28 de marzo de 2024

Los tumbos del Consejo de Estado

26 de mayo de 2017
26 de mayo de 2017

Por Guillermo Mejía Mejía (foto)

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de junio de 2016, magistrado ponente Alberto Yepes Barreiro, en un extenso texto de 61 páginas, declaró la nulidad de la elección de la gobernadora de la Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez. Por tratarse de una sentencia de unificación, artículo 270 del CPACA, se lee en el fallo, se entiende que será, en adelante, orientadora de otras decisiones judiciales sobre casos similares ya sean proferidas por autoridades administrativas como el Consejo Nacional Electoral (CNE), o por jueces singulares o colectivos y cuyo propósito es garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad.

La principal decisión de este fallo es que los efectos de las sentencias, en materia electoral, son hacia el futuro – ex nunc – y no como se concebía antes cuando se declaraba la nulidad de una elección que se entendía que si el acto de elección era nulo, se consideraba que el sujeto pasivo nunca había desempeñado el cargo –efectos ex tunc – lo que traía como consecuencia que el afectado se podía presentar de inmediato a una nueva elección, como ocurrió con el gobernador de Caldas Guido Echeverry, avalado por conceptos previos de la Sala de Consulta del mismo Consejo de Estado y por decisión del CNE cuando resolvió no revocar  su inscripción como candidato. Ese cambio de posición de la Corporación se toma “en respeto a la “verdad material y cierta”, por encima de la mera ficción jurídica”, tal como lo dice la misma sentencia de la que se habla.

Parece que en virtud de ese fallo, el de Oneida, que ya obligaba por ser sentencia de unificación, la magistrada ponente ordenó la suspensión de la elección del gobernador de Caldas Guido Echeverry y éste tuvo que retirarse del cargo. La nulidad de la elección de Echeverry se venía venir pues si aplicaba la tesis de la sentencia que retiró a Oneida de la gobernación de la Guajira, evidentemente Echeverry había sido gobernador y claramente estaba inhabilitado.

Pero ocurrió el milagro…

El proceso pasó a la Sala Plena del Consejo de Estado y en una votación de 14-10, la tesis de la Sección Quinta sobre los efectos de las sentencias hacia el futuro-ex nunc- fue echada para atrás y se regresó a la jurisprudencia centenaria del Consejo de Estado que dice que las sentencias de nulidad tienen efectos retroactivos-ex tunc- y por consiguiente si a Guido Echeverri (foto) le anularon su primera elección como gobernador, nunca lo fue y por tanto estaba habilitado para presentarse a una nueva, como se lo dijo el mismo Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta. Y efectivamente el doctor Guido Echeverry, merecidamente, puede regresar al cargo de donde no debió ser suspendido.

Y cómo ocurrió el milagro…

Al Consejo de Estado no le gustó el proyecto de acto legislativo que presentó el Ministro del Interior sobre reforma política, pues en el artículo 18 del mismo, las funciones sobre asuntos electorales, que conoce actualmente la Sección Quinta, le serían trasladadas al nuevo ente creado, el Consejo Electoral Colombiano. Según se conoce por los noticieros radiales, las directivas de esta alta corte, en visitas institucionales, de acuerdo con lo afirmado por su Presidente, han defendido las competencias actuales de esta Corporación. Por su parte el presidente del Senado, doctor Mauricio Lizcano (foto), en un video que circula profusamente en las redes sociales incita a no aprobar el cambio de competencias electorales del Consejo de Estado al nuevo Consejo Electoral Colombiano. En Caldas se sabe que Lizcano ha sido muy bien tratado por el gobernador Echeverry en materia burocrática.

Puede que estas visitas institucionales de los directivos del Consejo de Estado al Congreso y de los congresistas a esta Corporación sean lícitas, pero sí dejan un mal sabor en la opinión pública pues un cambio de jurisprudencia en tan corto tiempo, más tratándose de una sentencia de unificación, y sobre todo de un proceso en el que tiene evidente interés el Presidente del Senado, no dejan de ser sospechosas. El artículo 18 del proyecto de acto legislativo presentado al Congreso por el Ministro del Interior, con seguridad no será aprobado. Pónganle la firma.

