Entre lo político y lo jurídico

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

El debate que se ha planteado respecto a las  circunscripciones de paz, con la creación de las 16 curules entre el gobierno y los  sectores de abierta oposición a las mismas por considerar que  serán copadas por miembros  del  grupo  que  suscribió el acuerdo de la Habana, se  le viene dando un  tratamiento con trasfondo político, cuando en realidad su esencia es de naturaleza jurídico constitucional.

Todo se circunscribe en determinar a la luz de la Constitución Política vigente los conceptos de quórum y mayoría, entendiéndose de acuerdo con el acto legislativo 2 del 2015, que para  la conformación de lo primero deberá tenerse como número  de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no pueden ser reemplazadas, y  por mayoría el número mínimo requerido de votos para que un proyecto se entienda aprobado, que por regla  general según la norma  superior, se cuenta no sobre el número de los presentes, sino sobre número total de los miembros de la corporación.

Seguramente el tema dará para muchas elucubraciones jurídicas, hasta el punto de anuncios de graves responsabilidades por extralimitación de funciones y posible prevaricato en el evento que dicho proyecto de acto legislativo que preveía 16 nuevas circunscripciones electorales sea aprobado  por la mesa directiva del senado y enviado para sanción presidencial, así como la presión indebida del gobierno pretendiendo incidir sobre el resultado  de una votación desconociendo que estamos en una democracia con estado de derecho y separación de poderes.

Independientemente  de esa controversia, se pretende en esta columna aludir a la importancia de diferenciar lo político de lo jurídico, todo dependiendo del escenario en que se actúa, las circunstancias del momento o de quién  deba manejar esa diferencia.

Si la controversia es de carácter económico y social con repercusión nacional, seguramente se hablará de un asunto netamente político, pero si las circunstancias de ese debate radican en una ley o norma constitucional, entonces se aludirá a un conflicto de naturaleza jurídica y conocido  para su solución por una corporación judicial.

Ahora bien, lo que corresponde al caso sub examine comentado al inicio de este escrito, por tratarse de un asunto donde se involucran partidos y movimientos políticos, se le pretende  dar a esa  controversia una connotación política, cuando su génesis es jurídica, de estirpe constitucional, estando de por medio el respeto  que se  debe tener en un estado de derecho por la norma de normas, como lo es la Constitución Política Nacional.

Ciertamente, empleando un estribillo de un ex presidente liberal, así se actúa en nuestra  débil democracia, clasificando los acontecimientos de acuerdo a los intereses que  al momento se apadrinan dentro de la estructura institucional.

Ojalá para la paz social que  se  anhela, este episodio  que polariza al país sea resuelto por  los tribunales en el evento  de llegar a los estrados judiciales, para que allí se decida en derecho, que no es más que aplicar bien el sistema jurídico, dejando de lado las conveniencias partidarias con motivaciones ajenas al marco legal, por cuanto lo que legitima al funcionario judicial, hoy  cuestionado por las  tropelías de algunos, es la  correcta motivación jurídica  a sus decisiones, estando ahí la importancia  de la majestad judicial, de capa caída en los momentos actuales.

ADENDA: Las campañas políticas con miras a la elección parlamentaria y presidencial del 2018 han entrado en una etapa de agitación nacional, en donde lo que menos se escucha, con escasas excepciones, son las propuestas de gobierno que le permitan al electorado asimilar las mismas para un voto en conciencia.

Me tomo la libertad  y doy las disculpas  a los lectores que hable en primera persona, para formularles a los candidatos de los diferentes partidos y movimientos una serie de preguntas sobre variados temas de actualidad  que  hacen parte y afectan  la vida cotidiana del ciudadano del común.

PREGUNTAS: 1.- Qué cambios  a lo poco que queda de la Constitución del 91  promovería su eventual gobierno. Seguiría  con ese  abusivo manoseo a la  carta política?

2.- En materia tributaria, cuál es la propuesta concreta de su programa de  gobierno para evitar sorpresas futuras en cuanto a impuestos, gravámenes y contribuciones, que ha  sido la  política constante del actual ministro, que deja al país con un endeudamiento externo que compromete la estabilidad fiscal del próximo  cuatrienio.

3.- Ante el déficit fiscal abismal del país, ¿cómo lo piensa  afrontar?

4.- ¿Qué propone para  reducir la evasión y la elusión tributaria?

5.- ¿Cuál  sería su propuesta para fortalecer los partidos políticos?

6.- ¿Considera que la actual estructura electoral del país le da garantía al ciudadano de unas elecciones  trasparentes?

7.- ¿Qué cambios introduciría a la actual política internacional del país?

8.– En cuanto a la ley 100 de salud, que ajustes  le propone al electorado, o considera  que la misma no debe ser objeto de modificación alguna .?

9.-  Cual es  su propuesta concreta  en materia  de pensiones, en cuanto a la edad, semanas de cotización, sustitución pensional ,¿ cuál es  la promesa  concreta en esta sensible materia..?

10.-Distinguiría usted  al ser elegido por una coalición  los conceptos de  jefe de  gobierno y jefe de partido  para el correcto ejercicio presidencial.

11.- Su candidatura que propone para el campo de la ciencia e investigación,  fuera del apoyo presupuestal.?

12.- Que mecanismos de participación  público privado tiene  establecido su  programa de gobierno? .

Se trata de  preguntas claves, cuyas respuestas le darían elementos de juicio a una opinión pública que observa perpleja como se adelantan las campañas centrado en  el  acuerdo de la Habana, cuanto la nación presenta múltiples problemas que van desde lo social, lo político, de seguridad, justicia, tributarios, de infraestructura y muchos otros más.

Como quiera que esta columna se ha caracterizado por analizar temas relativos al estado, la justicia y la paz, la próxima adenda  se  formularán  las  doce preguntas  sobre el tema justicia.

Bogotá, Diciembre 5 del 2017