27 de mayo de 2019
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Algo huele a podrido en…

18 de febrero de 2019
Por Coronel RA Héctor Álvarez Mendoza
Por Coronel RA Héctor Álvarez Mendoza
18 de febrero de 2019

Ante la inminente llegada a los centros de acopio de Cúcuta y otros puntos fronterizos, de la prometida ayuda humanitaria procedente de  Estados Unidos, Colombia y otros orígenes, con destino al hambreado pueblo venezolano, Maduro tuvo la original idea de bloquear las vías de entrada contiguas al puente internacional Simón Bolívar, con enormes y pesados camiones y contenedores de 42 pies, para impedir la entrada de los cargamentos de comestibles y medicamentos que empezaron a acumularse en la ciudad fronteriza y en los demás centros de acopio de Colombia y Brasil. Gesto esperado de un régimen acorralado y errático orientado por un líder obeso, ciego y sordo,  asesorado por un equipo de gobierno que jura que en Venezuela hay de todo y para todos y que la tal crisis humanitaria es un vil montaje del imperio estadounidense y de míster “Pelucón”, como llama Maduro, con su particular “dominio” del idioma inglés al presidente Trump, de la OEA, de Almagro y sus aliados del grupo de Lima y de tal cual gobierno europeo y algunos países asiáticos. Es el alegato esperado en el caso de Maduro y sus adláteres.

Pero lo que si resultó sorprendente, aunque poco original, dadas las características salidas de los personajes responsables de tales juicios, fue la inmediata declaración del propio Maduro y de la vicepresidente Delcy Rodríguez, mujer audaz e inteligente, aunque poseedora de un raro talento para hacer y decir estupideces y además, ágil y atlética saltadora de obstáculos y ventanas, quien en alocución divulgada por la cadena estatal de televisión VTV, atropellando los tiempos y las pausas, refiriéndose a los víveres y medicamentos donados por los Estados Unidos, Colombia y otros países, recibidos y estancados en los centros de acopio en la frontera con Colombia y Brasil, se tomó la libertad de afirmar categóricamente: Esa ayuda viene contaminada y envenenada, es cancerígena, así lo han mostrado distintos estudios científicos». 

La opinión del mundo está pendiente del alarmante descubrimiento, a la espera de las pruebas correspondientes y sorprendida por la rapidez y la capacidad de anticipación de laboratorios capaces de adelantar los anunciados “distintos estudios científicos”, y llegar a conclusiones sobre el estado y características de elementos de alimentación y usos médicos que no han podido pasar libremente la barrera de pesados obstáculos, celosamente guardada por las tropas leales al gobierno madurista y que, a pesar de algunas filtraciones esporádicas anunciadas por el Presidente Interino Juan Guaidó, ni siquiera han podido ser descargados totalmente de sus contenedores originales de transporte hasta la frontera.

Simultáneamente, en vez de prometer a su pueblo los tan necesitados alimentos y medicinas, Maduro anunció a los cuatro vientos la repartirtición, entre las famélicas milicias bolivarianas, de miles de lanza misiles antiaéreos 9K338 Igla-S, de fabricación rusa, para rechazar la esperada invasión gringa y a continuación aseguró que el cargamento enviado por Estados Unidos y sus aliados y hasta hoy, oficialmente rechazado por su gobierno, contenía alimentos podridos y medicinas caducadas. Y aunque en esta caso, es una necedad de su parte anticiparse a señalar tales defectos a recursos que se ha negado siquiera a recibir, es preciso reconocer que en cuanto a adquisición, trasiego, almacenamiento, manejo, destrucción y desaparición disimulada de comida podrida y medicamentos caducados adquiridos por el gobierno chavista en el mercado internacional a respetables costos, Maduro y los miembros de su gobierno poseen indiscutible autoridad. Por ello, conviene recordar el escandaloso caso “PUDREVAL”, sobre el cual comentamos en columna publicada en EJE21 el 29 de abril de 2018 bajo el título, “Fraudes que matan” y cuya parte pertinente rescato a continuación, dada la actualidad que ha cobrado el tema a raiz de los temores maduristas.

