29 de marzo de 2024

La dosis mínima y la guerra contra las drogas

17 de septiembre de 2018
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
17 de septiembre de 2018

albeiro valencia

Desde los primeros días de septiembre el gobierno de Iván Duque inició una campaña bien orquestada contra la dosis mínima y la dosis de aprovisionamiento; en esta cruzada lo acompaña el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ambos tocan un tema demasiado sensible pues plantean cómo el microtráfico afecta a los niños y argumentan que las autoridades tienen las manos atadas por la ausencia de herramientas normativas. Como solución proponen darle más herramientas a la Policía para que requise a los ciudadanos y decomise, incluso, la dosis mínima que es legal en Colombia desde 1994. Al respecto explicó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que “se decomisa la droga, se hace un procedimiento de descargos y, si la persona demuestra que es un adicto, que lo puede hacer con el testimonio de los papás o una opinión médica, se le devuelve la droga. De resto, no se devuelve, y se destruye”. Por supuesto las medidas propuestas por el Gobierno fueron recibidas con aplausos por casi todos los medios y por buena parte de la opinión.

Al mismo tiempo la Fiscalía General anunció los resultados de una de las más grandes operaciones contra el microtráfico, que terminó con la captura de 162 personas, entre estudiantes y expendedores conocidos como jíbaros, que involucró a 25 colegios y cuatro universidades, en 15 departamentos. Además, desde el mes de junio los ministerios de Justicia y Salud publicaron el informe de consumo de sustancias psicoactivas entre la población escolar en nuestro país, con resultados preocupantes, que tomaron actualidad. Mientras que el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes había bajado, el de sustancias ilegales, incluidos el éxtasis y la cocaína, va en aumento. El 37% de los 80.000 estudiantes entrevistados afirmaron que la marihuana encabeza la lista de las sustancias más fáciles de conseguir; le siguen el bazuco con 13%, la cocaína con 12%, los inhaladores con 8% y el éxtasis con 7% (Revista Semana, septiembre 9, 2018).

Los cultivos ilícitos

Se dice que cuando se logró la paz con las FARC las mafias de las drogas coparon los espacios del posconflicto, porque el Estado no fue capaz de hacer presencia en estos lugares, especialmente en Nariño, Catatumbo, Norte de Santander, Guaviare, Cauca y Putumayo; en ese momento el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que el país había llegado a las 180.000 hectáreas de coca sembrada. Pero poco después la Casa Blanca anunció que, según su propia medición, Colombia tenía 209.000 hectáreas. En ese momento empezaron las presiones del gobierno estadounidense; el departamento de Estado ubicó al país como el primer productor mundial de cocaína, responsable del 90% de la droga que entra a Estados Unidos.

Y llegaron las amenazas. En el mes de febrero la Casa Blanca advirtió que estaba considerando recortar en 35% la ayuda que su país ofrece a Colombia. Ante los hechos el nuevo gobierno busca las formas de enfrentar el problema; desde 2015 la Corte Constitucional prohibió la aspersión aérea con glifosato, pero hoy, el presidente Duque está revisando esta política porque la DEA y las agencias antidrogas consideran la aspersión como la herramienta más efectiva contra los cultivos ilícitos. Pero la experiencia ha demostrado que ni la aspersión de glifosato, ni la erradicación forzosa o voluntaria, son suficientes para combatirlos.

La guerra contra las drogas

Cumplió un siglo la lucha contra las sustancias que alteran la conciencia, o contra los “paraísos artificiales”, pero la prohibición data de 1961, en una convención de las Naciones Unidas. La guerra contra las drogas se formalizó en un discurso del presidente Nixon, que condujo a la creación de la DEA, en 1973; una poderosa fuerza, con un gigantesco presupuesto, que opera en 62 países. Cuando hoy se hace el balance se concluye que el único país beneficiado con la guerra total contra las drogas se llama Estados Unidos: de aquí salen las armas para el conflicto que se vive en Colombia, México y demás naciones y a cambio reciben las divisas que produce el negocio. Nosotros nos quedamos con los muertos y con millones de campesinos desplazados.

Después de casi medio siglo de lucha contra las drogas el negocio se disparó. Hay 250 millones de consumidores y las drogas ilícitas se convirtieron en la tercera industria más rentable del mundo, después de los alimentos y del petróleo. No sólo aumentó el uso de los estupefacientes, sino que el suministro es “más barato, más puro y más accesible que nunca”. Un magnífico negocio controlado por las mafias de todo el mundo.

El caso de la marihuana

Cannabis, o simplemente marihuana, es la droga ilícita con mayor mercado en el planeta, pues con 224 millones de consumidores representa el 80% del comercio de sustancias prohibidas. Sin embargo, es muy difícil calcular las cifras de producción y consumo, debido a que la yerba se cultiva con facilidad, incluso en los jardines y huertas de los hogares. De acuerdo con la ONU entre el 2,8% y el 4,3% de la población mundial consume marihuana, y se viene haciendo una campaña para que se acepte su uso con fines medicinales y recreacionales y en pro de la descriminalización del consumo.

En mayo de 2014 hubo numerosas marchas en varios países, buscando su legalización; quizás las protestas más significativas fueron las realizadas en México, Argentina, España, Alemania, Colombia y Ecuador. En general las presiones sociales han venido arrojando resultados positivos, en Estados Unidos y en Europa, y recientemente en América Latina; el caso de Uruguay es contundente pues el Congreso de la República legalizó, en el mes de julio de 2014, el cultivo, la venta y la posesión de Cannabis y a continuación se aprobaron leyes similares en los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos. Se puede firmar que se avanza hacia el fin de la prohibición.

Colombia retrocede

El programa de sustitución voluntaria acordado en La Habana partía del control territorial por parte del Estado y de ofrecer garantías de seguridad en los territorios y la entrega de incentivos económicos a cambio de erradicar, no tiene como funcionar, porque si el Estado no interviene en forma integral en las zonas que producen coca, los campesinos la seguirán cosechando. Ya está probado que la sola fumigación no frena la expansión de la coca, porque los agricultores la siguen sembrando junto con productos asociados legales, y porque los cultivadores tienen la capacidad de moverse a otras regiones. El Gobierno debe cambiar la estrategia: golpear a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, ejercer control territorial y desarrollar verdaderos programas integrales en las zonas agrarias. Pero se ataca el eslabón más débil; en las regiones todos saben cómo funciona el negocio, conocen dónde están los laboratorios, los nombres de los patrones y las rutas ¿Por qué el Estado solo persigue a los trabajadores y deja quietos a los dueños de esta rentable empresa? Y como colofón los narcotraficantes dominan la frontera y declaran objetivo militar a los líderes que apoyan la erradicación voluntaria.

Ahora todo se va a complicar porque ya lo advirtió el ministro de Defensa, Guillermo Botero: “la sustitución de cultivos ilícitos ya no será voluntaria, sino obligatoria y se debe mantener el uso del glifosato”. El problema es que mientras más represión haya aparecerán más personas dedicadas al negocio ilícito. En cambio, en Estados Unidos, los inversionistas se preparan para una industria controlada de productos cannábicos que se calcula llegará a 35.000 millones de dólares en el 2022.