5 de marzo de 2021
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Evelio Giraldo Ospina

Las otras amenazas

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
11 de agosto de 2017
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
11 de agosto de 2017

Por Carlos Alberto Ospina M.

La ciudad que permitió que el más sanguinario de los bandidos construyera un barrio con el dinero producto del narcotráfico, legitimara el lavado de activos, proporcionara bendiciones arzobispales a los diezmos manchados de sangre y creciera de forma dispar e intimidada, no ha conseguido superar en cinco lustros la totalidad de los males que la aquejan. Contrario al desaliento de otras épocas, Medellín, tuvo una relativa capacidad de resiliencia frente a las múltiples problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana. Digo, que no es absoluta, porque la dinámica de los cambios sociales y la sofisticación de las acciones criminales, en sinnúmero ocasiones, han cogido con los calzones a bajo, a las diferentes autoridades.

Centenares de investigaciones, documentos e informes, instruyen, sobre aquellos nefastos años de la guerra en sus diversas manifestaciones: narcotráfico, milicias, paramilitarismo, guerrilla, bacrim, delincuencia común, ladrones de cuello blanco y agentes corruptos del Estado. La expresión de que “Medellín y Antioquia están sobre diagnosticadas” no fue impedimento para tratar de reconstruir, lo fundamental, el tejido social deteriorado. En medio del aparente naufragio de valores y complicidad de amplios sectores, hubo muchas posturas determinantes y talanqueras concretas contra la descomposición que carcomía la pujanza e identidad paisa. ¡Sin duda! Había que ver el miedo y la incertidumbre de las personas amenazadas por los delincuentes; no obstante, se tomó la decisión institucional de enfrentar la adversidad. El sector gremial, a una voz, respaldó al Gobierno de turno. El entonces, Sindicato Antioqueño, adoptó medidas con el fin de evitar la infiltración y la compra de empresas por parte de los malhechores. Iguales posiciones tuvieron que asumir algunos clubes sociales y el sector inmobiliario. La desbandada también alcanzó a los equipos de fútbol, no por protocolo ético, tan solo por el cambio de costumbres y la presión legal. Al parecer el cansancio y el dolor de vivir en medio de la inseguridad cotidiana, incitó, tal reacción. A pesar de la problemática social, económica, educativa y cultura, la ciudad de la eterna primavera, zanjó y cambió su destino incierto.

La muerte brotaba a flor de tierra, a la vuelta de una esquina, en un parque o en el centro comercial, las personas se vieron obligadas a adoptar una posición de principios básicos de subsistencia: la vida o la supresión de las causas de la violencia. Todavía no está bien salvaguardada la primera, y la segunda, continúa vigente, no por complicidad e indiferencia, tal vez, porque en la urbe y en la nación campea la inequidad. Es innegable que en las dos últimas décadas se abrieron otros espacios de inclusión e inversión social, a la par que el área metropolitana dejó su vocación industrial y pasó a otra dinámica más comercial y de servicios. Por esto, la generación de empleo es lenta y más especializada. En la otra orilla, la herencia maldita del narcotráfico y las aristas que componen el negocio, encontraron en los centros urbanos y rurales distintos modos de distribución y venta de drogas a través de la economía de escala. El mercado se segmentó y los huevos, narcóticos, no están en la misma canasta. El fenómeno no es exclusivo de Medellín ni de Antioquia, de hecho, todo el país es un complejo entramado de franquicias. Este sistema de operaciones productivas incluye precursores químicos, empresas de transporte logístico, rutas, laboratorios, comercialización de armas, división geográfica de plazas de vicio, bolsa de valores, centros de acopio y distribución, diseño y empaque de dosis, compra-venta de vehículos y algunos cuadrantes, entre una multiplicidad de fueros delictivos con vínculos transversales y convergentes.

Las cámaras de vigilancia, los drones, las patrullas, las motos y el helicóptero de la fuerza pública parecen no tener enfoque preciso ni visión integral de la problemática de seguridad de Medellín. Hace un mes en la “terminal de transporte”, parqueadero, del barrio Antioquia, durante un fin de semana cerraron las calles y prohibieron el estacionamiento en la franja aledaña al aeropuerto Olaya Herrera. La orden fue impartida por el capo de la zona, la cual tiene más de 150 plazas de vicio. El “festival” contó con la presencia de orquestas, carpas y hermosas mujeres que cargaban charoles con dosis de variadas drogas. Señor Alcalde, la pregunta es simple: ¿Qué pasa?

