28 de febrero de 2021
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El pedidor

21 de junio de 2018
Por Rubén Darío Barrientos
Por Rubén Darío Barrientos
21 de junio de 2018

Largo & Ancho

 Por Rubén Darío Barrientos G.

El 27 de abril de este año, Rodolfo Hernández Suárez, el inefable alcalde de Bucaramanga, dijo públicamente que iba a votar por Gustavo Petro y pidió depositar el tarjetón por él. No se midió que era un funcionario público ni sus 73 años le depararon sindéresis para contener una intervención en política. Hernández creó el Movimiento Cívico “Lógica, Ética y Estética”, un nombre estrafalario para una actividad partidista. Como una peculiaridad, cuando fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, ofreció $ 10 millones a los ciudadanos que registraran en video la compra de votos. Acuñó en mármol esta frase: “No soy político, mejor dicho, no veo ni entiendo la política como la ven los politiqueros. Yo soy ingeniero y para mí la palabra administrar es sinónimo de construir”.

Hoy vuelve a ser noticia, porque la Procuraduría General de la Nación, le abrió una investigación por exigirles a varios contratistas de la Alcaldía, donaciones del 20% para pagarles las facturas que tienen en la tesorería del municipio. Toda una mansa paloma. Su mandato, lo difunde como el “gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos”. Se ha rodeado de un equipo de colaboradores que provienen de la academia y del sector privado, sin ninguna experiencia en la administración pública, que algunos han motejado de “ingenuos y románticos”, a lo que el burgomaestre riposta así: “no quiero expertos en robar, quiero gente que quiera aprender a hacer las cosas bien”. En la ciudad, sus amigos le dicen El Ingeniero.

Ha manejado un discurso retórico contra la corrupción, que provoca risas entre los habitantes de Bucaramanga. Le pillaron un contrato de corretaje, donde se acordaba que uno de sus hijos (Luis Carlos) y su esposa, Socorro Olivero, recibirían millonarias comisiones por el contrato de tecnificación de las basuras. El diputado de Santander, Edgar Suárez Gutiérrez, afirmó en una sesión plenaria de la Asamblea que el alcalde Rodolfo Hernández “es un viejo ladrón y corrupto”. Y denunció que se filtró que iban a recibir como comisión ilícita, la suma de $ 300 millones si se le adjudicaba el contrato para el tratamiento de basuras de la ciudad, al consorcio internacional Vitalogic. Dicha coima fue acordada de manera grotesca, en un documento registrado ante una Notaría de Bucaramanga, en el cual aparece la firma de Luis Carlos Hernández, el hijo del alcalde.

Pero como palo en la rueda, se atravesó nada menos y nada más que la Procuraduría General de la Nación –que lo tiene en la mira desde hace rato– y se opuso a esa adjudicación. Luego del escándalo, el alcalde Hernández aceptó en público que efectivamente su hijo había firmado ese documento registrado en Notaría. Y vino lo cantinflesco: ese consorcio, demandó al Municipio de Bucaramanga exigiendo la suma de $ 579.000 millones como indemnización. El litigio se encuentra en curso en los estrados judiciales.

El estilo del alcalde Hernández es de bajo perfil: evade los actos protocolarios, los trajes de etiqueta, no es ostentoso del cargo y no abusa de flotillas de carros con escoltas. Sus más cercanos lo califican de: testarudo, áspero, grosero por naturaleza y de recio carácter. Pero miren la última: en un memorando, el burgomaestre les escribió a sus empleados contándoles que requiere la autorización de ellos para descontarles el 1% de la nómina para pagar obras del municipio, argumentando que las finanzas de la alcaldía están de totuma. Una empleada de la entidad dijo: “Eso es completamente ilegal. No voy a aportar ni una moneda. Mi salario es intocable y yo realizo una labor eficiente”. Ya algunos concejales, quienes también repudiaron la iniciativa, han dicho que interpondrán las denuncias del caso ante los entes de control.

Esta es la historia de un pedidor, que no tiene vergüenza en actuar de esta manera. Pasa en Colombia. Iván Duque ha dicho: “El que la hace, la paga”.

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