FONTUR 2016
Agua dulce

Marco Aurelio Zuluaga 

“Nuestro Oro es el Agua”, fue la consigna en Bucaramanga y Cúcuta, que como expresión genuina y espontanea de la ciudadanía, se escuchó el 6 de octubre en rechazo al proyecto minero Soto Norte, que afecta el páramo de Santurbán.

En la Guajira existe una larga disputa sobre las aguas del río Ranchería, “EL RÍO QUE SE ROBARON”*, entre la comunidad, la gran minería y la agro-industria, por lo cual se presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional que, en diciembre del 2015, impuso medidas cautelares al gobierno de Colombia, para que atendiera la situación de inanición y desnutrición de los indígenas. “El problema del hambre en la Guajira es el agua”, sentenció un mamo a las autoridades nacionales.

Una iniciativa ciudadana recogió más de dos millones de firmas para celebrar un referendo por el agua. En su tránsito por el Congreso se cambió su contenido en la Comisión Primera de la Cámara,  y su dilatado trámite entre comisiones y plenarias terminó por hundirlo en el año 2010.

Adicionalmente, dos veces se ha hundido un proyecto de ley para declarar el agua como un derecho fundamental. Hoy se hace un tercer intento, y su ponente denunció que el Gobierno ha ordenado por segunda vez hundirlo. No se conocen públicamente los argumentos para tal decisión.

Entre los años 2002 y 2010, las áreas comprometidas en la explotación minera pasaron de 1.2 millones de hectáreas a 38 millones de hectáreas. Este irresponsable incremento en escasos ocho años, desnudó una institucionalidad sin capacidad técnica y financiera.

El IDEAM anuncia que para el año 2025, en ocho años, de seguir con las políticas actuales sobre el agua, la zona andina que alberga el 60% de la población colombiana tendría problemas de escases de agua.

El medio ambiente no se puede seguir manejando de espaldas al interés común. La politiquería y el despilfarro en las corporaciones autónomas son aterradores, la información inaccesible y poco confiable, las evaluaciones socio-económicas no son transparentes y las compensaciones no son equilibradas.

Políticas como las establecidas en Finlandia, Noruega y Chile, donde hay transparencia en la información y un estado que controla, logran acuerdos entre la comunidad, el Estado y las empresas, que permiten explotaciones más amigables con el medio ambiente y relaciones económicas equilibradas.

El Estado ha incumplido sus obligaciones para con la sociedad colombiana en esta materia. Gobiernos insensatos han privilegiado intereses privados por encima del bienestar común. El Congreso de la República de manera cómplice, ha desatendido las manifestaciones del pueblo que dice representar, y la sociedad, en su mayoría, no participa en la defensa de su derecho al agua.

Todos los colombianos somos responsables de un cambio para acabar ese estado de cosas, para que no sigan muriendo niños por falta de agua potable, para que en el próximo siglo aún conservemos esa agua que hoy es oro. La próxima campaña electoral es una vía para iniciar este cambio, y los candidatos deben decir qué van a hacer con el agua dulce que nos pertenece a todos.

*Documental “EL RIO QUE SE ROBARON”, Gonzalo Guillen.

11 de Octubre de 2017.