FONTUR 2016
Jhon Jairo Lemus, exsecretario de Desarrollo Social de Pereira, no aceptó cargos

Pereira, 19 de mayo de 2017. El exsecretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira , Jhon Jairo Lemus, no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado, y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Lemus fue detenido en el sector de Cuba en Pereira por investigadores del CTI, al igual que otras 5 personas en diferentes sectores de la ciudad, mientras que dos más se entregaron de manera voluntaria.

En las audiencias que se desarrollan en los estrados judiciales del Palacio de Justicia de la capital risaraldense, tampoco aceptó su responsabilidad la ex subsecretaria de Población Vulnerable, Diana Carolina Sánchez Lema, a quien se le imputaron los delitos de falsedad en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

Fotografía de El Diario del Otún

Igualmente, negaron su participación en los hechos Alejandro Ospina Coll, quien era auxiliar administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y Político para la época; así como Carlos Alberto Valencia Ramírez y Shirley Xiomara Ramírez Barco, quienes estarían relacionados con las fundaciones con las que se hizo el contacto —al parecer por parte de Sánchez Lema y Lemus— para la celebración de los contratos.

Por su parte Diana Inés García Benítez, cuñada de Lemus, aceptó solamente el cargo de falsedad en documento privado en concurso homogéneo que la Fiscalía le imputó. Entretanto, Lina María Franco Sierra, particular, aceptó todos los punibles endilgados por peculado por apropiación, falsedad en documento público en el caso de dos informes y falsedad en documento privado en concurso homogéneo (por 8 facturas que se expidieron de manera irregular).

Por último, Libardo Flórez Guerrero, también particular, recurrió a su derecho de guardar silencio.

En su relato, el representante del ente acusador, adscrito al grupo de Estructura de Apoyo de la Seccional Risaralda, indicó que Sánchez Lema era la encargada de supervisar y de verificar el estado y avance de los contratos. Ella, era quien daba fe que todo el proceso se estuviera acorde y ajustado a los parámetros de ley, siendo la interventora de los mismos.

La Fiscalía escuchó a varias personas que fueron clave para el desarrollo de la investigación e identificación plena de quienes catalogó como integrantes de una empresa del crimen, que mediante los llamados favores, consiguió sacar adelante contratos que a su vez estuvieron permeados por un carrusel de certificados de idoneidad.

Se evidenció que entre las mismas fundaciones involucradas y que curiosamente ampliaron su objeto social tiempo después de haber suscrito los contratos, intercambiaron certificados unos con otros, para poder cumplir con uno de los tantos requisitos para la contratación.

Narró el fiscal a cargo del proceso que entre las facturas presentadas para sustentar compras para dotación de las fundaciones y atender a los adultos mayores, se dieron direcciones inexistentes. Igualmente, cuando los peritos del CTI corroboraban información sobre supuestas compras realizadas, se estableció que los locales comerciales no habían realizado ninguna venta de ese tipo.

Entre las compras se cuentan 40 camarotes por $18 millones 920 mil: esto causó extrañeza en los investigadores teniendo en cuenta la edad de esas personas, por lo que no podrían dormir en una cama de tal característica. Cuando quisieron verificar la existencia y el estado de tales elementos, nunca los encontraron en la fundación que había sido referenciada.

En algunos sitios las instalaciones no eran las más apropiadas al haber humedad e incluso hongos y no contaban con el equipo de profesionales para el inicio de actividades. En una, el patio había sido adaptado como habitación, y había otras situaciones que permitían vislumbrar las irregularidades.

La Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario para todos, por el peligro que considera, representan para la sociedad, al haber vulnerado aún más con sus acciones, una población que requería apoyo.