La caída de Rojas Pinilla

albeiro valencia

Hace 60 años, el 10 de mayo de 1957, la presión popular derrocó al General Rojas, sin embargo fue el mismo establecimiento, un sector grande de la clase dirigente, el que le abrió las puertas para que se tomara el poder ¿Qué había pasado? Después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, se agudizó el odio político entre los partidos lo que desencadenó la guerra civil que se metió en las fincas, aldeas, pueblos y ciudades. En este clima de zozobra y angustia llegaron las administraciones de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) y de Laureano Gómez (1950-1953); el país seguía sumido en el caos de la violencia. Los partidos políticos también estaban destrozados: los conservadores divididos entre laureanistas, ospinistas y alzatistas y los liberales con sus jefes desterrados y vacilando entre la legalidad o el apoyo al campesinado liberal levantado en armas. En estas condiciones diferentes sectores políticos soñaban con un golpe militar. Ospina Pérez lo promovía porque un gobierno militar crearía el ambiente para su nueva llegada al poder. Gilberto Alzate Avendaño tenía las mismas intenciones, y los jefes liberales, con su partido mayoritario, “esperaban que una intervención militar sería transitoria y contaban con que al retornar la normalidad institucional volverían al poder”.

El golpe de opinión

El Ejército venía en un proceso avanzado de politización y estaba unificado alrededor del General Gustavo Rojas Pinilla, cuya imagen crecía en medio del desgobierno y del autoritarismo del presidente. Laureano Gómez trató de deshacerse del prestigioso militar pero el ambiente y las condiciones crearon el clima adecuado para el golpe. Citó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) pero con excepción de un pequeño grupo, llamado por la opinión “El batallón suicida”, los demás se “voltearon” para apoyar a Rojas. El golpe se efectuó el 13 de junio de 1953. La ANAC estableció que había quedado vacante la presidencia y legalizó el período de Rojas Pinilla, hasta agosto de 1954. El acto legislativo no tenía ninguna base jurídica pero el cambio de gobierno significó un alivio para los liberales, después de siete años de persecución. El hecho político se aceptó sin darle el nombre de “golpe de cuartel” sino “golpe de opinión”.

Casi todo el mundo participó en la euforia: Ospina Pérez y la opinión conservadora, los gremios empresariales, los liberales y la Iglesia. Había razones para el alborozo, en particular de los liberales. Rojas logró la entrega de casi todas las guerrillas liberales bajo la promesa de amnistía total para los combatientes. El comandante guerrillero de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, se entregó en septiembre de 1953 y con él unos dos mil insurgentes, pero fue asesinado cuatro años después en Bogotá, por un grupo de policías.

Durante el primer año de gobierno Rojas recorrió el país buscando consenso nacional en torno a la paz. Esta gira, de carácter demagógico, estaba dirigida a la reelección. Además, atacó la corrupción del poder judicial, que todavía en muchos distritos seguía en manos de abogados y tinterillos laureanistas. La campaña de pacificación y reconciliación legitimó al gobierno y lo afianzó. Rojas, el alto mando militar y la coalición ospino-alzatista controlaron el Estado y hasta mediados de 1955 contaron con el apoyo liberal y de la jerarquía eclesiástica.

El Presidente estaba engolosinado con el poder y, en abril de 1954, convocó la ANAC y anunció que no estaban dadas las condiciones de orden público para realizar las elecciones. Así las cosas, Rojas fue reelegido hasta el 3 de agosto de 1958. No existía el Parlamento y las Asambleas y Concejos habían sido sustituidos por órganos de carácter administrativo. A los funcionarios los designaban las autoridades. En este punto los liberales anunciaron que había una dictadura militar. Esto coincidió con una situación económica positiva por la prosperidad que envolvió a Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país creció la industria, se desarrolló la agricultura, y el café se cotizaba a precios altos. El problema más grave era la violencia y hacia allí se orientaron los mayores esfuerzos.

