Un país leguleyo
José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor
No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar bien la ley, era la afirmación del dramaturgo y diplomático francés Jean Gerandoux, frase que sirve de sustento al presente escrito, ya que no es secreto alguno que Colombia es un país de leyes, la mayoría desactualizadas, inundado de códigos, de normas jurídicas al por mayor, donde el Congreso de la Republica como hacedor de las leyes deja de serlo, cuando funcionarios de bajo rango expiden sus circulares internas, generando interpretaciones diferentes a pesar que la ley es una sola, con graves repercusiones en la justicia, donde bajo la premisa de la autonomía e independencia se incurren en frecuentes errores jurisdiccionales en contra del ciudadano.
No es temerario afirmar cómo un juez de menor categoría dentro de la estructura de la rama, o empleados del orden administrativo, pueden desconocer o poner en entredicho las decisiones de las altas cortes, o se apartan sin sustento jurídico de las jurisprudencias vigentes, hasta el punto que este juez sin reato profesional restringe la libertad de un investigado con elementos probatorios sutiles, tal vez para satisfacer su ego seudo jurídico, buscando protagonismo mediático o una falsa demostración de crear una jurisprudencia personalizada.
Estos procederes son los que descalifican el sistema judicial ante la sociedad, que se siente indefensa e insegura, que por la falta de una fortaleza y coherencia jurídica de quienes administran justicia, se generan graves hechos de justicia privada que en el pretérito pasado ha tenido que soportar la nación.
Debemos reconocer que somos un país en donde se le da demasiada importancia a lo formal y a lo procedimental del derecho, que trae consigo a su cercano pariente, el leguleyismo, que no es más que aquellas personas que tratan las leyes sin conocerlas bien, pero que influyen negativamente en la dilación de los procesos.; ¿qué necesidad se tiene de probar lo que ya está probado? ¿Por qué darle tanta importancia a los esguinces frente a los sustancial?, actuaciones todas estas que se reflejan no solo en el ámbito judicial, sino que se ha desplazado al ejecutivo y al legislativo.
Cierto es que se puede hablar de un leguyelismo o populismo político, cuando se anuncian proyectos de ley con bombos y platillos como la solución a los problemas sociales, económicos, y de empleo del país, que produce impacto inmediato, en tanto que la solución de lo que se plantea tiene un impacto a mediano o largo plazo, si es que va con el respaldo presupuestal para la efectividad de la ley , o de lo contario queda como una ley para enmarcar, pero produjo su efecto publicitario, que era lo que se buscaba por sus promotores, si es que no es objetada por inconstitucional o inconveniente.
Qué no decir respecto al leguyelismo judicial, con noticias de primera página que alude a una reforma estructural de la justicia por la situación de caos y desorden por la que atraviesa, cuando a diario nos sorprenden con hechos de corrupción donde se comprometen altos togados , y como solución de paso se anuncian comisiones para presentar ideas de reforma, las altas cortes elevan documentos de buenas intenciones, otros aluden a una constituyente, o a un referendo, pero no se nos dice en qué consiste esa reforma estructural, olvidando siempre al eje central de cualquier innovación, el ciudadano de a pié, que sufre las consecuencias de una justicia tardía, la indefinición de sus procesos, y su dificultad para acceder a la misma.
Hay un hecho cierto, este leguleyismo o populismo tanto oficial, como de los partidos en nada favorece a la institucionalidad, pero sí afecta la confianza ciudadana en su constitución como norma de normas, tan manoseada e irrespetada en los últimos años, desde cuando se reformó “el articulito “, referente a la reelección, madre de todos los males que ha tenido que soportar el país en los últimos 15 años.
Un llamado para regresar por el respeto al derecho, por su importancia para la convivencia social, a los abogados en su mayoría profesionales serios , y con un ejercicio digno, salvo las veleidades de unos cuantos que deshonran tan encomiable gremio, para que entiendan que en la práctica somos unos auxiliares de la justicia y que colaboramos con el estado para su cabal aplicación y a los jueces que tienen la responsabilidad de demostrar que existe un estado que cumple con su obligación de castigar a los que violen la ley, sin miramientos en lo penal y en las demás aéreas reconocer el derecho a quien lo invoca y pruebe tenerlo. Lo demás es paisaje.
Adenda: Ahora que se debate el tema de la reforma judicial, y no pase de ser una preocupación temporal, es inevitable que quienes la lideren aborden lo concerniente a la instrucción del derecho, la proliferación de estas escuelas garaje, si así se les puede llamar, creadas más con criterios comerciales y totalmente desentendidas con la realidad social y jurídica del país.
Llama la atención que se aluda a la enseñanza de la ética en el derecho por el actual min justicia, en una columna periodística de fin de semana, cuando le debe explicaciones al país por su actuación como Consejero de Estado al favorecer con su voto al anterior fiscal, hoy asesor reconciliado con el gobierno para los temas de paz, convirtiendo el periodo de la fiscalía en institucional, cuando el ordenamiento jurídico lo establecía como individual, esculpiéndose con el cincel de la conveniencia lo que no podía ser, con posterior recompensa al suscribirse a su favor un millonario contrato de servicios profesionales cuando hace dejación del cargo judicial, circunstancia esta que originó serios cuestionamientos por parte de la opinión pública y comentaristas en la materia, pero como todo en este país, cero investigaciones, campana neumática , y premio mayor como ministro de estado .
Adenda dos: Discusiones van y vienen en la comisión respectiva del Congreso en el tema del tribunal de aforados para investigar las conductas de altos funcionarios y magistrados de las cortes ante la ineficiencia y complacencia con los desvaríos y ligerezas de muchos de ellos en el ejercicio del cargo por parte de la cuestionada comisión de acusaciones, hasta el punto que se propone ser retirado para ser incluido en una reforma judicial por considerarse que hace parte de la naturaleza y estructura judicial.
Otro ejemplo de los insulsos debates cuando se propone retardar una decisión cuando hay intereses de por medio, que bien podría dar lugar a un BUSTO al leguyelismo Parlamentario.
Bogotá, Octubre 17 2017.