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No hay impedimentos para la participación política de excombatientes: Alto Comisionado

24 de agosto de 2017
24 de agosto de 2017
Crédito: Fuerza Aérea EEUU | Jerry Morrison

Bogotá, 24 de agosto de 2017 (RAM) Insistió, además, que “el proceso de reincorporación a la vida social, económica y política es un elemento esencial para la consolidación de una paz estable y duradera”.

Por: Jorge Herrera

Durante su intervención en la audiencia en la Corte Constitucional sobre participación política de las Farc, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, dijo que “no existen patrones internacionales que en procesos de transición prohíban la participación política de excombatientes».

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Sin embargo, Rivera puntualizó que aquellos candidatos que hubieren sido miembros de las Farc, deberán, en el momento de inscripción de sus candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Insistió, además, que el proceso de reincorporación a la vida social, económica y política es un elemento esencial, sustancial y central para la consolidación de una paz estable y duradera.

«La participación política de quienes dejan las armas es un elemento fundamental que permite la reincorporación a la vida civil de quienes se encontraban en armas de manera ilegal», dijo Rivera.

Intervención Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera ante la Corte Constitucional.

Honorables Magistrados, buenas tardes.

En atención a la convocatoria efectuada por la Honorable Corte Constitucional, me permito intervenir como Alto Comisionado para la Paz en el marco de la revisión de constitucionalidad que esta Corporación viene efectuando sobre el Acto Legislativo 03 de 2017.

Quisiera empezar, Honorables Magistrados, por contarles las importantes noticias que en torno a la implementación del Acuerdo del Teatro Colón viene recibiendo nuestro país. La semana pasada, exactamente el 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia concluyó la extracción de los contenedores con las armas de las FARC que se encontraban ubicados en 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización. En total, según informe rendido por la ONU, el material transportado en los contenedores consta de 8.112 armas y casi 1.300.000 cartuchos incinerados.

De igual forma se comunicó por parte de la ONU que a la fecha tienen información de 873 caletas, de las cuales 510 han sido localizadas de manera exitosa. En las mencionadas caletas se han encontrado 795 armas, 293.803 municiones de diferentes calibres de armas ligeras, 22.077 kilogramos de explosivos diversos, 25.216 metros de cordón detonante y mecha lenta, 3.957 granadas, 1.846 minas antipersonal, 27.282 iniciadores-estopines y 1.130 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81mm, 60mm y cohetes.

Definitivamente, Honorables Magistrados, estamos presenciando uno de los momentos más soñados por todos los colombianos. Es precisamente la finalización de las FARC como organización armada.

Por su parte, con el fin de garantizar la reincorporación a la vida civil de quienes hacían parte de las FARC como organización armada, la OACP, a la fecha, ha acreditado 10.695 integrantes de las FARC, entre guerrilleros, milicianos y privados de la libertad.

El principal objetivo de un proceso de paz es ponerle fin al conflicto, lograr la dejación de las armas de un grupo armado al margen de la ley y buscar, posteriormente, la transformación de la organización armada en organización política. La primera parte de ese objetivo la hemos cumplido y repito, las FARC como organización armada ha desaparecido. Nos corresponde ahora propiciar su tránsito a organización política y fue por esto que tanto en el Acuerdo Final suscrito en el Teatro Colón, refrendado por el Congreso de la República y que fuere avalado por esta honorable Corporación, como en el Acto Legislativo, que se encuentra en revisión, se dejaron planteadas unas medidas que ayudarán a dicho tránsito.

Procesos de paz como los desarrollados en El Salvador o en Mozambique se tradujeron en la trasformación de las guerrillas en partidos políticos. En otros procesos como el de Guatemala o Indonesia se garantizó igualmente la participación política de quienes dejaron las armas.

El caso colombiano no ha sido muy distinto. La Constitución de 1991 desarrolló una serie de mecanismos que han permitido la reintegración de grupos armados al margen de la ley a la vida política, social y económica del país.