EL CASO “PUDREVAL”

Ante la evidente escasez y desabastecimiento de alimentos de la canasta básica que empezaba a afectar en esos momentos a la revolución bolivariana de Venezuela, el 6 de enero de 2008, el presidente Hugo Chávez, eufórico y optimista, anunció la creación de una nueva empresa estatal llamada PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), entidad adscrita y dependiente de la estatal petrolera PDVSA, destinada a garantizar  la “soberanía alimentaria” de la revolución socialista del siglo XXI, para lo cual la nueva empresa debería encargarse del proceso completo, desde la adquisición en el exterior de los recursos alimentarios necesarios, hasta su distribución y venta en los mercados socialistas. La meta original fijada a PDVAL, según los cálculos iniciales, era la de importar 1,551.000 toneladas de alimentos, tarea que se inició de inmediato a través de empresas intermediarias chinas y brasileras. Así que pronto empezaron a llegar barcos cargados con centenares de contenedores de 42 pies cúbicos, con alimentos de todas las especies, entre otros, alimentos perecederos como leche líquida y en polvo, verduras, carne y pollo fresco, enlatados, harinas y muchos otros, algunos de los cuales naturalmente necesitaban contenedores refrigerados, que debían permanecer al rayo del sol, en el ardiente clima, propio de los principales puertos venezolanos, por lo cual el suministro de energía eléctrica debería ser continuo y estar garantizado.

No obstante el optimista pronóstico gubernamental, la cadena de distribución no funcionó con el mismo ritmo de las importaciones y los puertos empezaron a sufrir las consecuencias de la improvisación y como es natural, al poco tiempo, por la acumulación y no circulación regular de contenedores, colapsó toda la infraestructura portuaria, recientemente nacionalizada, por lo que su organización y manejo estaban a cargo de la burocracia estatal, tan incompetente como poco ducha en la gerencia y administración de tales procedimientos. El problema se agudizó cuando el gobierno empezó a programar racionamientos de energía eléctrica que obviamente afectaron los contenedores refrigerados por lo cual, al alterarse la indispensable cadena de frío, su carga corruptible empezó a descomponerse despidiendo olores nauseabundos que llamaron la atención de los habitantes de las poblaciones vecinas de dichas instalaciones portuarias.

A continuación, por denuncia de algunos líderes políticos de la oposición se puso en evidencia, no solo la descomposición de los alimentos perecederos, que de inmediato y disimuladamente empezaron a ser desaparecidos, enterrados o incinerados, sino que se puso en evidencia que la mayoría de los recursos adquiridos tenían fechas de vigencia ya caducadas o a punto de vencimiento, por lo cual se presumía que habían sido adquiridas a precio de quema, pero facturados con cuantiosos sobrecostos. El mismo gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, el 2 de abril de 2009 denunció la presencia, en las bodegas de Puerto Cabello, de 30 contenedores de 42 pies cúbicos, llenos de recipientes de leche líquida descompuesta.

Luego, con motivo del terremoto que asoló a Haití en junio de 2010, el gobierno venezolano envió un barco con 51 contenedores, cada uno con 30 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria para las víctimas de la destruida nación caribeña. Dicho cargamento de ayuda, consistente en atún enlatado, leche en polvo y pasta, recibido por el gobierno de la República Dominicana, encargado por la OEA de la recepción y distribución de las ayudas internacionales recibidas con destino a Haití, fue inmediatamente rechazado y devuelto por el gobierno dominicano a Venezuela por tener fechas de vencimiento ya superadas. Desde ese momento, los venezolanos, en actitud sarcástica le cambiaron el nombre a la empresa estatal importadora PDVAL y le asignaron el remoquete “PUDREVAL”, con el que se la conoce desde entonces.

Tiempo después el gobierno venezolano reconoció que había sido un error asignarle a la petrolera PDVSA la responsabilidad de importar y distribuir alimentos, función ajena a su misión de administrar el recurso petrolero del país y trasladó esa tarea al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, dependencia que, vistos los resultados actuales de desabastecimiento, parece que tampoco ha dado pie con bolas, pero que el gobierno bolivariano ha achacado siempre, no a su propia ineptitud sino al contrabando de extracción y a una supuesta “guerra económica” por parte del imperio y sus aliados.