24 de agosto de 2019
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La reforma tributaria. Una propuesta agresiva

12 de noviembre de 2018
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
12 de noviembre de 2018

El presidente Duque y el ministro Carrasquilla la presentaron al Congreso con carácter urgente y con el nombre de Ley de Financiamiento, que busca recoger el próximo año más de 14 billones de pesos. Las otras reformas del pasado solo pretendían aumentar los recaudos entre 3 y 5 billones de pesos, pero esta vez es una cruel reforma tributaria que nadie se había atrevido en el pasado porque se pretende crucificar a los más pobres y a las capas medias. A escasos 100 días de su gobierno, el presidente se juega todo su prestigio político, a través del ministro Carrasquilla, quien llegó desgastado por el debate de moción de censura, cuando los partidos de oposición pretendieron sacarlo del ministerio por los famosos bonos del agua o “Bonos Carrasquilla”

¿Por qué es tan agresiva?

Porque favorece a los muy ricos mientras el pueblo tapa el hueco fiscal. El gobierno pretende bajar los impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras pues les reduce su gravamen en los próximos cuatro años, del 34% al 30%, lo que significa que al año 2020 dejen de pagar 11,88 billones de pesos, pero el hueco que deja este recaudo lo deben compensar los asalariados y los consumidores. La propuesta es aparentemente muy simple: se trata de extender el IVA a casi todos los productos de la canasta familiar, incluyendo arroz, pan, yuca, plátano, papa, cebolla, zanahoria, banano, carne de res, de cerdo, de pollo, harina, café, cereales, chocolate, etc., y el popular huevo, que es la base de la alimentación del pobre, porque no puede comprar carne. O sea que al 80% de los productos que consume la gente todos los días se les aumentará el 18% de su valor; de este modo le rebajan a los muy ricos para cobrarle más a los pobres y a las capas medias. Estas medidas son órdenes de los organismos internacionales para que nuestro país pueda pagar cumplidamente los intereses y amortizar la deuda externa, lo que equivale a 52 billones, de los 258 billones de pesos del presupuesto del año 2019.

Y para que la estrategia no aparezca tan dura con los más pobres, aquí hay un engañabobos. Se trata de entregar 51.300 pesos mensuales a cada hogar, de los 4,3 millones con ingresos inferiores a 789.000 pesos mensuales. El problema es grave para los pobres que ganan más de un salario mínimo, a quienes no se les reembolsa nada; y el impuesto a la renta crucifica y ahoga a la clase media y a los pensionados.

Jugando con la comida

Sin embargo casi todos los gremios rechazan la propuesta porque disminuye la capacidad de compra. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, afirma que si se encarece la comida el 18% se afecta no solo al consumidor sino también al productor; un golpe para la débil recuperación de la economía de nuestro país. De otro lado los gremios como Fedearroz, Fedepapa, PorkColombia, Fenavi y Asoleche, han señalado que la ampliación del IVA agudizará los problemas de informalidad y contrabando y podría profundizar la desnutrición de los colombianos más vulnerables.

Pero la oposición al proyecto del gobierno se viene ejerciendo también desde el Centro Democrático (CD); este partido le pidió a Carrasquilla “buscar alternativas diferentes” a gravar con el IVA los productos de la canasta familiar. El comunicado del CD dice que “solicitamos respetuosamente buscar alternativas diferentes a este gravamen a la canasta familiar. Algunos compañeros expresan que es imperativo que los alimentos básicos sean excluidos”.

El gobierno no la tiene fácil porque le tocó un Congreso atomizado y con una oposición muy fuerte y aunque Duque viene agitando la bandera contra la “mermelada” los congresistas encuentran en la reforma tributaria la mejor oportunidad para medir fuerzas con el gobierno. Entonces, con poco apoyo del CD, de los partidos de oposición y de los independientes, será muy difícil hacer aprobar la Ley de Financiamiento. De otro lado, si el gobierno se dedicara a combatir la evasión y el contrabando taparía el hueco fiscal, pues por aquí le roban al fisco cerca de 80 billones de pesos al año. Además, los congresistas tendrán que andar con cuidado porque están aprovechando el ruido que produce la Ley de Financiamiento para echarle tierra a las promesas de la consulta anticorrupción.

Aunque la consulta no pasó el umbral se pronunciaron cerca de 12 millones de votantes y por eso el presidente Duque se comprometió en promover los proyectos propuestos; sin embargo ya se hundieron dos puntos y los demás están en riesgo. Al respecto los congresistas vienen haciendo maromas; cuando la Comisión Primera de la Cámara puso sobre la mesa discutir la reducción del salario de los congresistas, solo dos representantes no se declararon impedidos y los demás dijeron que no podrán participar en la votación porque sería legislar en causa propia ¿Será que creen que los colombianos no les ponen atención? En este momento están en el ojo del huracán.

En el marco de la OCDE

Decía el presidente Santos que Colombia ya estaba jugando en las grandes ligas porque nuestro país había sido admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más conocida como el “Club de los Países Ricos” y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada para amenazar a la antigua Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría.

Para llegar a la OCDE el país tuvo que bajar la informalidad y crear más puestos de trabajo de calidad; reducir el uso de figuras como la tercerización, a través de cooperativas para contratar. Sobre propiedad intelectual, el Congreso aprobó una reforma de la ley de derechos de autor. Y el Ministerio de Salud dictó medidas para fijar los costos de los medicamentos con base en nuevos criterios, como la efectividad. Hay otras exigencias: la necesidad de superar los bajos logros educativos de los adultos y las bajas competencias de los estudiantes a los 15 años. Se pide al país más compromiso para desarrollar e implementar el gobierno digital y asegurar su adopción en todas las áreas y niveles de la administración.

El gobierno debe reforzar la cooperación de inteligencia con los países vecinos y con organizaciones internacionales para combatir el contrabando y el lavado de activos, de grupos criminales. Además, le proponen mejorar en factores como las prolongadas jornadas laborales de los trabajadores, la baja participación electoral y la tasa de homicidios, que es la más alta registrada de todos los países de la OCDE. Pero hay otros retos pendientes como una reforma pensional profunda, la reforma a la justicia y poner atención a la exagerada concentración del sistema financiero. Lo más grave es que Colombia aceptó todas las exigencias de los países ricos, especialmente las presiones de Estados Unidos, en derechos de patentes, precios de los medicamentos, y chatarrización de camiones. Además, debe pagar la contribución anual que es de 25.000 millones de pesos.

Por último, es en el contexto de la OCDE donde se inserta la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla, es un mandato de las multinacionales y del gran capital financiero internacional. No será fácil su aprobación en el Congreso, pero depende también de las presiones del pueblo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) dieron un gran paso invitando a las movilizaciones contra esta reforma, la más agresiva en la historia del país. Por ahora Duque y Carrasquilla tendrán que revisar la impopular reforma tributaria.