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Un país desconcertado

15 de agosto de 2017
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
15 de agosto de 2017

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

Las noticias llegan y se van, como las denuncias, los escándalos por corrupción, las  frases de cajón de quienes pretenden el favor popular, nos llevan a concluir, que tanto los partidos políticos, los políticos, las diferentes fuerzas sociales y económicas y los propios electores, nos movemos en la incertidumbre y el desconcierto por todo lo que pasa en el panorama nacional.

Bien merece el momento actual para reseñar algunos factores que inciden en esa incertidumbre donde juegan las tres ramas del poder público y una sola damnificada: la sociedad.

Constitucionalmente el Estado colombiano está integrado por las tres ramas del poder público, así lo dispone el artículo 113, además de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones, como el Ministerio Público, la Contraloría General, y el electoral, a través del Consejo Nacional Electoral y la Registradurìa  Nacional del estado civil.

De acuerdo con lo anotado, quien debe administrar justicia en un Estado de  derecho no es más que la rama judicial, (los acuerdos  de paz  crean una jurisdicción  especial de justicia  para la paz de 51 magistrados –JEP-   la ordinaria, entre  Corte Suprema, Consejo de  Estado y Constitucional   llegan a  63  magistrados),  pero  el sentir colectivo  es que no se confía en esa justicia ordinaria, por  sus propios desvaríos, a guisa de ejemplo, caso  magistrados Sala Penal Tribunal del Meta, donde se espera  no  se actúe  con solidaridad de cuerpo, investigación al  ex magistrado Pretelt, fiscales en antesala para extradición, jueces  acusados por prevaricato, empleados dedicados a la  venta de información procesal  o al carrusel de  los  repartos, viene generando una extraña sensación de impunidad en materia penal, que nos conduce a la dolorosa conclusión que esta rama del poder público, sustento de la paz social que se  busca no pasa por su mejor momento, sin aludir a la ausencia de los principios de eficiencia, eficacia y prontitud en las otras jurisdicciones donde se debaten intereses patrimoniales, comerciales, de familia  y contencioso administrativo.

Tampoco resulta extraña la frondosa nómina oficial en el ejecutivo para satisfacer cuotas partidistas, coloquialmente denominado “clientelismo”, fuerte de muchos dirigentes que han llevado en el pasado a la quiebra y al caos administrativo entes oficiales, instituciones que deberían ser manejadas con criterios técnicos y académicos, (Caprecom, la ESAP, ISS, Telecom, Ferrocarriles nacionales) terminaron en poder de dirigentes de dudoso cuño, con un grave agravante, la total ausencia de la idoneidad para el ejercicio de los cargos, solo importaba cumplir el compromiso con el elector mayor.

La clase política, salvo honrosas excepciones, es cuestionada por sus abusos de poder, opacando aquellos buenos  legisladores, estudiosos de la realidad nacional, con los escándalos que a diario la prensa independiente  denuncia, la mayoría de ellos a las puertas de las investigaciones penales por su juez natural, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá ejercer con la mayor objetividad procesal su función instructora  y sancionatoria, haciéndole claridad al país respecto al comportamiento ético de estos mal llamados  representantes populares. (Caso Odebreth, que no pase de ser un  tema de titulares de prensa).

Debemos reconocer que se  atraviesa por una crisis ética, donde la moral administrativa se ha derrumbado, donde el mal ejemplo cunde  desde la cúspide del Estado, con nombramientos de altos funcionarios con situaciones  judiciales no definidas, por estar sub – judice, comprometidos en graves investigaciones penales, disciplinarias, y fiscales, en actuaciones  atentatorias contra el erario, pero se les mantiene en el cargo, a diferencia de otros países que honran su dignidad  institucional, que  con  el solo indicio de  responsabilidad son separados  de las funciones.

En Colombia pareciera que estas sindicaciones fueran un trofeo, no pasa nada, se  les  encajona sus investigaciones, se acude al lobby o cabildeo  al más alto nivel, no hay renuncias, ni se las piden, siguen inmutables conservando sus puestos, con  cara “de yo no fui”, “se trata de una persecución política”, “no conozco a quien me denuncia.” “he actuado con trasparencia”.” Lo que tengo es producto de mi trabajo honrado”.

En buen romance, en este país nadie conjuga el verbo renunciar. La dignidad, el decoro  y el coraje  son postulados del pasado.

Sirvan estas reflexiones para auto culparnos: los únicos responsables o culpables de lo que sucede en el panorama político del país, y concretamente con la clase política somos nosotros los ciudadanos, no es que tengamos lo que nos merecemos como lo dice el aforismo popular, es que tenemos  lo que hemos votado y elegido.

Las cosas como son: hay una desazón institucional, un país descuadernado, (frase del ex presidente Lleras Restrepo) permeado por la corrupción, sin cohesión y tratando de ser dividido, donde solo ganan unos pocos  y perdemos los de siempre: los ciudadanos de a pié.

Adenda: Se  ha dado a conocer el  listado de aspirantes para ocupar las 51 plazas para integrar el Tribunal para la Paz- JEP- la mayoría con las condiciones académicas, experiencia y trayectoria profesional que los habilita para  el ejercicio de tan seria  tarea  de investigar  y definir   la suerte jurídica de quienes actuaron como actores principales en el conflicto armado, así como determinar la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas a lo largo de esa guerra sucia  que enlutó el territorio colombiano.

Académicos, tratadistas de derecho penal, ex altos funcionarios de estado,  miembros de la rama judicial, prestigiosos litigantes, ex magistrados, aparecen relacionados en la lista de candidatos para  proveer los cupos  de la JEP.

La responsabilidad  en la escogencia de estos magistrados es inmensa por parte de los seleccionadores, por cuanto  se omitió  como hubiera sido lo correcto acudir al concurso público de meritos, con pruebas escritas, valoración personal, experiencia relacionada, y no a la simple evaluación de las hojas de vida, donde  ojala no se dé  la presión y el cabildeo para  favorecer  ciertas aspiraciones.

Pero así como destacamos  la presencia de  importantes  profesionales, con merecimientos para ser ungidos como magistrados, se han colado en esas inscripciones personas con antecedentes no gratos cuando se desempeñaron como funcionarios judiciales, por sus actuaciones y polémico ejercicio de las funciones,  hasta el punto de  pretender utilizar  la rama judicial como puerta giratoria para sus intereses personales, ambiciones  corregidas a tiempo por  el Consejo de Estado, pero a pesar de estar por fuera de la rama se  han convertido en unos fantasmas de la misma y responsables de la poca credibilidad ciudadana.

Es principio básico que existiendo tan buena materia prima, se seleccione a los mejores, y no aquellos que en el pasado pretérito han tenido  cuestionamientos cuando ejercieron sus magistraturas, carrusel giratorio que deber ser  eliminado de la estructura  institucional.

Para tan seria  e importante labor que toca  con la paz social del país, se requieren juristas, profesionales probos, inflexibles, conocedores  de la materia, y no  burócratas judiciales.

Que este proceso de selección  en tan cuestionado tribunal, producto de los acuerdos de la Habana, sea un modelo de trasparencia, de lucidez, que reivindique la dignidad de  la magistratura.

 

Bogotá, Agosto  15 del 2017