FONTUR 2016
¿Será el momento para una reforma electoral e institucional?

José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor

A escasos meses de finalizar el gobierno Santos, el inicio del debate  electoral para Congreso  y presidencia de la República, con la sombra de graves denuncias sobre corrupción, cuestionamientos por la violación de  los topes de campaña, se nos anuncia la propuesta de unas reformas sobre tres ejes centrales: al sistema  o arquitectura institucional actual, al financiamiento de la política y al sistema electoral, con la precisión que las mismas provienen al decir de los voceros oficiales, de las reuniones de los partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, de la academia e instituciones privadas.

Con las anteriores modificaciones se pretende construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales, que sin lugar a dudas lo viene reclamando el país, y así lo hemos expresado  a través de nuestros escritos, cambios estructurales en donde se respete la voluntad ciudadana, para dar mayor trasparencia, seguridad y seriedad a los certámenes  populares, recobrar la confianza  en el voto, pero la pregunta  a formular sería, ¿es el momento?

Reformar desde el punto de vista  gramatical significa innovar, cambiar, o darle una nueva forma a algo, concepto este que aplicado al campo del derecho alude a procedimientos tendientes a variar el texto de una constitución, una ley o parte de ella, para adaptarla  a la realidad social del momento.

En ese nuevo diseño institucional se propone la creación de un Consejo Electoral Colombiano, que asumiría funciones técnicas, logísticas y administrativas, con presencia territorial permanente, departamental y municipal, administraría el  registro civil, el padrón electoral, y el padrón de militantes, controlaría el financiamiento  de la política, presidida por una directiva de cinco miembros de origen no partidista, para periodos de ocho años, a través de ternas y sistema de cooptación, con equilibrio de género .

Igualmente se alude a la creación de una Corte electoral, autónoma e independiente encargada de toda la jurisdicción en esa materia, integrada a la estructura de la rama del poder público, que conocería del contencioso electoral, de la pérdida de investidura y de los cargos de elección popular, con tribunales regionales en total de seis, con tres magistrados de  carrera y en la cúspide nacional por  cinco magistrados de origen no partidista, con periodos de ocho años y con equilibrio de género,  pero no se indica si también serían de carrera y si  dicho período   sería institucional o  individual, para evitar las interpretaciones de última hora, como lo sucedido con el anterior fiscal  con un raro  sin sabor de favorecimiento  por parte de  los  consejeros falladores , con  millonarios contratos de prestación de servicio al  término  de sus periodos.

Frente  a esta propuesta  que toca  los aspectos electorales, sin conocer a fondo las sustentaciones de la misma, podría afirmarse que afectaría la tarea misional  de la actual Registradurìa nacional del Estado civil, como la continuidad de la sección  quinta del Consejo de Estado que ejerce en  la actualidad con unas  enormes dilaciones las funciones jurisdiccionales de  pérdida de investiduras y de las nulidades electorales de los elegidos por  votación popular (  caso  demanda  nulidad gobernador de Caldas).

No se  cuestiona  la necesidad  de las reformas, esas y muchas más las requiere  el país, lo que se  plantea es si es el momento para  su discusión cuando se acercan unas elecciones para renovar el Congreso y varios dirigentes  andan ya en campaña presidencial como precandidatos  de sus partidos y movimientos, que genera la pregunta. ¿Conviene modificar las reglas políticas en la mitad de un debate electoral, o lo que se apruebe  tendría vigencia  para las elecciones posteriores a las del 2018?

El telón de fondo radica en los cuestionamientos al actual sistema electoral, por la desconfianza ciudadana en los elegidos para los cuerpos colegiados, al aumento de la abstención electoral, el trasfuguismo, todo esto agravado por una crisis de los partidos que día a día vienen perdiendo liderazgo frente a la sociedad, que los obliga a revisar  su  trabajo político, pues se requiere una revaloración de la actual política, que entienda y se haga cargo de los desafíos  presentes,  con una gradual renovación de sus cuadros, el ingreso de nuevos actores y nuevas voces a la actividad pública, sin pretender como equivocadamente opinan algunos que la misma se haga de manera radical, suprimiendo todo lo que existe.

Recuperar la credibilidad de los partidos hacia la sociedad es la urgencia máxima, y solo se logra con la acción trasparente y con resultados visibles, contacto directo con la militancia como fórmula para reconstruir el vinculo partido – sociedad. Es una tarea prioritaria para todos los partidos, incluyendo al que pertenezco; el liberal.

