21 de octubre de 2018

La ética en la política

Estudiante Doctoral. Magíster en desarrollo y planificación. Politólogo. Profesor universitario y consultor en políticas públicas. Interesado en educar para la política.
25 de septiembre de 2018
Por Julián Andrés García Cortés
Por Julián Andrés García Cortés
Estudiante Doctoral. Magíster en desarrollo y planificación. Politólogo. Profesor universitario y consultor en políticas públicas. Interesado en educar para la política.
25 de septiembre de 2018

 

 

 

Por Julián Andrés García Cortés

 

 

Siempre me he preguntado, por qué en Colombia un político nunca renuncia después de verse involucrado en un escándalo. Y es que en Colombia la corrupción no es un problema de leyes, es un problema ético.
Cuando en algunos países suceden actos de corrupción de las dimensiones que pasan en Colombia, los políticos y funcionarios públicos renuncian, piden disculpas y asumen con gallardía el escarnio público, sin recurrir a respuestas o agravios verbales contra sus contradictores, en últimas se podría decir que tienen vergüenza.

Sin embargo, en Colombia el político comete el error, no renuncia, la “caga” peor y además se indigna y victimiza si sale la opinión pública a pedirle explicaciones. Todas las contradicciones en un mismo hecho y una falta de respeto por la ciudadanía y los cargos de representación que personifican.

Pero pongamos unos cuantos ejemplos para poder identificar cómo en sociedades diferentes a la colombiana, los errores políticos sí tienen consecuencias. Quizá uno de los casos más conocidos es el Watergate en Estados Unidos, el hecho se dio por unas intercepciones ilegales, que hizo la campaña de reelección a la presidencia de Richard Nixon, hacia sus competidores del partido Demócrata; allá ese chistecito le costó la renuncia al presidente, mientras que en nuestro país, las “chuzadas” le han dado a su ejecutor el título de ‘mejor’ presidente de Colombia y le ha permitido que en cuerpo ajeno nos imponga su visión de país en dos personajes diferentes.

Otro ejemplo es el caso Odebrecht, que en diferentes lugares de Latinoamérica grandes ejecutivos y funcionarios públicos debieron renunciar por versen involucrados en estos casos. En Perú por ejemplo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo después de que se comprobó que él favoreció en el año 2006 a la firma brasileña. Por el contrario en Colombia, nos ha dejado ya dos presidentes envueltos en este escándalo. El primero fue Juan Manuel Santos, a quien ya se le comprobó que en su campaña del 2010 ingresaron dineros de esa compañía, pero él con un escueto “me acabo de enterar” solucionó todo y no asumió ninguna responsabilidad jurídica, política o ética y pudo terminar su segundo periodo presidencial.
El segundo presidente involucrado es Iván Duque, quien aceptó haber viajado a Brasil para reunirse con un publicista que apoyó la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y que según la información de las investigaciones fue pagado por Odebrecht, pero el actual mandatario no asumió su responsabilidad en lo ocurrido en el 2014, y sin ningún reparo ético hizo su campaña en el 2018.

El caso más reciente que evidencia la falta de escrúpulos de muchos funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, es lo acontecido con el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien hizo una penosa defensa de parte suya en el debate que citó el senador Jorge Enrique Robledo, pero el ministro apoyado por las mayorías en el senado dejó la sensación de que no pasó nada. Pareciera ser que somos los colombianos quienes le debemos gratitud por su función, pasando de victimario contra las finanzas de 117 municipios, a ser una víctima por querer que responda por sus actos.

Aunque al parecer todas sus actuaciones han estado dentro de la legalidad (no todo lo legal es lo mejor para las mayorías), está claro que su comportamiento, además de irresponsable, ha sido anti ético en el manejo de los recursos públicos y en el enriquecimiento personal y hacia terceros. Es muy posible que este ministro tampoco renuncie, que siga en su cargo cínicamente y que nos deje unos cuantos ‘regalitos’ más para el futuro.

Y así pasa en Colombia, pocos políticos dan la cara a sus errores y solo hasta que la justicia obra en su contra, estos no asumen su responsabilidad ética. Lo grave en estas situaciones es que estos funcionarios después del escándalo se retiran de la vida pública por un tiempo, pero después un amigo político los reencaucha haciendo borrón y cuenta nueva, sin asumir ninguna culpa por sus actos indebidos contra el Estado colombiano. Como ejemplo de esto se puede poner al exministro Mauricio Cárdenas, con su escándalo de Dragacol, o el del expresidente Ernesto Samper y el proceso ocho mil, ambos funcionarios del gobierno nacional saliente.

Si queremos una sociedad que cumpla con la legalidad, que sea respetuosa de las normas y las leyes, pero que sobre todo esté dispuesta a participar y hacer control frente a lo público, lo primero es que haya funcionarios éticos que den garantías y ejemplo a toda la ciudadanía.