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Que no nos coja la tarde

2 de julio de 2018
Por eduardo aristizabal
Por eduardo aristizabal
2 de julio de 2018

POR:  Eduardo  Aristizábal Peláez

Nos  confirman Giordana García Sojo y Amilcar Salas en su artículo de INVESTIG’ACTION, que la corrupción, según la encuesta de Latinobarómetro 2017, es una cuestión muy presente en la vida de los países latinoamericanos; figura en el cuarto lugar de los problemas más importantes mencionados por la gente en 18 países de la región y en casos específicos como Brasil y Colombia figura en primer lugar y que en todos los países, incluso con Gobiernos de signos políticos diferentes, los casos de corrupción son frecuentes.

En un recorrido que hacen por diferentes países han concluido  por ejemplo, que el Gobierno de Mauricio Macri tiene más de 50 funcionarios de su coalición siendo investigados, imputados o procesados por delitos de diverso grado y cualidad, empezando por el propio presidente, la vicepresidenta Michetti, los ministros Bullrich, Bergman, Dietrich, o el caso del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuya incompatibilidad con el carácter público de la gestión de Estado alcanzó ribetes alarmantes al ser, al mismo tiempo, accionista de la Shell.

Cuentan en el caso de  Venezuela que hay más de 60 funcionarios detenidos por corrupción, entre ellos el ex-ministro de Petróleo Eulogio Del Pino, y Nelson Martínez, ex-presidente de PDVSA, acusados por realizar préstamos sin autorización estatal.

Como si fuera poco, en Chile, un país que se menciona  con frecuencia  como modelo,  un estudio de Transparencia Internacional del 2017, con  base en  encuestas presenciales registró que el 22% de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos alguna vez a algún funcionario público, y que el 78% cree que la corrupción está en aumento en el país.

Afirman igualmente que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de Latinoamerica, pues de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el costo anual de la corrupción alcanza casi el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y en Colombia, según la Contraloría General de la República- equivalen a casi el 4% del PIB anual. Estas son palabras mayores y asustan a cualquiera.

A pesar de todo esto en Colombia seguimos buscando la fiebre en las sábanas. Una consulta popular inane que difícilmente alcanzaría  los 12 millones de votos para que sea efectiva en sus resultados, con un cuestionario en el cual  la mayoría de inquietudes ya están resueltas por la legislación colombiana, con una campaña en contra, ya anunciada por los partidos de gobierno y unos millonarios gastos irrecuperables.

Se ha demostrado claramente en las investigaciones que se han realizado a nivel internacional que la corrupción es orquestada en los diferentes países por los mismos funcionarios públicos que montan verdaderas empresas criminales, como alguna vez lo confirmo, para nuestro país,  el actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

En Colombia hay que darle elementos y funcionarios suficientes y especializados a la Fiscalía General de la Nación para montar cuerpos élites dedicados a la investigación en el tema específico de la corrupción y paralelamente montar permanentes campañas de educación a todos los niveles, porque aunque la corrupción es una acción criminal, para nadie es un misterio que ésta nace precisamente por la falta de valores, la ausencia de principios éticos que se deben cimentar desde la cuna y no se  aprenden ni en la universidad, ni en las empresas. Manos a la obra.