19 de noviembre de 2018

Acuerdo 111 y el ICA, más allá de un cumplimiento jurídico

Por Grupo Caldense de Análisis Económico
11 de julio de 2018
Por Grupo Caldense de Análisis Económico
11 de julio de 2018

 

Por: Grupo Caldense de Análisis Económico

El pasado mes de marzo del presente año fue bastante resonante en Manizales en temas de nuevos cobros por parte de la administración municipal, en primer lugar, relacionado al denominado acuerdo 111, que tenía como naturaleza la reglamentación en el uso del espacio público, y, en segundo lugar, sobre el impuesto de industria y comercio-ICA a los trabajadores que desempeñan sus labores bajo la modalidad de prestación de servicios bajo el año gravable 2017. La Alcaldía de Manizales, defendió y presentó estos nuevos cobros dando razón con la obligación de cumplir con unas normatividades legales, tanto de orden nacional como local, pero que, desde el enfoque de una nueva política pública, pecó en tres grandes frentes: participación, estudio de impacto y difusión. Fue bastante peculiar el manejo de la administración municipal a estos dos temas en particular, dado que se evidenció (o al menos no se demostró lo contrario) un faltante en la construcción colectiva de la política con los diversos grupos de interés (o afectados), nulo sustento económico y precario proceso de difusión y comunicación a nivel ciudad. Por la naturaleza de nuestro interés, solo mencionaremos el sustento económico de las mediadas, lo cual vale la pena decir, es muy diferente, a cumplir con una norma.

Debemos mencionar como improvisación estas dos temáticas, o falta de contexto o desconocimiento macroeconómico de ciudad. No es entendible en un momento en el cual la coyuntura económica, tanto a nivel nacional como local, presenta un bajo desempeño, la administración municipal pretendió establecer un gravamen como el planteado por el acuerdo 111, el cual afectaba de manera directa a sectores como comercio y restaurantes, los cuales, según datos del DANE, generan una cuarta parte del empleo en Manizales. Un cobro, de las magnitudes como estaba planteado, tenía el riesgo de impactar negativamente la rentabilidad de los establecimientos afectados, con su posterior efecto sobre la dinámica de contratación, y generar presiones sobre la inflación, específicamente en el grupo de alimentos, que responde cerca del 30% de la canasta de consumo de un manizaleño promedio. Ahora bien, adicional al impacto económico de corto plazo, la propuesta no lograba conversar con las características principales de una eficiente estructura tributaria que son: neutralidad (el impuesto no puede generar distorsiones económicas sobre el comportamiento de los consumidores, ahorradores, productores, etc.); eficiencia (el costo de implementación debe ser menor o igual a los costos de recaudo); equidad (vertical y horizontal según los diversos niveles de renta) y progresividad (los impuestos deben presentar un reparto en la carga tributaria entre los diferentes grupos).

Por otra parte, tenemos el tema del impuesto de industria y comercio-ICA, el cual afectó de manera directa a una población vulnerable en términos laborales que son los trabajadores con contrato por prestación de servicios, dado que ya no solo deben asumir el pago de los aportes a salud y pensión, sino que adicionalmente deben asumir el pago de un nuevo impuesto, lo cual empeora las condiciones de este subgrupo de la población. Y, por obvias razones, la cuestión empeora debido a la escasa socialización en lo referente a dar a conocer la obligatoriedad en el pago del impuesto. En este sentido, la administración no previó la debida planificación de la nueva política, haciendo campañas masivas con empleados y empleadores, y simplemente usó la sanción y el cobro de interés a personas que no tenían conocimiento sobre esta obligación. Si bien, el desconocimiento de la obligación no es una excusa para el no pago por parte del usuario, no es entendible, el cobro de un impuesto que está en contravía de la progresividad (ya que en términos laborales los trabajadores de prestación de servicios son minoría), no haga la debida socialización antes del inicio del cobro (1 de enero del 2018), y no sea claro en la forma en la cual se causan los intereses asociados al cobro de la multa, ya que, por ejemplo una persona con unos ingresos anuales cercanos a los quince millones de pesos está en la obligación de cancelar cerca de 60 mil pesos, por concepto del pago del impuesto, sin embargo en caso de no pagar dentro del plazo establecido, se hace acreedor de una multa de 166 mil pesos, es decir, debe pagar en total una suma cercana a los 226 mil pesos, una cifra equivalente al 19,8% del ingreso mensual laboral promedio de un manizaleño, y eso independientemente del nivel de renta percibido, nuevamente en contravía el principio de equidad tributaria.

De acuerdo con lo anterior, es entendible que muchas políticas de las administraciones locales tengan como naturaleza el cumplimiento de una norma, o el mayor recaudo tributario para inversión en un territorio, sin embargo, es fundamental que las administraciones, con apoyo de sus secretarias de hacienda o planeación, comprenda las realidades macroeconómicas actuales del municipio, analice con antelación la población objeto de cobro (o caracterizaciones como usualmente se conoce) y estime los impactos económicos de la medida, tanto desde el recaudo, como de los efectos secundarios en las decisiones de consumo e inversión de los individuos. Recordemos que estos dos componentes (consumo + inversión) pueden llegar a representar el 80% del PIB de un territorio y, en la medida, que se frenen sus decisiones de gasto, se frena la actividad económica, y en circulo vicioso, se frena el mismo recaudo, que en un inicio se pretendía aumentar.

Somos conscientes a la importancia de este tipo de medidas, simplemente abogamos por analizar más allá del cumplimiento jurídico, porque lo que esta en juego, a la final, es el bienestar de las personas y, de una economía en su totalidad.