¿Será el momento para una reforma electoral e institucional?
José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor
A escasos meses de finalizar el gobierno Santos, el inicio del debate electoral para Congreso y presidencia de la República, con la sombra de graves denuncias sobre corrupción, cuestionamientos por la violación de los topes de campaña, se nos anuncia la propuesta de unas reformas sobre tres ejes centrales: al sistema o arquitectura institucional actual, al financiamiento de la política y al sistema electoral, con la precisión que las mismas provienen al decir de los voceros oficiales, de las reuniones de los partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, de la academia e instituciones privadas.
Con las anteriores modificaciones se pretende construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales, que sin lugar a dudas lo viene reclamando el país, y así lo hemos expresado a través de nuestros escritos, cambios estructurales en donde se respete la voluntad ciudadana, para dar mayor trasparencia, seguridad y seriedad a los certámenes populares, recobrar la confianza en el voto, pero la pregunta a formular sería, ¿es el momento?
Reformar desde el punto de vista gramatical significa innovar, cambiar, o darle una nueva forma a algo, concepto este que aplicado al campo del derecho alude a procedimientos tendientes a variar el texto de una constitución, una ley o parte de ella, para adaptarla a la realidad social del momento.
En ese nuevo diseño institucional se propone la creación de un Consejo Electoral Colombiano, que asumiría funciones técnicas, logísticas y administrativas, con presencia territorial permanente, departamental y municipal, administraría el registro civil, el padrón electoral, y el padrón de militantes, controlaría el financiamiento de la política, presidida por una directiva de cinco miembros de origen no partidista, para periodos de ocho años, a través de ternas y sistema de cooptación, con equilibrio de género .
Igualmente se alude a la creación de una Corte electoral, autónoma e independiente encargada de toda la jurisdicción en esa materia, integrada a la estructura de la rama del poder público, que conocería del contencioso electoral, de la pérdida de investidura y de los cargos de elección popular, con tribunales regionales en total de seis, con tres magistrados de carrera y en la cúspide nacional por cinco magistrados de origen no partidista, con periodos de ocho años y con equilibrio de género, pero no se indica si también serían de carrera y si dicho período sería institucional o individual, para evitar las interpretaciones de última hora, como lo sucedido con el anterior fiscal con un raro sin sabor de favorecimiento por parte de los consejeros falladores , con millonarios contratos de prestación de servicio al término de sus periodos.
Frente a esta propuesta que toca los aspectos electorales, sin conocer a fondo las sustentaciones de la misma, podría afirmarse que afectaría la tarea misional de la actual Registradurìa nacional del Estado civil, como la continuidad de la sección quinta del Consejo de Estado que ejerce en la actualidad con unas enormes dilaciones las funciones jurisdiccionales de pérdida de investiduras y de las nulidades electorales de los elegidos por votación popular ( caso demanda nulidad gobernador de Caldas).
No se cuestiona la necesidad de las reformas, esas y muchas más las requiere el país, lo que se plantea es si es el momento para su discusión cuando se acercan unas elecciones para renovar el Congreso y varios dirigentes andan ya en campaña presidencial como precandidatos de sus partidos y movimientos, que genera la pregunta. ¿Conviene modificar las reglas políticas en la mitad de un debate electoral, o lo que se apruebe tendría vigencia para las elecciones posteriores a las del 2018?
El telón de fondo radica en los cuestionamientos al actual sistema electoral, por la desconfianza ciudadana en los elegidos para los cuerpos colegiados, al aumento de la abstención electoral, el trasfuguismo, todo esto agravado por una crisis de los partidos que día a día vienen perdiendo liderazgo frente a la sociedad, que los obliga a revisar su trabajo político, pues se requiere una revaloración de la actual política, que entienda y se haga cargo de los desafíos presentes, con una gradual renovación de sus cuadros, el ingreso de nuevos actores y nuevas voces a la actividad pública, sin pretender como equivocadamente opinan algunos que la misma se haga de manera radical, suprimiendo todo lo que existe.
Recuperar la credibilidad de los partidos hacia la sociedad es la urgencia máxima, y solo se logra con la acción trasparente y con resultados visibles, contacto directo con la militancia como fórmula para reconstruir el vinculo partido – sociedad. Es una tarea prioritaria para todos los partidos, incluyendo al que pertenezco; el liberal.
Conviene hacer un poco de historia, para decir que el verdadero reconocimiento de los partidos se viene a dar en la constitución del 91, con sus modificaciones posteriores, destacando la reforma del 2003, pero sin desconocer los cuestionamientos serios a la forma como opera el actual Consejo Nacional Electoral, convertido en una entidad de representación de los partidos, con asiento en el Congreso, con una integración de naturaleza política, militantes activos de esas corrientes partidistas, que amerita su trasformación o eliminación.