La voz que más suena en Cambio Radical

Si en algo les tomó ventaja Cambio Radical a los demás partidos, es en la estructura. No cualquiera sale a dar declaraciones sobre temas tan calientes como la ley de tierras, por ejemplo, o la reforma electoral, o el espinoso asunto de la inseguridad jurídica que se respira en determinados estamentos del país.

La voz que más suena se llama Jorge Enrique Vélez (foto), el exsuperintendente de Notariado y Registro, hoy presidente de Cambio Radical. Es la voz del partido.

La vigencia de su autoridad se sintió la semana pasada aquí en Medellín, con su presencia en varias reuniones con el exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas.

Vélez llega inclusive primero que Vargas. Y tal vez por una estrategia que ha dado resultados, asume la vocería en los temas mencionados. En una de las reuniones en el Club Campestre con el candidato, Vélez hizo una presentación absolutamente brillante sobre la ley de tierras. Y con una claridad meridiana dijo que el partido Cambio Radical está en contra de esta ley, tal cual está concebida.

Son de tal contundencia sus concepto, que es solicitado por CM&, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, La República y sus declaraciones son reproducidas en las redes sociales.

¿Vargas comenzó a marcarle distancia al Gobierno?

El almuerzo de la semana pasada en el Club Campestre fue tan crítico como concurrido. Crítico porque no vetó tema alguno, y concurrido porque se separaron 30 sillas para los empresarios invitados, pero asistieron casi 50. Tan buena la asistencia que hasta a la bella esposa del candidato, Luz María Zapata le tocó ceder su silla. Lleno total.

El primer tema, el más caliente de todos, la ley de tierras. El primero en salir a debatirlo con conocimiento de causa fue Jorge Enrique Vélez, el presidente de Cambio Radical. Sin pelos en la lengua Vélez dijo que es una ley atentatoria contra la propiedad privada y que Cambio Radical está en contra de ella. Y expuso los daños colaterales que puede producir en el país y en su imagen, por la inseguridad jurídica que produciría.

Luego el candidato Vargas (foto) presidió un conversatorio con los empresarios, claro y francote, que dejó entrever que Cambio Radical comenzó a marcarle distancia al Gobierno del presidente Santos. Eso sí, Vargas Lleras fue claro en manifestar en varias ocasiones que no se expresó en contra de algunos temas con los cuales no estaba de acuerdo con el Gobierno, por respeto al Presidente. Pero que ahora sí se siente en todo el derecho a manifestar lo que piensa.

“Más claro no canta un gallo”, la frase que se dio la vuelta en cuatro días…

El 19 de este mes el presidente Santos (foto) soltó una frase que recorrió el país y algunos medios internacionales, cuando su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump aceptó los 450 millones de dólares de ayuda a Colombia: – “Más claro no canta un gallo”.

La alegría duró poco, porque este martes 23 el presidente Donald Trump presupuestó una inesperada  reducción del 35 por ciento a los recursos que Estados Unidos le da anualmente a Colombia.

En su presupuesto para el año 2018, el presidente republicano solicita US$ 251.400 millones en recursos administrados por el Departamento de Estado para la guerra contra las drogas y algunos programas de desarrollo social y posconflicto.
Según publican algunos medios, entre ellos El Tiempo, la cifra es muy inferior a los US$ 391 millones para Colombia (en fondos del departamento de Estado), que acaba de aprobar el Congreso de EE. UU. para este 2017.
Pero el recorte más agudo de todos recayó precisamente en los fondos que tendrían como destino respaldar la paz.
De US$ 187 millones que llegarían este año, Trump pide bajar a US$ 105 millones. Es decir, un recorte del 45 por ciento.
En la propuesta para el 2018, el proyecto Trump contempla que los US$ 105 millones en desarrollo social servirán “para ayudar al país en la transición de 52 años de conflicto a la paz”.
Además de estos recursos, la administración republicana asigna US$ 125 millones para la lucha contra el narcotráfico, unos US$ 18 millones menos que lo previsto para 2017 (US$ 143 millones) y US$ 20 millones para desminado, cifra muy similar a lo que acaba de aprobar el Congreso para este propósito (US$ 21 millones para este año), y otros US$ 1,4 millones para Educación Militar.

El anuncio del recorte, vaticina una difícil gestión para Camilo Reyes, el nuevo embajador ante la Casa Blanca que acaba de nombrar Santos como reemplazo del exministro Juan Carlos Pinzón. (Con datos de El Tiempo, Blu y RCN).