperanza de los colombianos de alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera.

Presidente Duque, no se convierta en un enemigo agazapado de la paz, objetando la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues Dios y la Patria lo premiarán.

 

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