La protesta social. Qué significa?

José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor

No es  política reflexiva que por parte de  las altas  esferas  oficiales se trate de restarle importancia a la protesta social, desconociendo las dificultades por las que atraviesa el país, en el campo económico, de la hacienda pública, el preocupante malestar ciudadano, por diversos factores que van desde una reforma tributaria fiscalista, lesionadora de las clases populares, regresiva, una justicia de difícil acceso para el usuario y cuando acude a esas instancias debe soportar la indefinición de sus procesos, la salud debatiéndose en las peores condiciones de la  historia reciente, una educación pública cuestionada con un  paro nacional desde hace varios días, nos hace pensar que la estructura estatal ha entrado a cuidados intensivos, sin considerar otras manifestaciones sociales, como el paro cívico del Chocó,  las movilizaciones de los taxistas, de los habitantes del puerto de Buenaventura, las protestas de los trabajadores estatales, como la anunciada por los empleados y funcionarios de la rama judicial, así como los reclamos de otros estamentos de la  economía nacional.

Imposible desconocer estas expresiones colectivas que equivalen a un  rotundo “NO” a la situación presente del país, es el signo de una inconformidad latente, es la expresión de un conflicto y como tal debe ser tratado.

Ahora bien, se debe reconocer que en nuestro sistema político, se consagran  una serie de derechos de orden social, como el de la vivienda  digna, pero sin criterio electoral, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros, como Estado social de derecho, consagrado en el artículo primero de la carta política; sin  embargo muchas veces los mismos no son reconocidos y menos satisfechos, obligando a esa población en situación de vulnerabilidad para poder ser escuchados recurrir a la protesta , como único medio de ser oídos por el gobierno  nacional  o territorial, con el fin de  reclamar la satisfacción de esos derechos de índole social.

El esquema para la solución de las protestas sigue siendo el mismo, se nombran comisiones de diálogo, el ministro respectivo se hace presente con la publicidad mediática, se firman actas de acuerdo, la mayoría incumplidas, o en el peor de los casos la respuesta es la represión policiva, seguida de la criminalización de dichos actos.

El ejercicio de los derechos constitucionales de ninguna manera puede convertirse en un delito, por cuanto se estaría judicializando los conflictos sociales, propio de los  regímenes totalitarios.

Es de la naturaleza de las democracias estas expresiones sociales, donde se clama por los derechos que han sido recortados o desconocidos, por un gobierno más eficiente, por una mejor justicia, al alcance de todos, aplicada con criterios de equidad y razonabilidad, o el mejoramiento de las condiciones laborales.

De allí, que las marchas, las huelgas siguiendo los cauces legales, las antorchas, los cacerolazos, o la cacerolada, el mitin, las concentraciones,  las asambleas, no son más que una manifestación de descontento generalizado y hace parte de la democracia real.

Es el momento para que el gobierno en este último tramo trate de  eliminar tantas injusticias reparando la deuda histórica con esos cinturones de miseria que rodean las grandes centros urbanos, desplazados por la violencia de todo orden, desarraigados a su propia suerte y lo más lamentable con sentencias a su favor por la Corte Constitucional  e incumplidas por el gobierno nacional.

No darle la trascendencia a estas protestas, con  argumentos  sin sustento alguno, el derrolle de la publicidad estatal en su mayor porcentaje  adjudicada directamente al lobista Prieto Uribe, en mora de ser judicializado, cuando se conocen las cifras millonarias de corrupción en el sector oficial, se calcula según fuentes de la Fiscalía (  primera página del Tiempo , lunes 15 de mayo)  pérdidas por corrupción  superior al billón y medio de pesos, lo de Reficar, los dineros para  cumplir  los acuerdos de la Habana, que exceden cualquier cálculo presupuestal, es jugar con candela en un momento de  agitación  electoral, o  darse un discurso autoritario como respuesta, en donde el emisor no puede siquiera imaginar que alguien piense distinto a él.

Si en verdad se ha terminado el conflicto armado interno como uno de los  graves problemas políticos de la nación, no  se  puede desconocer  que si bien el desorden público, la alteración de la paz, de la convivencia se consideraba como la causa principal del mal del país, imposible   olvidar la injusticia socioeconómica, política y judicial como la clave de la inconformidad social  que se palpa en el momento actual.  Una necedad  no admitirla.

Adenda: Crecimiento económico, con alas de cucaracha. No es  buen momento para la institucionalidad, donde la verdad ha estado ausente por parte del ministro rentista, el investigado Cárdenas Santamaría, (quien sigue guardando silencio en el caso Dragacol, Reficar,Interbolsa, préstamo de la financiera de Occidente), sobre todo en lo que  toca  con la  economía de la nación, que se traduce en la afirmación del ex ministro Hommes, en su columna del pasado domingo, diario el Tiempo, que corresponde al título de la adenda, cuando lanza la siguiente  afirmación : “la situación y las perspectivas de la economía son preocupantes, pero es más inquietante que el gobierno se manifiesta satisfecho,… y no se ofrecen soluciones para evitar que la economía crezca insuficientemente.” Para el buen entendedor……… pocas palabras bastan.

Bogotá, Mayo 16 2017.