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El agresor del pueblo

4 de julio de 2018
Por Jorge Eliécer Castellanos
Por Jorge Eliécer Castellanos
4 de julio de 2018

Jorge Eliécer Castellanos

Los pensionados lloran su triste suerte tanto los del sector público como aquellos que aportaron en las empresas privadas nacionales. Sus derechos se recortan, inevitablemente.

Reunidos periódicamente en un importante centro comercial del Norte de Bogotá, en Niza, se quejan, a diario, apurando un tinto mañanero, del trato injusto recibido, durante los últimos años, en materia pensional.

La historia reciente incluye fundamentalmente el ameritado trabajo liderado por representativas asociaciones que durante más de un lustro desarrollaron ingentes esfuerzos y movilizaciones para lograr la rebaja del 12 al 4% en cuanto concierne al descuento de salud.

El esfuerzo adelantado ante el Congreso Nacional, el Ejecutivo colombiano y luego ante la Corte Constitucional resultó infructuoso ante el embate gubernamental que, no obstante promesa de campaña santista, se opuso durante el mandato constitucional a reducir el descuento por razones de insolvencia e inconveniencia presupuestal.

La situación empeora, irremediablemente. Ciertamente, los pensionados pierden, además, día tras día, el valor adquisitivo real de su pensión dado que el crecimiento de la mesada por IPC, anualmente, está por debajo del incremento del salario mínimo.

Las cifras son irrefutables. Si un pensionado recibió cerca de 9 salarios mínimos en el año 1995 o 2000, hoy está recibiendo realmente menos de 7 salarios mínimos y, en tal virtud, su patrimonio se está menoscabando, año tras año, sin dique alguno que contenga este empobrecimiento.

Indudablemente, la situación del empobrecimiento de los pensionados colombianos es un hecho al que no debería sustraerse el equipo de hacendistas de la cartera que maneja el presupuesto nacional, el alto gobierno, los organismos de control y la sociedad colombiana en general.

Los sabios que estudian los ingresos corrientes de la nación, de tiempo atrás, orientan y diseñan políticas con criterios exclusivamente de corte fiscal, ajenos a la protección social. Su espíritu está lejos de promover pensiones justas para los colombianos.  Dejan con sus actuaciones, borrado y al garete, el imperativo sello del principio constitucional de la digna subsistencia.

Aduciendo la insostenibilidad del sistema van recortando, paulatinamente, los derechos de los pensionados, sin que nadie se dé cuenta y, lo que es peor, cercenando hasta el marco normativo de las leyes 33 y 62 de 1985, anteriores a la expedición de la ley 100 de 1993 que establece el respeto a los derechos adquiridos. “La corte Constitucional se ha sumado a este propósito estatal”, recalcan los apesadumbrados pensionados.

Se recuerda que en nuestro país, la Constitución Política e innumerables leyes han dado un tratamiento especial a los servidores públicos. Sus derechos se preservan como “derechos adquiridos”. Vale decir que últimamente hasta las administradoras de los Fondos de Pensión Pública, como si fuera poco lo expuesto, han arremetido contra estas prerrogativas, estableciendo que el ingreso de liquidación de la mesada pensional corresponde al promedio de los aportes de los últimos diez años establecido por la ley 100 de 1993, y no al promedio devengado con todos los factores salariales en el último año de cotización como se ha venido haciendo de tiempo atrás.  Noticia triste que da al traste con un derecho adquirido legalmente establecido.

No sobra reiterar que las sacras escrituras en el Pentateuco, hace más de 3000 años establecieron el carácter sagrado de los derechos del Estado, de los dineros e intereses públicos, como también lo son, por su concomitancia, los empleados públicos, los emolumentos que reciben e igualmente sus prestaciones.

Hace daño al ordenamiento jurídico que el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación hayan suscrito la circular 021 de diciembre de 2017, seguramente, incorporando al pensamiento de estos organismos, el de la insostenibilidad del régimen pensional de Colombia preconizado por el Ministerio de Hacienda. En aras de este postulado fiscal, es grave que se desconozcan derechos adquiridos y que de paso se recorten, violen y menoscaben las liquidaciones de las prestaciones de quienes sirven al Estado colombiano por 25, 30 o más años.

Es más, huelga hacer énfasis en que el desmejoramiento de la pensión del empleado público colombiano, en su gran mayoría de casos, es lamentable, pues por esta fórmula de liquidación arbitraria recibirá una exigua pensión y esta se incrementará con el IPC que siempre está por debajo del salario mínimo. ¡Qué horror!

 “Así paga el diablo a quien bien le sirve”, anotan los pensionados públicos de Niza, ya en el declive inevitable de su existencia.

Es injusto que los exempleados públicos pensionados en su gran mayoría sean empobrecidos anualmente por el empleador estatal a quien sirvieron. La situación amerita urgente revisión y tratamiento serio y objetivo. Los pensionados congregados en este populoso sector capitalino y, en general del país, abogan: “No más atropellos contra los viejos”, como consigna inequívoca de su justo pedimento.

Un país que no ama, que no se conduele y que no respeta a sus mayores, tiene un futuro incierto, más aun si promueve abiertamente el recorte de sus derechos pensionales.

El Estado no puede ser mezquino con quien le sirve pues en esencia desde el Pentateuco hasta nuestros días, por su origen en las sacras escrituras, las pensiones son sagradas y causa funestas consecuencias a quien no las respeta o acata.

Con la expedición de la circular conjunta mencionada, entre el Procurador y el Defensor del Pueblo, pocos podrán salir en defensa de los pensionados. Se acallan mas voces.

Al fondo del salón de la reunión habitual, un pensionado sentenció: “Vamos de mal en peor y ahora con la ayuda del agresor del Pueblo”.

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