Unidad de víctimas victimiza más a las víctimas

el campanario

Por Tomás Nieto

Un panorama de total anarquía creciente reina por estos días en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, difícil situación que se acentuará, de manera dramática, en los próximos meses.

Esta agencia del Estado creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, realmente no ha podido despegar y parece que ahora mucho menos va a lograrlo con la dirección de la exsenadora Yolanda Pinto de Gaviria, quien ni suena ni truena.

La atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, según la manifestación de una gran comunidad de usuarios no funciona eficazmente y, por el contrario, la desatención contribuye a victimar más a las víctimas. Tal como lo refiere  Álvaro Salom Becerra, en su extraordinaria novela intitulada: “Al Pueblo nunca le toca”.

El propósito fundamental, como postulado institucional, consiste en que la Unidad para las Víctimas busque el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.

Conforme a esta finalidad legal, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado y de articular a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En el papel está muy bien expresada la esencia, en la práctica, mucho deja que desear.

A nivel de suministro de información, reiteradamente se niega el acceso a ella, escudándose la institución, presuntamente, en la protección de las víctimas.

La información general sobre trámites para indemnización y reparación es inexistente en los laberintos del viejo Edificio de Avianca de la carrera 7ª, con calle 16, No- 6-66, Parque Santander, donde funcionan sus instalaciones principales. Inclusive estos tres números 6, seguidos, suelen horrorizar a diversos usuarios quienes viven atónitos por el significado que tiene la cifra en los escritos bíblicos que la distinguen como la bestia maléfica de siete cabezas y diez cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número: 666. [Apocalipsis] 13:1, 17, 18).

Esta institución del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social –DPS, es una verdadera catástrofe institucional.

De tiempo atrás ha elaborado un Registro Único de Victimas, proceso dilatadado que se ha adelantado a lo largo y ancho del país, presentando la solicitud ante una oficina del Ministerio Público (Personerías municipales, Defensorías regionales y procuradurías provinciales o regionales). Allí se cuenta al funcionario que atiende, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron originen a los hechos victimizantes tanto del peticionario como de su núcleo familiar.

La información del dolor del declarante se consigna en el formato único de declaración que debe llevar la firma y huella del peticionario y que lo suscribe el funcionario que lo atiende.

El formato llega a la Unidad en Bogotá, y es procesado hasta que se dicta una resolución donde, finalmente, se inscribe o no a las víctimas, quienes al obtener el registro albergan la lógica esperanza de ser indemnizadas y reparadas integralmente como es el objeto del marco legal.

En estos momentos se responde a los usuarios que el hecho de que esté inscrito no significa que se van a reparar económicamente. Si se llama al único conmutador que aparece en la página web y no se entrega la información de identificación como víctima, se le niega el acceso al peticionario.

La entidad ha manifestado que hoy carece de recursos y que desde ya y en años venideros, el déficit presupuestal impedirá hacer reparaciones o indemnizaciones administrativas y económicas.

Se acrecienta el caos. Vale decir que ningún ciudadano puede ir allá en búsqueda de información, así sea de carácter general, -la cual debe entregarla la Unidad a la comunidad de usuarios por obligación legal y sentido común- porque esta es una tarea de imposibilidad absoluta y de descorazonamiento pavoroso.

Quien no se ha inscrito, por múltiples razones, -entre ellas porque es indeseable volver a recordar los macabros episodios de la guerra que dejo huérfanos por doquier-, no tiene derecho ni a recibir siquiera una información que por el hecho de ser pública debe ofrecerse, sin discriminación alguna.

Pero los hechos dan más claridad sobre la oscuridad que prevalece en la Unidad.

En el interior de sus instalaciones se respira un clima de angustia permanente entre los funcionarios dado los cambios naturalmente burocráticos que podrían presentarse con la nueva directora. A partir del 11 de noviembre último, las cosas han mejorado por la cobertura que ofrece la ley de garantías que brinda protección a los empleados públicos.

Los desmanes de la administración anterior de Alan Jara, dejaron expósitas a la entidad a demandas millonarias.

En la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, la agencia de vigilancia que prestó sus servicios logró conciliar las deudas con la Unidad, al suscribir el acta correspondiente. La Unidad hizo caso omiso del compromiso y meses después de firmado el documento, consolida, increíblemente, el mutis por el foro, no obstante el mérito ejecutivo y los intereses que representa la suscripción conciliatoria.

“No hay plata”, es la manifestación diaria que los directivos refieren en comunicaciones oficiales a quienes solicitan con justicia una indemnización que, dicho de paso, es una limosna de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes que la ley otorga a quienes han sido injustas víctimas de la más abominable guerra que en el país alcanzó más de cinco décadas, ininterrumpidamente.

Así las cosas, a las víctimas y a sus familiares, nadie les pagará indemnización alguna y no habrá en el país ni siquiera, gubernamentalmente, quien les tienda una mano de consuelo mínimo. Estamos horrorizados…