28 de marzo de 2024

MERCADERES DEL CRIMEN

23 de marzo de 2018

Las cifras dadas a conocer recientemente por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) acerca del negocio que se mueve detrás del consumo de drogas ilícitas en la capital invitan a una profunda reflexión sobre la amenaza constante que representan este tipo de actividades. Es, por demás, tema de angustia permanente para padres de familia, maestros y vecinos que notan cada vez más cómo se instala –casi que de forma explícita– un proveedor de marihuana, bazuco y cocaína en espacios públicos, llámense parques, zonas de rumba o cerca de instituciones educativas.

Según el estudio de la FIP, basado en análisis sofisticados, que incluyeron dos años de trabajo y la colaboración de la Policía, que permitió rastrear el 97 por ciento de la ciudad, se estima que en Bogotá existen 405 sitios confirmados de venta de estas sustancias, los cuales pueden generar ingresos superiores a los 15 millones de dólares cada año. Son datos que se quedan cortos ante la contundencia de lo que la gente percibe a diario. El subregistro, la falta de información, fenómenos de corrupción y decisiones judiciales como la despenalización de la dosis mínima hacen más difícil estimar el tamaño real de dicha actividad. No obstante, las puntadas que se desprenden del estudio permiten una aproximación al mercado, a su valor según las distintas zonas de la ciudad y a su conexión con otro tipo de delitos.

Una de las conclusiones que llaman la atención es que se trata de un negocio con poca movilidad. El 85 por ciento de los puntos de venta de alucinógenos detectados entre 2010 y 2015 no varían más de 200 o 300 metros a la redonda, conforme revelan los operativos de las autoridades. El crecimiento de la ciudad hace que este mercado sea más difícil de detectar, máxime cuando hoy, las redes permiten un mayor grado de sofisticación a la hora de las transacciones. Los golpes a las grandes ollas, si bien acaban con un foco tenebroso, hacen que este se expanda hacia otros lugares y pueden, incluso, invisibilizarlo y hacer más difícil su control.

El informe da cuenta de que prácticamente no hay una sola localidad que esté libre de este flagelo. La venta de cocaína se concentra en Chapinero y Usaquén, donde un gramo puede llegar a costar 100.000 pesos o más, mientras que los tentáculos de la marihuana y el bazuco se aferran a la zona céntrica, sur y suroccidente de la ciudad. Es un renglón que suele ser controlado, especialmente, por pandillas que se pelean territorios y el dominio de áreas. El 55 por ciento de los homicidios en Bogotá, dice la FIP, ocurren en las incautaciones debido a disputas entre estos grupos.

Para los investigadores es claro que el mercadeo y tráfico de estas sustancias son un potencializador para la comisión de otros delitos que tienen en jaque a la ciudad: el hurto de motos, hurto callejero, violaciones de derechos humanos, lesiones y, como ya se dijo, homicidios.

Ahora bien, el estudio es una valiosa herramienta que puede facilitar el accionar de las autoridades en su lucha contra el comercio de drogas: proteger zonas altamente vulnerables, detectar crímenes asociados y un insumo para medir con mayor precisión el consumo, que parece haberse salido de las manos en todas las ciudades.

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