De igual manera, fueron imputados Julián Vargas Blandón, supervisor y jefe de planeación municipal en esa época; y Jaime León Utsman Salazar, contratista.

Los hechos que motivaron la investigación de la Fiscalía están relacionados con el contrato número 222 del 19 de agosto de 2014, suscrito entre Chinchiná y el consorcio Aguacatal, cuyo objeto era la construcción de la cancha de fútbol en esa localidad y su valor ascendía a $672’046.936. El material recopilado en las indagaciones indicaría que el proyecto deportivo no fue ejecutado, pero habría sido pagado en su totalidad.

Los imputados no aceptaron los cargos y el juez de control de garantías impuso una medida cautelar consistente en la prohibición de enajenar bienes por un término de seis meses.