Fontur 2018
El proyecto de las terrazas que puso entre la espada y la pared al alcalde y el Concejo de Manizales

Algunos comerciantes mantenían pancartas en contra de la medida en la marcha del 9 de mayo.

El proyecto de acuerdo 111 que regula el espacio público en Manizales y que el Concejo aprobó a las “volandas” en primer debate, sin un soporte jurídico serio, juicioso y profundo desató un huracán que tiene en el ojo al alcalde José Octavio Cardona y a la misma corporación.

De hecho, la gota que rebasó la copa fue el  7,5% del salario mínimo legal vigente ($58 mil 593) por metro cuadrado ocupado que se les cobraría a los comerciantes que, violando claras normas de espacio público, convirtieron los antejardines y otros espacios en “terrazas comerciales”.

Octavio Cardona, alcalde de Manizales

La respuesta a este proyecto de gravamen se evidenció palmariamente en una copiosa manifestación que llenó dos cuadras de la carrera 22 el pasado miércoles 9 de mayo en la que resultaron visibles y provocadoras las voces de exaltados manifestantes contra el alcalde y el Concejo.

Como resultado de las reacciones adversas, el alcalde Cardona se había comprometido a realizar una revisión a fondo de la iniciativa, pero la marcha lo sacó de quicio y este jueves durante una rueda de prensa anunció que convocará el Concejo a sesiones extraordinarias para hundirlo.

Visiblemente molesto, el mandatario anunció que al presentar el proyecto de compensación por aprovechamiento económico del espacio público, pedirá a algunos concejales que estudien a fondo el caso y la inconveniencia para la ciudad y para los comerciantes, de tal modo que este se hunda por la mayoría de votos negativos.

“En las mesas de diálogo que se tuvo con cerca de 8 comerciantes, pedían todo lo contrario, que avanzará en el Concejo y conciliar los valores a pagar. No obstante, los cerca de 3 mil comerciantes que marcharon solicitaban todo lo contrario, y yo debo escuchar el clamor de la comunidad”, explicó el Alcalde.

Carlos Vásquez Botero, presidente de Sibarca

Para Carlos Vásquez, presidente de Sibarca, las terrazas son completamente ilegales y lo que pretende el alcalde es regularlas para que los comerciantes no se vean avocados en un momento dado a su demolición bien sea por un mandato judicial o por una orden oficial.

Según Vásquez, otras entidades como  Fenalco y Cámara de Comercio están de acuerdo con Sibarca en que dicho proyecto sea aprobado por el Concejo Municipal. “Lógicamente, no en la forma en que fue presentado, sino después que, en unas mesas de trabajo, en las cuales sí esté representado el comercio de Manizales, se llegue a un acuerdo para que las tarifas presentadas inicialmente que son muy onerosas, sean ajustadas de acuerdo con un estudio”.

Vásquez dijo que el alcalde tenía pensado que la tarifa debía ser del 0.5% al 1.5% de acuerdo con la ubicación y categoría del establecimiento comercial.

Inicialmente se pensó en una tarifa de $2.500, de $5.000 y de diez mil por metro cuadrado, con lo cual  se obtendría una disminución ostensible frente a las presentadas en el proyecto inicial, agregó Vásquez.

El proyecto inicial contemplaba una tarifa del 7.5% sobre un salario mínimo mensual. Dicho pago se debe efectuar mensualmente, lo que sería sumamente oneroso para el comercio.

El presidente de Sibarca es partidario de que se retomen las conversaciones con el alcalde para que la iniciativa siga avanzando en el Concejo, pero después de que se realicen los estudios pertinentes y se documente con un estudio bien elaborado, originado en mesas de trabajo constituidas por los actores interesados.

Mesas de trabajo

Patricia Arias Pimienta, directora ejecutiva de Fenalco

Patricia Arias, directora ejecutiva de Fenalco Caldas, es partidaria que el proyecto se retire del Concejo para que sea sometido a una “cirugía” amplia según los resultados que arrojen las mesas de concertación que analizarán artículo por artículo en un proceso en el que se involucren todos los diferentes actores interesados en el tema.

Advirtió que cuando la iniciativa fue aprobada en primer debate en el Concejo, no había un soporte técnico que les permitiera medir el impacto real sobre el comercio  y fue entonces cuando se empezó a generar un desconcierto entre los comerciantes afectados que empezaron a manejar un criterio de no pago.

La dirigente gremial consideró absolutamente necesario el diálogo entre las partes interesadas para buscar acuerdos justos y equitativos en un trabajo conjunto entre la Cámara de Comercio y Fenalco, pensando en el beneficio del ciudadano y en el que se consideren dos focos: “Uno la revisión del soporte jurídico dados los innumerables conceptos; el otro, pensar con mucha profundidad las cifras del comercio en la ciudad que nos permitiera medir el impacto real sobre el comercio”.

De hecho, Fenalco ya había participado en un foro, con intervención de las partes interesadas, en el que se aceptó la constitución de una mesa de trabajo con el fin de evaluar los acuerdos.

“Queremos  seguir concertando el diálogo, avanzando en las conversaciones en una mesa con representantes de los comerciantes que están divididos en sus opiniones”, añadió Arias.

Opiniones divididas

Pero lo cierto es que a la iniciativa le han salido muchos “guerreros” en el camino. Está circulando por las redes sociales un comunicado de algunos representantes del gremio comercial según el cual “la Alcaldía de Manizales canceló la mesa de negociación porque ella no reunía el sentir de la mayoría de los comerciantes”.

En este comunicado, algunos comerciantes lamentaron el cese de la mesa de negociación y propusieron a la Cámara de Comercio de Manizales y FENALCO convocar una comisión que integre al gremio comercial para el estudio, la formulación y la socialización de propuestas orientadas a regular el uso de antejardines y terrazas comerciales. El comunicado concluyó con una invitación a los comerciantes para encontrar una solución que este en concordancia con las normativas urbanisticas.

Consecuencias

El presidente de Sibarca, Carlos Vásquez, es partidario de un acuerdo ampliamente concertado para darles a las terrazas visos de legalidad y evitarse hacia el futuro acciones legales que afecten en conjunto a los comerciantes que están aprovechando este espacio público.

No en vano  en los despachos judiciales de la ciudad cursan 92 acciones populares contra las terrazas comerciales que pueden poner en serios aprietos a los comerciantes que explotan estos espacios.