Los semáforos de la Calle 33, entre el antiguo Palacio de Exposiciones y el centro comercial San Diego, están plagados de vendedores minoristas de drogas, camuflados de limpiavidrios u otros. Esos sujetos intimidan a los conductores con armas blancas, tal como se puede visualizar en las cámaras, y aún así, no son sometidos a requisas diarias por parte del cuadrante de la policía. Esta situación es replicada en otros sectores de la ciudad. Algunas estaciones del Metro son utilizadas como “puntos de transferencia” de pequeñas dosis, ¡y nadie ve nada! Como dice usted, señor alcalde, Federico Gutiérrez, “es muy verraco trabajar así…sin cooperación ni denuncia”.

¡Ojalá! Las dos nuevas fiscales especializadas pueden salir al paso a las supuestas órdenes impartidas contra el alcalde de Medellín y su administración por parte de las Odin y las Bacrim. “Hay que crear caos en la ciudad para que `Fico’ deje de joder, más ahora, que su ex Secretario de Seguridad está preso”. Las tácticas de estas organizaciones no serán innovadoras, pero sí, más continuas, con el objetivo de amedrentar al ciudadano y distraer la atención. Al estilo de otras ciudades capitales, el “mandato” es aumentar el hurto de automotores y aprovechar la congestión vehicular para arrancar, desde una moto o a pie, los retrovisores. En los sectores sometidos a operativos de control y vigilancia, la instrucción es incrementar la “vacuna” a los transportadores públicos y a los tenderos de barrio. En los corregimientos se habla de un “plan candado” a la manera de las bandas criminales, disfrazado de frontera invisible. Tal como sucedió la semana pasada en el centro de Medellín con la cerveza, pretenden retomar las amenazas, la extorsión y el bloqueo a las empresas distribuidoras de alimentos, bebidas y productos básicos de la canasta familiar. En ciertos casos, quemarán los carros y en otros, fomentarán el saqueo. Otro distractor, lo componen los hipotéticos “grupos de limpieza social” que buscarán generar desconfianza institucional, miedo en la comunidad e intimidación a rectores de colegios públicos en aquellas zonas donde el ejército y la policía realizan operativos. El desmembramiento y los cuerpos lanzados a la vía pública, no solo reflejan una lucha territorial. ¡Ojo, con eso! Los organismos de investigación tendrán que redoblar y coordinar esfuerzos.

Razón tienen el alcalde, Federico Gutiérrez, y la directora contra organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla, cuando claman a los jueces medidas de aseguramiento de carácter intramural; en lugar de la burla que representa la detención domiciliaria. En estos casos, la decisión soberana y autónoma del juez, atenta contra la seguridad ciudadana, el restablecimiento y el control del orden público. Las alarmas encendidas por la Ley de Excarcelación no se reducen a la liberación de peligrosos delincuentes. El asunto de fondo es la profunda crisis en la administración de justicia que no resuelve, en un año, la situación del detenido. El nuevo Código de Policía y la Ley de las pequeñas causas, son otro encarte en el manejo de la justicia debido al riesgo de impunidad y corrupción.

El respaldo a la gestión y a la decisión de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga de combatir las organizaciones criminales, debe y tiene que ser, irrestricto. Los gremios, el sector empresarial en su conjunto, el Concejo de Medellín, las universidades, las ONG, los medios de comunicación, la fuerza pública y la sociedad civil en general, deben entender que no es contra él las amenazas, mejor dicho, lo que es con Federico, atañe a Antioquia, a Medellín y a toda Colombia. El resto de su desempeño, el juez implacable de la historia, lo revelará.

Enfoque crítico – pie de página. Algunos sectores reprochan la permanente exposición mediática y el talante informal de “Fico” Gutiérrez. Lo cierto, es que les da la cara a los problemas más urgentes sin arrogancia ni autosuficiencia. Por eso, el temor de los antagonistas de turno no debe ser la ascendente carrera política del alcalde de Medellín, más bien deberían utilizar su verbo y energía en oponerse a las organizaciones criminales que azotan la ciudad. El estilo peculiar es lo de menos, la autoridad es el camino a seguir.