Finalizado el primer año del gobierno llegaron los problemas, pues al recrudecimiento de la violencia se le suma el choque con la opinión pública. Los hechos comenzaron el 8 de junio de 1954. Los estudiantes hicieron una manifestación al Cementerio Central de Bogotá para rendir un homenaje a Gonzalo Bravo Pérez, sacrificado muchos años atrás. Encontraron bloqueada la entrada y hubo necesidad de conferenciar con el Presidente para que la policía permitiera el acceso. Se ofreció el homenaje y los manifestantes regresaron a los predios universitarios. Pero la fuerza pública estaba en alerta y una descarga de fusil dio en el cráneo del estudiante de Medicina Uriel Gutiérrez, de la ciudad de Chinchiná. Al día siguiente los estudiantes organizaron una manifestación silenciosa que recorrió la misma ruta del día anterior. Se enfilaron por la calle 26 hacia San Diego, Parque de la Independencia y luego tomaron la séptima hacia el Palacio de la Carrera. Cuando llegaron a la iglesia de la Veracruz se encontraron con destacamentos militares, pero continuaron la marcha hasta llegar a la calle 13, donde escucharon un comunicado oficial: “La manifestación debía disolverse”. Los estudiantes se amontonaron pero no se dispersaron. Entonces ocurrió algo macabro producto de la mentalidad del régimen: Estrenaba en esos meses el ejército la famosa carabina punto 30 y terminada la arenga del estudiante opita Luis Carlos Trujillo, el estrépito de la punto 30 enardeció los aplausos. “No corran que es el aire gritó alguno”, pero el espanto produjo la escapada de los estudiantes. Sobre el pavimento quedaron once cadáveres, informó la prensa y cerca de cincuenta heridos.

El país sufría la censura de prensa desde hacía algunos meses. El 6 de marzo de 1954 un decreto ordenaba que todos los periódicos debían “ceñirse al relato de los hechos” se castigaba con prisión de seis meses a dos años el “transmitir, escribir, editar, ayudar a editar, o distribuir escritos o publicaciones clandestinas en que se insultase a las autoridades legítimamente constituidas”. En cumplimento de este decreto, el 15 de marzo, el gobierno cerró La Unidad, un semanario editado en Bogotá y dirigido por Belisario Betancur. Pero la batalla con la prensa se agudizó en 1955. En marzo el gobierno dictó un decreto que obligaba a todas las emisoras a dedicar un espacio gratuito a las noticias oficiales. Y un mes después se estableció pena de prisión de dos a cinco años para quienes difamaran a los militares. Terminando el año fue suspendido El Tiempo y luego El Espectador, mientras que El Colombiano se sometió a fuerte censura.

El fin de la dictadura

Fueron muchos los hechos que se conjugaron para tumbar el gobierno militar, pero los acontecimientos se precipitaron desde 1955. Este año regresó el expresidente Alberto Lleras al país después de ocupar la Secretaría de la OEA; al descender del avión declaró a los periodistas que no volvería a intervenir en política y que se encargaría de la rectoría de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, el 2 de marzo de 1956 pronunció un discurso en el que señaló que los dos partidos debían buscarle una salida al Estado de Sitio, a la parálisis del juego institucional, al caos jurídico. La batalla que libraría se iba a orientar a que volviera a tener vigencia la Constitución, que había sido desconocida desde el golpe del 13 de junio de 1953. Por su parte Alfonso López Pumarejo, en un comunicado, “proponía una reforma constitucional para establecer una representación proporcional de todos los grupos políticos y sugería, por primera vez, la posibilidad de un apoyo liberal a un candidato conservador que sucediera democráticamente a Rojas. Por este documento y por sus acciones posteriores, López ha sido considerado como el precursor ideológico del Frente Nacional”.

