29 de marzo de 2024

Las Zonas Azules bajo la administración de SUTEC S.A

23 de julio de 2017
23 de julio de 2017

Manizales, 24 de julio de 2017. Desde el 30 de junio, el consorcio argentino SUTEC S.A. está a cargo de la Administración, Señalización y Mantenimiento de las Zonas Permitido Parqueo en Manizales, programa conocido como Zonas Azules. La llegada de la empresa argentina a la ciudad, la cual nació en 2003 como una escisión de la multinacional tecnológica Siemens, fue posible gracias a la modificación de las normas que desde 1992 regían este sistema.

En 2016, la Alcaldía de Manizales, luego de negarle al anterior operador un incremento en la tarifa de $200 pesos y no permitirle la reducción de obligaciones contractuales, peticiones que según sus directivos se daban debido a que el modelo establecido era financieramente inviable[2], impulsó en el Concejo de Manizales la reforma a las Zonas Azules. A través del Acuerdo 904 de mayo de 2016, se elevó la tarifa de parqueo en $700 pesos y se permitió que entidades con ánimo de lucro pudieran manejar el sistema, aspecto que estuvo prohibido desde su creación por tratarse de un programa social, cuyo objetivo primordial era vincular laboralmente a la población vulnerable.

Estas nuevas condiciones, sin lugar a dudas, han modificado la naturaleza del programa, transformándolo en un negocio lucrativo, que hoy está a cargo de un consorcio cuestionado por actuaciones en Colombia y otros países[3] (Ver:https://goo.gl/fuALVX). El esquema actual, contrario a generar estímulos para que el fin principal sea la garantía de trabajo para personas en condición de vulnerabilidad (población en situación de discapacidad, adultos mayores, padres y madres cabeza de familia), impulsa al concesionario a maximizar sus utilidades por la vía de disminuir la nómina, imponer mayores cargas laborales e incorporar elementos tecnológicos en la operación.

En síntesis, el actual modelo avanza bajo el ánimo de lucro -ajeno al programa durante 24 años-, el incremento en la tarifa de un 58% (de $1.200 pesos a $1.900 pesos la hora de parqueo),  la ampliación de los recursos para el operador privado en un 35% (de $2.165 millones pesos anuales a $3.006 millones bajo el contrato vigente), el aumento en un 100% de la duración de la concesión (de 3 años a 6 años) y la disminución de las obligaciones contractuales para el concesionario en un 68% (de 28[4] a 9).

A continuación, Manizales En Común reseña los hechos más notorios y preocupantes de la implementación –actual y futura- del nuevo modelo del programa de Zonas Azules en la ciudad:

DESPIDOS MASIVOS

Más de 80 personas fueron desvinculadas del programa de Zonas Azules al iniciar la administración de SUTEC S.A. La separación de estas personas de sus cargos no contó con la autorización del Ministerio de Trabajo ya que esta entidad ni siquiera fue consultada al respecto. Al tratarse de población que goza de especial protección constitucional (mujeres en embarazo, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, madres y padres cabeza de familia), los despidos violentan el derecho a la estabilidad laboral reforzada, el cual garantiza que las personas en condición de vulnerabilidad conserven sus puestos de trabajo hasta tanto haya autorización de la policía administrativa del trabajo para su desvinculación.

Por situaciones como la de José Hernando López, persona de 74 años, con catarata congénita y una esposa de la tercera edad y dos hijos con discapacidades, que dependen de sus ingresos, Manizales En Común radicó queja formal ante el Ministerio del Trabajo y asesoró la radicación de decenas de tutelas, solicitando que se declare la ineficacia del despido y se ordene el reintegro inmediato de estas personas al programa, así como el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.

INCREMENTO EN LA JORNADA Y MAYORES CARGAS LABORALES

SUTEC S.A. impuso desde el primer día de operaciones una jornada laboral promedio de 12 horas para los orientadores de las Zonas Azules, duplicando así las horas que usualmente trabajaban (6 diarias en promedio) y trasgrediendo las normas laborales, ya que en este caso tampoco solicitaron permiso del Ministerio de Trabajo, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y las normas de la Seguridad Social Integral. La extensión de la jornada generó que varios trabajadores, llamados por la empresa para continuar labores en el programa, desistieran de aceptar el llamado, toda vez que consideraron que se ponía en riesgo su salud y su vida al exponerse a cargas desproporcionadas conforme a sus condiciones especiales de vulnerabilidad, como su discapacidad o su vejez.

Aunado a la extensa jornada, que ha propiciado afectaciones en la ya menguada salud de los orientadores, al punto de que varios ya han tenido que ser hospitalizados, SUTEC S.A ha incrementado el número de zonas que están a cargo de los trabajadores ya que el contrato vigente no les impone ningún límite en este sentido, contrario a lo que sucedía anteriormente[5] (Ver:https://goo.gl/715EmA). Orientadores que tenían a su cargo una zona en tiempo pasado, hoy se ocupan de dos, tres y hasta cuatro, con lo que su carga laboral se ha incrementado notoriamente y se ha generado un escenario adverso ya que múltiples usuarios se van sin pagar el tiquete, ocasionando que dicho dinero les sea descontado de su salario al final del mes.

DESPIDOS POR “BAJO RENDIMIENTO” A ORIENTADORES

Sin cumplir un mes de labores, SUTEC S.A ya ha desvinculado a varios trabajadores con experiencia en el programa, supuestamente por bajo rendimiento. La explicación de la empresa reside en que estas personas no superaron el periodo de prueba ya que no cumplieron cabalmente sus labores, dentro de las jornadas de 12 horas impuestas y bajo el cuidado de varias zonas simultáneamente.

