15 de diciembre de 2018

¿Intervención militar en Venezuela?

24 de septiembre de 2018
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
24 de septiembre de 2018

albeiro valencia

Desde hace algunos años se habla de las posibilidades de guerra con Venezuela, pero el cambio de gobierno en Estados Unidos hizo más factible la confrontación. Sobre el tema informó The New York Times que la administración Trump ha tenido dos reuniones secretas con militares rebeldes de Venezuela, lo que hace presumir la preparación del golpe militar; sin embargo, la inteligencia cubana los ha desbaratado. Para Estados Unidos el país se convirtió en un problema de seguridad nacional, y lo que pase con el vecino repercute en Colombia.

El negocio de las armas

Desde el año 2000 se empezó el rearme en casi todos los países de América Latina, empezando por Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, México y Brasil. Uno de los pretextos era la ayuda militar que nuestro país recibía para el Plan Colombia; Venezuela modernizó su armamento en la medida en que crecía su liderazgo antiimperialista y cuando Hugo Chávez identificó al presidente Álvaro Uribe como “Cachorro del Imperio”.

Pero ¿dónde estaba el enemigo? Por esos años la ayuda militar del Plan Colombia alarmó a Chávez, quien se preparó para una posible invasión de Estados Unidos. Luego llegó el ataque del ejército de nuestro país al campamento de Raúl Reyes (marzo de 2008), en Ecuador, que prendió las alarmas en los países vecinos. A esto hay que sumarle el regreso de la VI Flota, de la Marina de Estados Unidos, que contribuyó a caldear el ambiente bélico (año 2008); la Flota estaba conformada por modernos buques, submarinos y un portaaviones nuclear. El objetivo era “neutralizar las amenazas que, contra Washington, se alzan en Latinoamérica”. El comunicado oficial del Pentágono argumentaba que la reactivación de la Flota “servirá para demostrar el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales”.

Como respuesta anotó Chávez que estaba listo para responder a cualquier intento desestabilizador de Estados Unidos. Y Fidel Castro exclamó que la Flota “es un claro mensaje de guerra”. En este clima Chávez cerró un gigantesco negocio de armas modernas, con la Federación Rusa, y adquirió tanques, helicópteros de combate, aviones de transporte, submarinos y sistema de defensa antiaérea. Durante los años 2005 y 2007 se firmaron acuerdos entre Dimitri Medvedev y Hugo Chávez, por un monto de 4.400 millones de dólares, para adquisición de armas; el contrato incluía una partida de 100 carros de combate T-72 y T-90, pero también cohetes, con un alcance de 300 kilómetros. Sobre esta transacción explicó Chávez con su particular estilo: “Pronto comenzarán a llegar unos coheticos; tú los pones aquí y lanzas el cohetico ¿Sabes a cuántos kilómetros llega? 300 kilómetros de alcance. Y no falla”.

Cuando los países latinoamericanos se fueron enredando con el tema armamentista puso el dedo en la llaga el presidente de Perú, Alan García y, en carta enviada al Consejo de Seguridad de UNASUR, reunido en Quito el 15 de septiembre de 2009, propuso un pacto de no agresión militar en la región y que el Consejo Suramericano de Defensa “estudie cada país y haga públicos los montos de los gastos militares de mantenimiento, de instalaciones, de tropas, así como la transparencia de las nuevas compras”.

El caso de las bases militares

La historia es la siguiente: resulta que el presidente Rafael Correa, de Ecuador, estaba desesperado con el acuerdo firmado por el presidente Jamil Mahuad con el gobierno de Estados Unidos, en 1999, para el uso de la base de Manta, durante 10 años; pero según algunos militares y autoridades de Ecuador en este lugar se violaban los Derechos Humanos y era utilizado en la lucha contra las guerrillas colombianas, además, dicho punto había sido utilizado para el operativo contra el campamento de Raúl Reyes. El presidente Correa anunció que no se renovaría el contrato por considerarlo “una lesión a la dignidad y a la soberanía nacional”; y anunció su Canciller que “Nunca volverá a repetirse una política de entreguismo, de ceder parte del territorio nacional”.

Pero Estados Unidos siempre ha tenido la colaboración de gobiernos amigos y Colombia ha sido su principal aliado en América Latina. En esta dirección se firmó un tratado en el gobierno de Álvaro Uribe (2009) para que militares y contratistas estadounidenses hicieran libre uso de las siguientes bases militares: Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena, Bahía Málaga, Tolemaida y Larandia. Todo esto produjo mucho ruido. En un artículo de la revista Semana (marzo 23 de 2009), se afirmaba que “pocas veces en la historia de Colombia, Estados Unidos había metido tanto sus narices en las políticas internas. Y lo increíble: con el visto bueno del Estado”. También expresó su inquietud el diario El Tiempo. En un editorial, del 6 de julio de 2009, anotó que “Este tipo de cooperación despierta inquietudes, por sus consecuencias sobre la soberanía nacional y sobre la simetría en los derechos y obligaciones que adquieren Estados Unidos y Colombia. Al fin y al cabo, se trata de una alianza con la primera potencia del mundo. Además la presencia eventual de tropas extranjeras exacerba nacionalismos y polariza a la opinión pública”.

Pero, afortunadamente, la Corte Constitucional determinó no avalar el acuerdo y dejó sin efecto el convenio, que permitía a militares y contratistas estadounidenses usar libremente las siete bases mencionadas. La administración Uribe estaba arisca por el armamentismo venezolano y cedió ante las presiones de Estados Unidos, nuestro “aliado natural”; pero esta posición política llevó al aislamiento del país en la región, pues la presencia militar de la primera potencia del mundo es un tema muy sensible en América Latina.

Jugando con fuego

En febrero de 2016 el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos, publicó el documento “Operación Venezuela Freedom 2”, una estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, pero el libreto golpista no se ha podido realizar por la capacidad de reacción del gobierno, por la preparación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y por la reacción del pueblo de Venezuela. Sin embargo la crisis económica, política y social, avanza en este país y Colombia es el principal vecino perjudicado; ante la gravedad de la crisis el gobierno Duque está buscando apoyo internacional para enfrentar la tragedia migratoria venezolana.

Pero al mismo tiempo se escuchan los tambores de guerra. Hace pocos días en una rueda de prensa con Almagro, Secretario General de la OEA, el canciller Carlos Holmes Trujillo y el embajador, ante este organismo, Alejandro Ordóñez, dijo Almagro que en la búsqueda de una solución para Venezuela no se puede descartar ninguna opción, ni siquiera la intervención militar. Y Colombia lo avaló, pues el canciller y el embajador guardaron silencio. Al día siguiente de esta declaración se reunió el Grupo de Lima, creado para buscar una solución a la crisis de Venezuela, y de 14 votos once rechazaron la declaración de Almagro; Colombia guardó silencio. Y Francisco Santos, el embajador en Washington, afirmó que para el caso de Venezuela “todas las opciones deben ser consideradas”. Frente a estos hechos el presidente Duque dijo que buscaría los canales diplomáticos y multilaterales para que Venezuela “recupere su libertad”.

Las voces que en Colombia apoyan la intervención militar no han medido las graves consecuencias, porque inmediatamente Venezuela respondería con fuego y nuestro país quedaría inmerso en el conflicto ¿Dónde está el liderazgo del presidente?