El artículo 12 transitorio de la Constitución buscaba, desde aquel entonces, que aquellos grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz pudieran tener representación en el Congreso de la República, con el fin de generar garantías de participación política a quienes estuvieran comprometidos con dejar las armas. Para tal efecto, se facultaba al Gobierno para la creación de circunscripciones especiales de paz o que nombrara un número plural de congresistas en cada cámara.

Casos como los del EPL, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, son muestras de las garantías positivas dadas a algunos grupos guerrilleros que permitieron su transición a la democracia. El EPL hizo su transición a organización política como partido político y pasó a llamarse Esperanza, Paz y Reconciliación. Se acordó, entre otros aspectos, su participación con dos voceros en la Asamblea Nacional Constituyente.

El PRT igualmente hizo su tránsito a partido político, con garantías administrativas, de seguridad, entre otras y con un cupo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Por su parte el Quintín Lame tuvo un vocero para participar en esa misma Constituyente.

A la Corriente de Renovación Socialista igualmente le fueron asignadas dos curules para su participación en la Cámara de Representantes durante el período 94-98.

El Acuerdo Final, que se traduce en el Acto Legislativo que actualmente revisa la honorable Corte Constitucional, busca materializar la transformación de una organización armada en organización política, abriéndole la posibilidad de participar de manera directa en el Congreso de la República, transitoria y excepcionalmente.

En primer lugar y como una consideración principal para la transformación de las FARC en organización política, se exige haber surtido completamente el proceso de dejación de las armas. Esta es una condición esencial que garantiza que las FARC se acaban como organización armada, antes de ejercer cualquier actividad política.

En segundo lugar, el partido político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal deberá cumplir con los requisitos exigidos para la conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos políticos de conformidad con la Constitución y con la ley. En este sentido, la entrega de bienes, cuya procedencia ilícita se presume, se constituye en un paso más hacia su tránsito a la legalidad como partido político. Para este partido procederá, igual que para el resto de partidos, la aplicación de las normas legales vigentes que sancionan con la pérdida de la personería jurídica la financiación de organizaciones políticas con fuentes prohibidas.

Así mismo, ese partido deberá competir electoralmente con el resto de partidos y movimientos políticos y no tendrá curules asignadas a dedo.

Como tercer aspecto fundamental está la transitoriedad. Las medidas excepcionales descritas en este Acto Legislativo van algunas hasta el 2022 y otras hasta 2026. Esto crea las condiciones para gestionar un proyecto político dentro de la legalidad y adicionalmente le brinda a ese partido una participación activa en la propia implementación de lo que ellos mismos como organización acordaron en el Acuerdo Final, lo cual incluso servirá, como mecanismo de rendición de cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones.

Para resumir, ya como partido político, tendrán las farc, o el partido político que surja, las mismas obligaciones y restricciones que los demás partidos políticos.

Teniendo claro el contexto, así como una serie de ejemplos que tanto en nuestro país como a nivel internacional han ocurrido y que permiten el tránsito a la democracia de quienes han estado al margen de la ley, procedo a responder las preguntas planteadas por ustedes en el tercer eje temático que se refiere a “la inscripción de listas únicas de candidatos propios del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, o en coalición y la asignación de curules en Senado y Cámara”.

Para la asignación de las curules en el Senado de la República, que se le garantizan al nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, con el fin de garantizar los derechos de quienes han estado en la democracia -especialmente de los partidos minoritarios-, se acordó en el Acto Legislativo que para los períodos 2018-2022 y 2022-2026 se adicionarán 5 curules en dicha corporación. De esta manera, ni el umbral, ni la cifra repartidora, afectarán las demás listas que compitan por las curules ordinarias en esta corporación.

