¿Hacia dónde va Colombia?

Comunidad y Desarrollo

 uriel ortiz

Definitivamente el Fast Track, con la reforma política y la implementación de la Justicia Especial para la Paz, “JEP” a la cabeza, quiere cobrarle al gobierno desde el congreso de la república, el malestar que cunde en los colombianos, porque los señores de las Farc, inician su actividad política sin haber saldado las cuentas pendientes con la justicia.

Que Dios ilumine a los magistrados de la Corte Constitucional, que esta semana deberán emitir fallo definitivo, de si los señores de las Farc, con el tenebroso arsenal de delitos cometidos en más de 50 años de haber mantenido encañonado al pueblo colombiano, son aptos moral y políticamente para ocupar las dignidades del Estado, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, sin pasar siquiera por una inspección de policía.

Vaya paradoja, cuando un ciudadano del común por haberse robado una gallina y le dé por aspirar al concejo de su pueblo, tenga que pagar dos años de cárcel y por haber sido condenado, no podrá hacerlo.

¿Dónde está ecuanimidad de la justicia dentro de nuestro Estado de Derecho? Esperamos que los señores magistrados no se dejen llevar por los vientos huracanados del momento y profieran un fallo acorde a su conciencia. Así lo esperamos todos los colombianos.

Este es uno de los tantos torbellinos que se ciernen sobre los horizontes de nuestra democracia, que no dejan ver el panorama claro frente a los comicios electorales que se avecinan; sin embargo, existen otros factores que inquietan al común de los colombianos y es el de la corrupción especialmente en la administración de justicia y la clase política en todos sus niveles.

El cartel de la toga continúa al rojo vivo y las mujeres magistradas que habían sido invulnerables frente a hechos de corrupción, están sucumbiendo por los despeñaderos de la desgracia, vemos cómo varias de ellas empiezan a ser denunciadas por sus propios compañeros de turno.

También los cultivos ilícitos continúan siendo el dolor de cabeza del actual gobierno y muy seguramente que de los próximos, puesto que no se han adoptado políticas permisivas y persuasivas, que permitan su desmonte gradual y paulatinamente.

Parece que quienes manejan los programas de sustitución de cultivos ilícitos, no se han dado cuenta que la represión a medida en que sea más fuerte, aumentan los precios en los mercados de la oferta y la demanda, puesto que esa es la ley que se impone sin más discusiones, manejada siempre por los grupos criminales bajo el imperio del soborno o el desafío a las autoridades de turno.

A pocos meses de las elecciones del 2018 para elegir nuevos congresistas y presidente de la república, la situación del país no es nada clara, el común de los colombianos no saben qué hacer, no existe ninguna alternativa confiable que les permita decidir en las urnas, el futuro de nuestra Patria.

Las razones son muy claras: en el congreso de la república desde hace más de un año se viene debatiendo una reforma política,  que a decir verdad, no es del agrado de los colombianos, puesto que no tuvo ningún debate, ni audiencia pública que les permitiera mayor ilustración.

Como si fuera poco, la han venido acomodando a sus intereses personales, es decir, después de tanta espera e ilusiones frustradas, no pasará de ser otro fiasco, puesto que no reúne las más mínimas aspiraciones de los votantes, se había dicho que la nueva reforma política debería ser abierta y de cara a los colombianos, pero ninguna de estas dos situaciones se han dado.

Los partidos políticos que deberían tener plena autoridad para llamar al orden, se encuentran tan desprestigiados y con tan poca credibilidad, que prácticamente no existen en la conciencia de los futuros votantes; es decir, que no hay escenario alguno que permita poner orden, para que los votantes del 2018, lo hagan confiados en que sus decisiones en las urnas no serán ni feriadas, ni pisoteadas.

De otro lado existe el grave problema del partido político de las Farc, que se creó a instancias de los acuerdos firmados entre los guerrilleros de la organización y el gobierno; lamentablemente en los actuales momentos no hay escenario confiable para que quienes aspiran al congreso producto del acuerdo, lo hagan, puesto que la mayoría de los colombianos son partidarios que primero pasen por el filtro de la Jurisdicción Especial para a Paz, Jep., sin embargo, existe la creencia desde el alto gobierno, que pueden participar en política y hacerse elegir sin este requisito, lo que considero con la mayoría de los colombianos, no es viable bajo ningún punto de vista, de suceder semejante esperpento, sería un golpe duro y definitivo a nuestra democracia.

 

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