21 de marzo de 2019
Aguas de Manizales - Marzo 2019

Grandes condenas contra el Estado repetirán contra sus funcionarios

Por Tomás Nieto
5 de junio de 2017
Por Tomás Nieto
5 de junio de 2017

 

el campanario

Por Tomás Nieto

Un volumen cuantioso de acciones de repetición procederán en los próximos días contra las entidades estatales y éstas, por mandato constitucional y legal, serán direccionadas contra los funcionarios públicos que dictaron los actos administrativos para que, precisamente, ellos terminen cancelando con sus propios peculios los perjuicios y daños causados con sus dolosas determinaciones.

Existen actualmente diferentes entidades y servidores públicos que tendrán que afrontar estas determinaciones judiciales metiéndose la mano a sus propios bolsillos y asumiendo con su patrimonio personal enormes sumas de dinero.

EN LA PROCURADURIA

En la Procuraduría General de la Nación y en la Cancillería, por ejemplo, estas acciones de repetición están al rojo vivo.

Hace pocos días, la Procuraduría General de la Nación, fue notificada por la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, de la decisión del Consejo de Estado de levantarle la suspensión que le impuso administrativamente el exdirector del Ministerio Publico, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien la destituyó fulminantemente del ejercicio de la senaturia y la inhabilitó por décadas.

Igualmente se prevé que si el Consejo de Estado tumba próximamente los concursos administrativos puestos en marcha por el ex procurador santandereano para proveer cargos de procuradores judiciales, se adelantarán un sinnúmero de acciones de repetición fiscal contra la procuraduría y, ésta, por mandamiento judicial, tendrá que hacerlo contra Ordoñez Maldonado.  Las sumas que se tendrán que cancelar a los perjudicados son realmente gigantescas.

EN EL MINISTERIO DE RELACIONES

Ahora bien, en la Cancillería, las acciones de repetición también s ponen color de hormiga.

Recientemente el tribunal Administrativo de Cundinamarca con ponencia del Magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, aprobó judicialmente la conciliación efectuada en la Procuraduría 50 Judicial II entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el exembajador en México, José Gabriel Ortiz Robledo por la suma de $285.451.200.oo.

Ortiz Robledo a quien se recuerda popularmente por su programa de televisión “Yo, José Gabriel”, reclamó y obtuvo por vía conciliatoria ante el Ministerio público, el pago de los aportes pensionales y los respectivos intereses moratorios, por el tiempo en que se desempeñó como embajador de Colombia ante el Gobierno de México, entre el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de agosto de 2015.

En próximos días, una vez la cancillería cancele un poco más de doscientos ochenta y cinco millones de pesos a José Gabriel Ortiz, se repetirá internamente contra varios de sus funcionarios, principalmente, de la Oficina de Coordinación de Nómina y Prestaciones Sociales. Seguramente, algunos procuraran insolventarse.

Ya cayó la primera funcionaria. Justamente, por no haber, imputado en nómina los aportes a seguridad social del flamante embajador, fue obligada a dimitir, la Coordinadora, Erly Patricia García Velandia.

Esta funcionaria, posteriormente, a su retiro, envió un memorial de descargos a la canciller María Ángela Holguín Cuellar, en donde pretende aclarar la situación; empero, reconoce que nunca se hicieron los pagos respectivos obligatorios de parafiscales al Embajador Ortiz Robledo. La encartada es descomunal.

NORMAS CLARAS.

Para mayor ilustración sobre las acciones de repetición fiscal, vale indicar que el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Nacional determina que en el “evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste.”

Ciertamente, el constituyente, a través de esta disposición consagró el deber del Estado, de repetir contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, ha sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos.

Reglamentariamente, el legislador, en desarrollo del anterior mandato constitucional, consagró en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo vigente, la acción de repetición, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario suyo, pueda solicitar a éste el reintegro de lo que ha pagado al particular beneficiario de la sentencia.

De acuerdo con lo anterior, la acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado.

Por último, es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política.

Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública.

En materia contractual, la acción de repetición se encuentra consagrada en el artículo 54 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que en caso de ser condenada una entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa grave de un servidor público, la entidad, el ministerio público, cualquier persona o el juez competente, podrán iniciar la respectiva acción de repetición siempre y cuando no se hubiere llamado en garantía al servidor dentro del proceso.

TOLON TILIN

En los próximos meses y años, las acciones de repetición crecerán como la sombra cuando el sol declina, opinan los entendidos de este ámbito judicial, pues los errores de los funcionarios públicos, a diario, se disparan vertiginosamente.