Lleras fue elegido Jefe Único del liberalismo y se preparó para derrocar al gobierno militar que estaba tratando de fundar una Tercera Fuerza. Esto se oficializó el 13 de junio de 1956, durante los actos conmemorativos del Golpe de Estado, en el estadio El Campín, cuando el gobierno hizo jurar fidelidad a las Fuerzas Armadas.  Decía Rojas que no se trataba de un nuevo partido sino de una fuerza integrada por funcionarios públicos, miembros del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía, en actividad y en retiro, que se supone han de obrar respaldadas por masas populares hasta tanto que los partidos depongan sus odios.

La Tercera Fuerza estaba orientada a prolongar el Estado de Sitio y el régimen militar y a reemplazar a los partidos políticos tradicionales. Por esta razón el gobierno se propuso la tarea de perseguir el movimiento político iniciado en Medellín. Sobre este tema escribió Alberto Lleras que “la política liberal, que la reunión de Medellín definió, no se altera, pues, en absoluto, con este nuevo movimiento del gobierno. Continuó buscando por todos los medios el entendimiento con el conservatismo para hallar conjuntamente con ese partido una solución a la crisis institucional y una manera de regresar a la normalidad jurídica y política de la nación. Mis esfuerzos no han sido, en manera alguna, vanos, y sus resultados más notorios están, en mi concepto, muy próximos”

Los liberales no confiaban ni en Ospina Pérez, ni en Alzate Avendaño, por lo tanto Alberto Lleras jugó sus cartas y se reunió con Laureano Gómez que se encontraba en el exilio en España. Fruto del encuentro del 24 de julio de 1956 fue el pacto de Benidorm que “planteaba la necesidad de unir los dos partidos contra la dictadura militar, exigía el pronto retorno del gobierno civil y planteaba la posibilidad de formar gobierno bipartidista”. Esto aceleró el derrumbe del régimen.

Pero llegaron otros hechos. El 7 de agosto de 1956 la ciudad de Cali fue sacudida por el estallido accidental de toneladas de dinamita transportada por un convoy militar, que causó miles de muertos y heridos y la opinión pública culpó al régimen por la tragedia. Como consecuencia el Comité de Acción Conservadora hizo una declaración contra el régimen militar y apoyó el Acuerdo de Benidorm. Esta declaración la firmaron varios jefes conservadores, empezando por Luis Ignacio Andrade. Luego, en octubre de 1956, Ospina Pérez se distanció de Rojas y dejó el camino libre para unir todas las fuerzas contra el gobierno.

Ya se habían dado las condiciones para el vacío de poder, pero el 28 de enero de 1957 se presentó una excelente oportunidad cuando el ministro de Guerra, general Gabriel París, expresó en nombre de las Fuerzas Armadas que “hemos exigido al general Rojas continuar en el poder en el período 1958-1962, de acuerdo con las mayorías populares de los partidos”. La propuesta de los militares produjo el rechazo inmediato por parte de la Dirección Nacional Liberal y del Directorio Conservador de Antioquia, que publicaron el “Manifiesto de los dos partidos”, con fecha del 20 de marzo.

Como consecuencia se fortaleció la oposición. El 8 de abril los directorios nacionales de los partidos liberal y conservador anunciaron al país que en dicha fecha y “en desarrollo del acuerdo político del 20 de marzo pasado, han escogido unánimemente, previa consulta con numerosos y distinguidos colombianos, el nombre del señor Guillermo León Valencia, como candidato nacional a la presidencia de la República”. En este mismo mes se hizo evidente la oposición de la Iglesia contra el gobierno. El 7 de mayo Alberto Lleras decretó una huelga general que incorporó el comercio, los bancos y la industria. El paro cívico contó con el apoyo de los gerentes quienes alentaron a los trabajadores para que se sumaran a la huelga “prometiéndoles que les reconocerían sus salarios”. Los estudiantes organizaron numerosas confrontaciones con la policía mientras que los trabajadores inmovilizaron el transporte urbano.

Y Rojas no resistió. El 10 de mayo los colombianos se despertaron con la noticia de la renuncia del presidente, en favor de una junta militar. En el discurso dijo: “Sería imposible que yo, que di al país la paz, fuera a causar un inútil derramamiento de sangre”.