El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá inscribir listas propias o en coalición con algún otro partido, como requisito para obtener sus curules. En efecto, tal y como lo describe el Acto Legislativo, para la asignación de las curules hay dos operaciones: la primera, incluye la suma de votos de todas las listas participantes para el Senado de la República, con el fin de establecer el número de curules al que tendría derecho el nuevo partido. Esto implica que la cifra repartidora y el umbral son incluso mayores para este partido. En caso de que los votos le permitan obtener 5 o más curules en Senado, no se les garantizarán curules adicionales. La garantía se activa si el número de votos no le permite a la lista del mencionado partido obtener por lo menos 5 curules. La segunda operación excluye los votos de la lista de este partido con el fin de establecer la cifra repartidora para las demás listas.

En el caso de la Cámara de Representantes el número de escaños únicamente crecerá en el caso de que el nuevo partido no obtenga curules por la vía ordinaria. Es decir que si por la vía ordinaria las listas presentadas logran que se les asignen por ejemplo 3 curules, las 2 adicionales para completar las 5 serán agregadas a las actualmente existentes en dicha corporación.

Segunda pregunta: ¿qué consecuencias jurídicas se derivan de la imposición de una condena en la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular por parte de quien haya sido combatiente de las FARC?

De una parte, tal y como se establece en el Acto Legislativo 3 de 2017, aquellos candidatos que hubieren sido miembros de las FARC, deberán, en el momento de inscripción de sus candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Incluso, en el proceso de acreditación desarrollado por la OACP, cada uno de los 10.695 acreditados debió firmar y estampar su huella en un acta en la que se comprometen: 1) a terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente; y 2) a contribuir a las medidas y  mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Un acta como esta donde cada uno de ellos estampo su firma. (MUESTRA EL ACTA)

En este sentido, teniendo en cuenta que el mencionado Sistema es un mecanismo de justicia transicional que tiene como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ese compromiso se constituye en una obligación principal para quienes participen y se beneficien de él. Por esta razón, en cualquier caso de incompatibilidad entre el cumplimiento de una condena impuesta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular, deberá primar el cumplimiento de la sanción impuesta por los jueces especiales de paz.

De otra parte, complementario a lo anteriormente expuesto, Honorables Magistrados, es importante subrayar que el tratamiento especial de justicia, entendido como la aplicación de las sanciones especiales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está condicionado, bajo el principio de la buena fe, a la contribución a la verdad y la reparación de quienes deciden acogerse a un Sistema que está centrado en las víctimas. En este sentido, no resultaría admisible el ejercicio de la política por parte de quienes incumplan con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En este punto vale la pena precisar que no existen patrones internacionales que en procesos de transición prohíban la participación política de excombatientes. Por el contrario, tal y como se demostró con algunos ejemplos en la parte inicial de esta intervención, la participación política de quienes dejan las armas es un elemento fundamental que permite la reincorporación a la vida civil de quienes se encontraban en armas de manera ilegal.

Las posibilidades reales de involucrarse en la política permiten a las organizaciones armadas que dejan las armas encontrar un verdadero elemento de influencia real en las instituciones democráticas que genera confianza y que, combinado con los elementos propios de la justicia transicional (verdad, reparación y garantías de no repetición), permite una real posibilidad de la transición hacia el fin del conflicto y la construcción de la paz.

Respecto de las garantías para el nuevo partido en los medios de comunicación, el Acto Legislativo en el numeral 4 del artículo transitorio 1 establece que los espacios en medios de comunicación serán los mismos que para el resto de partidos o movimientos políticos. Es decir, se establece un equilibrio de participación del nuevo partido con el resto de partidos políticos en los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, que son aquellos sobre los cuales el Estado dispone de espacios propios para la divulgación de plataformas políticas.

Honorables Magistrados, el proceso de reincorporación, a la vida social, económica y política es un elemento esencial, sustancial, central, para la consolidación de una paz estable y duradera.

Permítanme terminar citando un aparte del Acuerdo Final que resume la necesidad de este Acto Legislativo que esta Honorable Corporación se encuentra revisando: “El proceso de reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de contribuir a la terminación del conflicto armado, convertirse en sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición, y a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional.” Se trata de un elemento esencial de este Acuerdo de paz. En el corazón del Acuerdo está cambiar las armas por el ejercicio legal de la política.