Los despidos han afectado a personas en situación de discapacidad, como José Jair Orjuela, que tiene retardo mental moderado y sufre de epilepsias, o Astrid Milena Menjura, con amputación del miembro inferior izquierdo y madre cabeza de familia. De nuevo, la empresa argentina realizó los despidos sin solicitar el permiso reglamentario del Ministerio de Trabajo para desvincular a sujetos que cuentan con protección especial, razón por la cual dichos despidos también deben ser declarados ineficaces y se debe reintegrar a las personas nuevamente.

PROFUNDIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Alcaldía de Manizales, como prestadora del servicio público de parqueo permitido en la ciudad, y supervisora y garante de la administración de este servicio por terceros, mantuvo una actitud de omisión mientras se violaban derechos fundamentales mediante los despidos masivos sin autorización o con el aumento de las cargas laborales, pero, además, no contempló ninguna medida o política que permitiera a la población en condición de debilidad manifiesta garantizar su derecho al trabajo y al mínimo vital, a pesar de existir una política pública desde hace dos años[6]. Todo lo anterior, en vez de promover la igualdad material mediante la discriminación positiva, profundizó las desigualdades de una población en clara desventaja social (Ver:https://goo.gl/B6uWKu).

CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE NO PERTENECÍA AL PROGRAMA

SUTEC S.A no vinculó a personas que contaban con hasta 20 años de experiencia en el programa y cuyos únicos ingresos provenían de su labor en él. En su lugar, ha venido contratando a gente que nunca estuvo vinculada a las Zonas Azules y que, según algunos ciudadanos y medios de comunicación, tienen mayor grado de funcionalidad física o simplemente no están en situación de discapacidad, situación que ratifica la forma en que se viene desvirtuando el carácter social e igualitario del programa.

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

Al no estipularse una cantidad mínima de trabajadores, la incorporación de tecnología, pagada en gran medida por los usuarios a los que se les incrementó la tarifa en casi un 60%, seguramente provocará que se amplíe la reducción de personal y que se seleccione a los trabajadores bajo otros criterios.

La implementación en menos de 6 meses de datafonos, aplicaciones móviles, tarjetas de recarga y otros dispositivos, no será de fácil manejo para adultos mayores, personas con discapacidades cognitivas o visuales y trabajadores con movilidad reducida en los miembros superiores, como Rosaura López, que tiene 74 años y padece artritis reumatoide. El futuro laboral para muchos trabajadores será aún más incierto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las modificaciones estructurales realizadas a las Zonas Azules le han impuesto una lógica de negocio al programa a pesar de haber sido durante 24 años un modelo nacional respecto a la vinculación laboral de la población en condición de vulnerabilidad. En este sentido, SUTEC S.A, amparado en las condiciones del contrato que firmó con la Alcaldía de Manizales, ha procedido a reestructurar la nómina, reducir costos y suprimir gastos considerados como “no estratégicos”, con el fin de maximizar las ganancias, las cuales, debido a la modificación del modelo, el incremento de la tarifa y la reducción de obligaciones, estarán aseguradas en una importante cuantía para el consorcio argentino.

Manizales En Común solicitó un acompañamiento especial por parte de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Ministerio de Trabajo, en los procesos jurídicos y de movilización social que adelantan las personas que perdieron su empleo y las que soportan condiciones laborales extremas bajo la administración del actual operador, con el fin de que sus derechos al trabajo, la igualdad, el mínimo vital y la dignidad humana, les sean restablecidos. La corporación también instó a la Alcaldía de Manizales a extremar las medidas de control y vigilancia sobre el contrato suscrito con SUTEC S.A, a fin de garantizar que la firma extranjera respete la legislación colombiana, e invitó a la administración municipal, al Concejo y otras entidades a revisar integralmente los impactos del nuevo modelo de Zonas Azules, en aras de que el programa recupere su carácter social e igualitario.

Informe Equipo Manizales En Común[1]

[1] Camilo Ernesto Giraldo: Presidente y Representante Legal; Darío Arenas Villegas: Director; Alexander Álvarez Giraldo: equipo jurídico; Angelo Ospina: equipo jurídico; Jonathan Orozco Tamayo: equipo jurídico.
[2] Concepto del Asesor Jurídico de la Asociación de Personas con Discapacidades-APD en debate de control político del Concejo de Manizales. 12 de febrero de 2016.
[3] Autoridades judiciales y de control y medios de comunicación han reseñado hechos presuntamente irregulares en Colombia y Perú, así como sobre la existencia de sociedades Offshore en Panamá con conexión directa con la compañía argentina.
[4] En el contrato No. 1506030404 del 3 de junio de 2015, celebrado entre la Asociación de Personas con Discapacidades-APD y el Municipio de Manizales, al contratista se le exigieron, entre otras cosas, contratar un supervisor por cada 17 zonas azules; diseñar una estrategia para publicitar en redes y páginas web el programa; 17 actividades anuales de integración, recreación y celebración para la totalidad del personal y en algunos casos para toda la familia; realizar campañas permanente con los usuarios con material publicitario masivo y full color; desarrollar procesos de capacitación y crear un comisariato de víveres y enseres.
[5] En anteriores contratos, la Alcaldía de Manizales le exigía al operador del programa que contratara 1 orientador por zona azul en la Plaza de Mercado y de 1.5 orientadores por zona azul en el resto de la ciudad.
[6] Política Pública Discapacidad Manizales. Comité Municipal de Discapacidad. Febrero de 2015.