La reforma del 2003, conocida como la reforma política, se propuso configurar un esquema de partidos menos dispersos, eliminado muchos de ellos denominados de” garaje,” con mecanismos más efectivos de acción colectiva, introduce cambios en cuanto a los partidos, inscripción de candidatos, actuación de congresistas en bancadas, doble militancia, financiación de los partidos, espacios en los medios de comunicación, consultas populares, la cifra repartidora, voto preferente, aspectos estos que si bien han servido para avanzar en el campo político, nos hemos quedado cortos en lo concerniente a la trasparencia, probidad, y responsabilidad de los partidos, de sus líderes y candidatos, y de esa manera contribuir a la gobernalidad del país, viéndose afectada en reiteradas ocasiones.
Lo cierto es, que para que se dé una reforma política electoral a fondo, es menester la coincidencia de dos elementos fundamentales: la cultura ciudadana y la educación cívica, ambas desaparecidas en el medio nuestro, por cuanto la ausencia de las mismas evidencian la escasa o nula participación de los ciudadanos sobre los valores de las instituciones y la importancia de la democracia, donde cierta clase dirigente se ha encargado de desprestigiar el ejercicio político con la compra de votos, el trasfuguismo electoral, la doble militancia, las promesas electorales incumplidas, las aspiraciones sin horizonte alguno de candidatos con cuestionamientos de todo orden , con sanciones disciplinarias y condenas judiciales.
Bienvenidos esos vientos de reformas, pero en su debido momento, que genere acuerdos de los partidos, se socialice su espíritu ante la comunidad, por cuanto se trata del desarrollo político electoral del futuro, la forma como se nos va a gobernar, evitando los apresuramientos, con amplia discusión en las Cámaras y no con procedimientos de excepción, como lo mínimo que se pide en un estado de derecho.
Ojalá así lo entienda el gobierno y la mesa de concertación, y no se trate de un globo que se lanza para aplacar los recientes escándalos de corrupción, coimas, contrataciones indebidas, violación de los topes de campaña, desgreño fiscal en ciertas entidades oficiales que viene asombrando a la sociedad sana del país, la que espera se produzcan oportunamente las decisiones por parte de los órganos de control, y jurisdiccionales.
Adenda: No se entiende como una agrupación de tanta importancia como la Federación de departamentos que congrega a los entes territoriales , así como el partido que lo avala, no le haya solicitado a su recién elegido director ejecutivo, ex senador y militante del partido de la U, Plinio Olano, se aparte temporalmente del cargo mientras clarifica las denuncias que sobre él pesan en las indagaciones sobre eventuales comisiones en la adjudicación del tramo II DE LA RUTA DEL SOL, con compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia – Sala penal, como un acto de trasparencia y moral administrativa, sin que con ello se le este condenando, ya que se le debe respetar la presunción de inocencia, en cuanto no se compruebe legalmente su culpabilidad.
Pero estas decisiones eran tomadas en el pasado por funcionarios integérrimos, que honraban los intereses de la entidad que regentaban a los propios, en el presente se atornillan a sus cargos que les sirven de proa para sus defensas, todas fundamentadas en que no son más que perseguidos políticos.
Adenda dos: Indignante. Aprovechándose de un cargo de la campaña presidencial del actual mandatario, el habilidoso negociante Roberto Prieto se apoderó de la mayoría de los contratos de publicidad y de otras naturalezas de los organismos estatales, muchos de ellos entregados de manera directa, contrariando normas de contratación, fuera de lo que se le endilga de haber recibido coimas en el caso de Odebrecht, como el reciclaje de unos millonarios recursos que se financiaron con préstamos del Banco Interamericano de desarrollo, fueron a parar a manos de la firma Marketmedios empresa de la familia del citado encartado, como lo denuncia la U. investigativa del Tiempo. Que se escudriñe y se den a conocer las resultas de esas indagaciones pues son demasiadas las evidencias, los indicios, las sindicaciones, el iter criminis (camino del delito) para ser judicializado de inmediato y no continúe en sus proclives andanzas contractuales, por cuanto representa un peligro para la sana moral administrativa. Es el compromiso con la sociedad por parte de la justicia, confiando en sus resultados.
(Por viaje al exterior, esta columna reaparecerá Dios mediante el martes 25 de Abril de hogaño)
Bogotá, Marzo 28 2017