Conviene hacer un poco de historia, para decir que el verdadero reconocimiento  de los partidos se viene a dar en la constitución del 91, con sus modificaciones posteriores, destacando la reforma del 2003, pero sin desconocer los cuestionamientos serios a la forma como opera el  actual Consejo Nacional Electoral, convertido en una entidad de representación de los partidos, con asiento en el Congreso, con una integración de naturaleza política, militantes activos de esas corrientes  partidistas, que amerita su trasformación  o eliminación.

La reforma del 2003, conocida como la reforma política, se propuso configurar un esquema de partidos menos dispersos, eliminado muchos de ellos denominados de” garaje,” con mecanismos más efectivos de acción colectiva, introduce cambios en  cuanto a los partidos, inscripción de candidatos, actuación de congresistas en bancadas, doble militancia, financiación de los partidos, espacios en los  medios de comunicación, consultas populares, la cifra repartidora, voto preferente, aspectos estos  que si bien  han  servido para  avanzar  en el campo político, nos hemos quedado cortos en lo concerniente a la trasparencia, probidad, y responsabilidad de los partidos, de sus líderes y candidatos, y de esa manera contribuir a la gobernalidad del país, viéndose afectada en  reiteradas ocasiones.

Lo cierto es, que para que se dé una reforma  política electoral a fondo, es menester la coincidencia de dos elementos fundamentales: la cultura ciudadana y la educación cívica, ambas desaparecidas en el medio  nuestro, por cuanto la ausencia de  las mismas evidencian la escasa o nula participación de los ciudadanos sobre los valores de las instituciones  y la importancia de la democracia, donde cierta clase dirigente se ha encargado de  desprestigiar el ejercicio político con la compra de votos, el trasfuguismo electoral, la doble militancia, las promesas electorales incumplidas, las aspiraciones sin horizonte alguno de candidatos con  cuestionamientos  de todo orden , con sanciones disciplinarias y condenas judiciales.

Bienvenidos esos vientos de reformas, pero en su debido momento, que  genere acuerdos de los partidos, se socialice su espíritu ante la comunidad, por cuanto se trata del desarrollo político electoral del futuro, la forma como se nos va a gobernar, evitando los apresuramientos, con amplia discusión en las Cámaras y no con procedimientos de excepción, como lo mínimo  que se  pide en un estado de derecho.

Ojalá así lo entienda  el gobierno y  la mesa de concertación, y no se trate de un globo que se lanza para aplacar los recientes escándalos de  corrupción, coimas, contrataciones indebidas, violación de los topes de campaña, desgreño fiscal en ciertas entidades oficiales que viene  asombrando a la sociedad sana del país, la que espera  se produzcan oportunamente las decisiones por parte de los órganos de control, y jurisdiccionales.

Adenda: No se entiende como una  agrupación de tanta importancia como la Federación de departamentos que congrega a los entes territoriales , así como el partido que lo avala, no le haya solicitado a su recién elegido director ejecutivo, ex senador y militante del partido de la U, Plinio  Olano, se aparte temporalmente del cargo mientras clarifica las denuncias que sobre él pesan en las indagaciones sobre eventuales comisiones en la   adjudicación del tramo II DE LA RUTA DEL SOL, con compulsas de copias  ante la Corte Suprema de Justicia – Sala penal, como un acto de trasparencia y moral administrativa, sin que con ello se le este condenando, ya que se le debe respetar la presunción de inocencia, en cuanto no se compruebe legalmente su culpabilidad.

Pero estas decisiones eran tomadas en el pasado por funcionarios  integérrimos, que honraban los intereses de  la entidad que regentaban a los propios, en el presente se atornillan a sus cargos  que les sirven de proa para sus defensas, todas fundamentadas en que no son más que  perseguidos políticos.

Adenda dos: Indignante. Aprovechándose de un cargo de la campaña presidencial del actual mandatario, el habilidoso negociante Roberto Prieto se apoderó de la mayoría de los contratos de publicidad y de otras naturalezas de los organismos estatales, muchos de ellos entregados de manera directa, contrariando normas de contratación, fuera de lo que se le endilga de haber recibido coimas en el caso de Odebrecht, como el reciclaje de unos millonarios recursos que se financiaron con préstamos del Banco Interamericano de desarrollo, fueron a parar a manos de la firma Marketmedios empresa de la familia del citado encartado, como lo denuncia la U. investigativa del Tiempo. Que se escudriñe y se den a conocer las resultas de esas indagaciones pues son demasiadas las evidencias, los indicios, las sindicaciones, el iter criminis  (camino del delito) para ser judicializado de inmediato y no continúe en sus proclives andanzas contractuales, por cuanto representa un peligro para la sana moral administrativa. Es el compromiso con la sociedad por parte de la justicia, confiando en sus resultados.

(Por viaje al exterior, esta columna  reaparecerá Dios mediante  el martes 25 de Abril de hogaño)

Bogotá, Marzo  28 2017