12 de abril de 2021
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¿POR QUÉ SE PUDRIÓ EL SENADO?

19 de abril de 2017

El más grave problema que tiene Colombia frente a la estructura de la democracia representativa es haber adoptado la circunscripción nacional para Senado. Esa decisión de la Constitución de 1991 ha sido, en buena medida, el motor de la corrupción política, de su costo incremental, de la rutinaria irresponsabilidad ante los electores y de la distorsión en los mecanismos de otorgamiento de las curules. Con ello se ha falseado la democracia y se ha deslegitimado el debate político mucho más allá de la recortada reforma que hoy se discute.

Los senadores, en efecto, no tienen por qué ser nacionales cuando, por el contrario, deberían responder a sus regiones y concentrarse en los problemas que afectan directamente a sus comunidades. No significa ello, claro está, que no sean el factor decisivo en la creación de las leyes y el control político que les asiste como atribución constitucional y que es esencial en cualquier estructura democrática. Pero haberles dado el carácter nacional, con el objeto de picar votos en todas partes del país, ha desvanecido el escrutinio público y les ha permitido reelegirse a partir de los excedentes de las bolsas electorales conseguidas, en una proporción considerable, no por un fehaciente trabajo comunitario, sino a través de la compra de líderes cuyas bases ni siquiera conocen. Tan es así que muchas veces logran de dos mil a cinco mil votos, y muchas veces más, en regiones o localidades de las que ni siquiera han estado al tanto y a las que si acaso van cada cuatro años para una exclusiva y rauda acción proselitista. Y pare de contar. La celebración el día de las elecciones es formidable, por cuanto aquellos lugares extraños a su actividad política suelen ser fundamentales para “cuadrar” la caja electoral. Pero de ahí en adelante viene el olvido.

Semejante modelo ha hecho de la política, por decirlo de este modo, un verdadero sancocho nacional. Colombia, por lo demás, ha sido históricamente una nación de características regionales donde recae parte importante de su riqueza cultural, económica, social y ambiental. Tómese, verbi gracia, el último caso y se verá como no hay en el Senado una representación adecuada, ni siquiera ínfima, para defender la gigantesca cantidad de recursos ambientales que existen de la Orinoquía a la Amazonía. Todo el mundo habla de cambio climático, de la gran biodiversidad nacional, de los parques naturales, de la minería criminal, de la deforestación y la erosión, de la pérdida de flora y fauna, de lo divino y lo humano al respecto, pero los departamentos correspondientes no tienen una sola voz senatorial. Les han amputado ese derecho. ¿Cómo puede hablarse de medio ambiente en un país que desestima la vocería directa de sus principales detentadores y cuidadores? Ocurren tragedias como la del Putumayo, la nación se rasga las vestiduras, pero tampoco hay en el Senado ningún doliente inmediato. Y así ocurre, también, con el principal recurso del país que es el petróleo proveniente, en buena parte, de esas regiones. Y lo mismo sucede, por el lado negativo, con los cultivos ilícitos. Se entiende, pues, la actual revuelta a partir de las consultas populares, única manera de adquirir algún tipo de voz frente a la censura causada por la circunscripción nacional y el tratamiento del Senado como un exclusivo club al que al que se le niega la entrada a muchos departamentos considerados de segunda. ¡Qué democracia es esa!

Véase, en igual medida, el caso contrario: Bogotá. La capital es, ciertamente, el coto de caza de los llamados senadores “nacionales”, puesto que ella es el lugar donde se buscan votos fáciles y al por mayor. Con ello se corrompió en buena proporción el sistema de ediles. Por su parte, a Bogotá la acusan de centralista  por ser la sede de los ministerios. Salvo por eso, en realidad es un trompo de quitar y poner. Sin representación directa en el Senado, sin el número de voceros correspondientes a una urbe de su tamaño (que con Cundinamarca contiene el 30 por ciento del PIB nacional y aporta los más altos índices tributarios y de empleo), sus necesidades suelen pasar a un segundo plano. No hay, en efecto, equilibrio ni estructuración representativa.

A 25 años de expedida la Constitución, salvo por casos excepcionales, como el de un ex presidente y uno que otro más, es falso que existan senadores nacionales. Es hora de acabar con esa mentira. Y quitar esa mácula institucional. Lo contrario, como va a suceder con la actual reforma electoral, es permitir la correa de transmisión de la corrupción en vez de cortar de raíz lo que está podrido en su origen. Y eso es caer en pecado mortal.

EDITORIAL/EL NUEVO SIGLO