AI: «el gobierno de Colombia no protege a la población»
Un informe dado a conocer este miércoles por la organización defensora de los derechos humanos afirma que el conflicto armado sigue siendo una realidad para millones de personas en ese país.
El Gobierno colombiano no protege a la población civil y las amenazas de grupos armados continúan aunque se firmó un acuerdo de paz con las FARC, asegura un estudio revelado hoy por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.
«Un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país», explica el estudio, que fue entregado hoy al Gobierno.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, indicó que «aunque haya disminuido el número de muertes de civiles, el conflicto armado sigue siendo, en gran medida, una realidad para millones de personas en todo el país».
El caso del Chocó
Sobre el caso específico del departamento del Chocó (oeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, el informe indica que «el 60 por ciento de los residentes son víctimas registradas». «En departamentos como el Chocó, la presencia del estado es débil y comunidades enteras han quedado a merced de otros grupos», recalca el documento, que le indica al Gobierno de Juan Manuel Santos que «todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real en la vida de las personas».
El informe hace un llamado urgente a la implementación del acuerdo de paz en los territorios, dando prevalencia a la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto y la «diferenciación étnica de las vulneraciones de los Derechos Humanos de estas poblaciones». El departamento del Chocó es habitado en gran medida por comunidades indígenas y afrodescendientes, y es reconocido como una de las zonas donde el conflicto armado ha sido más latente.
Amnistía Internacional visitó este departamento y constató que «miles de personas se han visto obligadas a huir» por temor a represalias de grupos armados, y las comunidades indígenas están «expuestas» por falta de apoyo del Estado. Así mismo, señala que algunas comunidades se desplazaron a zonas que no cuentan con acceso a agua y comida suficiente.
Por estas razones asegura que el «acuerdo de paz no ha avanzado lo suficiente, lo que ha generado un contexto proclive a la repetición de la historia de muerte y desolación que describen las víctimas del conflicto armado».
El acuerdo de paz, firmado el pasado 24 de noviembre de 2016, se concibió para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, que ha causado la muerte de más de 220.000 colombianos y el desplazamiento de casi 7 millones de personas.
EL, DW(dpa, efe)
