Legalización con concientización y proyectos productivos

Comunidad y Desarrollo

uriel ortiz

Desde que empezó el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos, son miles los millones de dólares, que se han invertido en la erradicación de los cultivos ilícitos, desde esa fecha, los gobiernos de todas las épocas han fracasado en sus intentos y acciones de lucha antidrogas.

Para lograr el anterior objetivo, considero que no es procedente, aplicar la política del miedo y del terror, los cultivadores y raspachines son humiles campesinos que se encuentran en este oficio, puesto que la guerrilla o los paramilitares los obligaron a vincularse, lo más grave los mantienen pignorados económicamente para que no pueden cambiar de oficio, so pena de ser sometidos amenazas de muerte junto con  sus familiar.

La labor que viene adelantando el señor Vicepresidente de la República, general (R) Oscar Naranjo, en el sentido de visitar los cultivos ilícitos y promover programas de erradicación manual, me parece patriótica y encomiable, puesto que a la fecha está mostrando resultados; sin embargo, el mal subsiste por otras regiones apartadas de Colombia, es decir, se está aplicando la medicina sin conocer la enfermedad.

Sobre la legalización de los cultivos ilícitos, es mucho lo que se ha hablado, inclusive nuestro actual presidente lo ha sugerido en foros nacionales e internacionales, sin embargo, pretender hacerlo con simples cantos de sirena, suena de una tolerancia  peligrosa para un Estado de Derecho, que desde hace más de cincuenta años libra una lucha sin cuartel para lograr aminorar el mal.

Pretender que quienes están vinculados al negocio de los cultivos ilícitos en calidad de: cultivadores, cuidanderos, raspachines, industrializadores o comercializadores, vayan a abandonar tan lucrativo negocio, es tarea imposible, por consiguiente el gobierno debe probar otros mecanismos más convincentes e idóneos que les permita por lo menos obtener ingresos iguales a superiores a los actuales.

Hay que aceptar la lucha tan férrea que desde diferentes instancias vienen adelantando las autoridades desde hace varias décadas con miras a erradicar el cultivo, industrialización, comercialización y consumo de productos ilícitos, todas sin ninguna excepción han sido batallas perdidas.

Lamentablemente la ley de la oferta y demanda es de imperioso cumplimiento y sobre ella no existe ninguna fuerza de coerción o de orden legal que le permita aminorar su producción y consumo; por más fuertes que sean, el soborno para su entrada y salida a los mercados internos y externos se convierte en instrumento tan débil, que todos los experimentos que se han hecho son llamados al fracaso, y antes por el contrario incrementan los precios al público consumidor.

Considero desde la óptica de comunidad y desarrollo, que si se quiere lograr un objetivo positivo de lucha, antidrogas, se hace indispensable cambiar el esquema y promover entre sus mismos cultivadores la conciencia de que lo que están haciendo atenta contra el medio ambiente y la salud de sus semejantes, con graves impactos sociales y económicos para nuestro País.

Logrado este primer paso el cual debe realizarse en un término de dos meses, con una bonificación mensual para quienes lo reciban, se procederá a evaluar los coeficientes sociales de desarrollo de cada uno de los participantes, con el fin de vincularlos a un proyecto productivo dentro de la misma región, es decir, sin necesidad de moverlos de su hábitat.

Las cooperativas agroindustriales pueden jugar papel preponderante en este campo, puesto que sus cultivos se pueden manejar dentro del reglamento cooperativo, vinculándolos a las cadenas productivas y las alianzas estratégicas, con el fin de asegurar una buena producción y posteriormente canales de agroindustrialización y comercialización.

 

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