Posibles consecuencias de la ley 1864

José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor

Hace varios días se sancionó la ley 1864 de agosto 2017 que modifica el código penal, fijando penas  entre cuatro y ocho años de cárcel, como elevadas multas a quienes violen los topes de gastos en las campañas electorales o utilicen recursos para estos fines de fuentes prohibidas, consagrándose una graduación de las mismas para quienes incurran en el delito de perturbación democrática, constreñimiento y fraude al sufragante, como  responsabilidades penales para los gerentes de campaña.

Una verdad de apuño. En Colombia existe una desconfianza desmedida en las instituciones encargadas del proceso electoral, como producto de la crisis de los partidos, el clientelismo, la corrupción y poderes armados ilegales que han capturado las elecciones  en  amplias  zonas del país para sí, imponiendo sus voceros y en pro de sus conveniencias, sectores que aún perduran, aunque se quiera desconocer ese grado de intimidación y corrupción.

Si la precitada ley tuviese efectos retroactivos, más de una sorpresa nos llevaríamos, más de un candidato o gerente de campaña estaría judicializado, por la forma como  se desarrollan los certámenes electorales en el país, donde  lo que menos se procura e importa es la trasparencia electoral y respeto por el votante, aunado a cierta clase política, que en lugar de las ideas, el debate  ideológico, el contacto directo con la realidad social, acuden al poder del dinero, a la compra de votos, al constreñimiento, al clientelismo voraz, como gancho para  mantener  cautiva una votación.

No hay duda alguna que la legitimidad de los procesos electorales en Colombia están bajo sospecha en buena parte del territorio nacional, con unas autoridades que rigen la materia sometidos a serios cuestionamientos, por la naturaleza de su origen y decisiones al vaivén de los acontecimientos políticos del momento.

Se debe reconocer que todas las fallas que se le endilga al sistema electoral colombiano, que generó una frase de un procurador de la época, cuando  expresó, “que  con el actual sistema electoral era imposible  hacer  elecciones limpias en Colombia”, pueden tener su génesis a la debilidad de los partidos, a las famosas obras de  desarrollo regional patrocinadas por el gobierno y el cuestionado ministro rentista Cárdenas, llamados  cupos indicativos, fuente de la degradación de la política, la trashumancia electoral, al clientelismo como mecanismo articulador por excelencia entre el Estado y el ciudadano, fenómeno que data de la herencia hacendataria colonial, en donde las estructuras sociales de compadrazgo y padrinazgo han devenido en  política.

Volviendo al tema de la recién expedida ley 1864, se destaca la responsabilidad penal para los gerentes de campaña que permitan en ella la consecución de bienes de fuentes prohibidas por el  marco legal existente para financiar campañas electorales, responsabilidad penal que se extiende al respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el texto legal.

¿Será que con el  modelo  de las actuales campañas  a que nos  tienen acostumbrados nuestra clase política, alguien se atreverá a aceptar una gerencia  a sabiendas de las limitantes legales para el desarrollo de la actividad proselitista de su candidato? ¿Servirá esta norma para abaratar los costos exagerados para desarrollar una campaña para cuerpos colegiados? ¿O se impondrá la malicia indígena, la habilidad, las mañas de esa clase política acostumbrada a los procedimientos torticeros para eludir las restricciones normativas? ¿Estos delitos electorales precipitarían volver a las listas cerradas, por cuanto las responsabilidades recaerían en los partidos  y no a los elegidos? ¿Al sistema electoral no le convendría mejor tener listas cerradas, por cuanto solo se tendría una sola campaña, la del partido y no las  múltiples que generan las listas abiertas o de voto preferente?

Como la esperanza es  lo último que se pierde, debemos confiar que esta ley, traerá  consecuencias  políticas para las campañas venideras, confiando sea el inicio de la depuración de nuestro precario sistema democrático, y que estos endurecimientos de los castigos encuentren eco con su debida aplicación por parte del sistema judicial (a veces tan laxo  para ciertos estamentos sociales), para quienes atentan contra la trasparencia electoral, y se tenga a futuro, procesos  populares diáfanos, respetando la voluntad del elector, por cuanto no es ajeno el sentimiento generalizado de la podredumbre en que algunos “ñoños, musas” y otros agazapados políticos que posan de estadistas en Bogotá, han convertido la política en  sus respectivas jurisdicciones.

Todo lo que se haga para proteger los mecanismos de participación democrática o el escrutinio de la misma,  debe tener el apoyo ciudadano, por cuanto no se  puede seguir soportando la situación actual en la que el diseño del sistema y el régimen electoral no envía mensajes de trasparencia, ni de limpieza, ni de claridad  a los procesos eleccionarios.

Lo que tenemos, duele reconocerlo, es perverso e irrespetuoso con el ciudadano, que en últimas  desconoce la suerte de su voto, si es  que se lo contabilizan.

Adenda: El mundo de las letras trae consigo el surgimiento de valores  humanos que amerita sean conocidos por la sociedad por la importancia de lo que exponen, la claridad de los conceptos en temas tan sensibles que tocan con la insurgencia armada que durante  muchas décadas ejercieron el control territorial, político y económico de grandes extensiones del  país.

Uno de los sectores seriamente comprometidos con el conflicto armado, lo fue indudablemente la población indígena, abandonados a su suerte por el Estado durante años, a punto de su extinción por factores que van desde la violencia política, las promovidas por los grandes gamonales, el narcotráfico y la más significativa, la desidia estatal frente a estas comunidades.

El abogado caldense, discípulo en las aulas del recordado Instituto Manizales en la cátedra de  Historia  de Colombia por  la década del  70 – 80, litigante y  docente universitario, JAIME JURADO ALVARAN, recoge de manera didáctica el desarrollo y ascenso de los fenómenos de la resistencia pacífica de los indígenas que durante años reclamaban su derecho a vivir en paz en los territorios ancestrales y no ser vinculados a un conflicto que  no les pertenece y donde terminan siendo víctimas.

La comunidad Embera ubicada en las montañas del occidente de Risaralda que buscan su retorno, es contada en un lenguaje sencillo por el  escritor, tras una década de forzado desplazamiento que los llevó a la mendicidad  en las peligrosas calles  bogotanas.

Los acuerdos de paz entre la comunidad nasa de Gaitanía y las FARC- EP tras 18 años de  sangrientos enfrentamientos, así como las campañas de limpieza de la tierra de los indios del norte del Cauca que en el 2012 los llevó con ardentía a desalojar de su tierras a todos los  actores armados, hacen parte de  este ameno libro, fácil de leer, salido de la pluma de un luchador por las causas sociales y que ha puesto a consideración de los lectores, en especial para quienes  gustan de la historia política, social, pues se tata de una  fotografía de lo que es  la Colombia olvidada, que afanosamente lucha por su supervivencia.

Llama la atención, la amena narración de lo acontecido con un vocero indígena  discapacitado solicitado en extradición, al que el ejército en un operativo con los apoyos logísticos del caso lo capturan en la zona de Corinto – Cauca,  increíblemente rescatado por un pequeño grupo de parientes, el cual desaparece por arte de magia sin dejar rastro alguno, a pesar de los fuertes  enfrentamientos entre el ejército y miembros de la guerrilla que ocupaba la zona.

FUGA EN SILLA DE RUEDAS Y OTRAS CRONICAS INDIAS, bien vale la pena   de ser leído, y forme parte de los anaqueles, por  tratarse de situaciones que reseñan los hechos  vividos en los territorios indígenas. Un libro  con  aroma novelística.

Bogotá,  Agosto 29 del 2017