Regalo envenenado, pero disfrutado

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

Pocas veces en la historia reciente del país la administración de  justicia ha estado tan cuestionada ante los ciudadanos, al igual que las otras dos ramas del poder público, generando un pesimismo nacional, con la nostalgia de un pasado donde la justicia había logrado establecer distancia frente al desgaste y críticas por la forma como se ha venido ejerciendo las funciones ejecutivas y legislativas, esta ultima casi que como apéndice de la primera, por el poder presidencialista que consagra la carta constitucional que le permite asumir  ese  liderazgo institucional, para des fortuna  de lo que debe entenderse por una sana  y autentica democracia.

Las frustradas  reformas judiciales impulsadas con criterios mediáticos en los últimos gobiernos, caracterizadas por la improvisación, con gran responsabilidad de las altas corporaciones más interesadas en conservar las cuotas  de poder, de obtener mayores beneficios de los ya logrados, han hecho del tema justicia  noticia  con motivo de la posesión del nuevo Min justica Gil Botero, con pecadillos a bordo, que no lo dejan bien posicionado por su  contrato de servicios profesionales  otorgado por el ex fiscal Montealegre a quien se  le colaboró con un fallo en el Consejo de Estado para permanecer en la entidad, con periodo individual y no institucional, con la expresión , “ Un regalo envenenado”, la que no es nueva, respecto al daño que se le viene haciendo a la rama judicial con las facultades electorales, donde las altas cortes se convierten en entidades encargadas  de  seleccionar candidatos para  cargos de  gran connotación judicial y administrativos en donde sin querer  entra a jugar a las salas plenas el tufillo de la política partidista, la que debe estar ajena al concepto de la juridicidad, siendo lo más grave la poca calidad académica y profesional de los ungidos.

Siempre se ha sostenido de la necesidad de eliminar de la actual estructura constitucional todas las funciones de nominación y nombramientos que se le han asignado a las altas Cortes, con  sugerencias respecto al concurso de méritos para acceder a dichas dignidades, como remedio a la  manzanilla electoral y cabildeo de todo género que debe  estar ausente en la escogencia de  los  funcionarios de  la justicia, por cuanto lo único que deben poseer y demostrar es el conocimiento del derecho, ya que serán los encargados de fallar en equidad, con apego al marco jurídico existente, como voceros de la democracia, encargados para resolver los controversias sociales, logrando restablecer el orden jurídico en las disputas  puestas a su conocimiento, ser garantes de los derechos y libertades, impulsores de la convivencia pacífica y a la vez servir de control de legalidad del ejercicio de la actividad estatal.

Ahora bien, si se pretende ahondar en reformas futuras al sistema judicial, lo primero que se pediría es que se haga el debate con altura  jurídica y seriedad académica, con pleno conocimiento de lo que se plantea, adoptando una clara metodología, la vía a seguir ante los fracasos  reiterados  a través del Congreso, clara identificación de los problemas de la rama que los tiene  por cantidades, que se piense  en el ciudadano, en el usuario del servicio, a quien solo le interesa que sus procesos  tengan una  pronta definición, un libre y fácil acceso al sistema judicial, que se regrese por la seguridad jurídica perdida, la que se logra si las soluciones legales son predecibles mediante la  correcta aplicación de las normas vigentes, con cero corrupción en su funcionamiento, blindarla  de ese cáncer que  carcome la institucionalidad en todos sus estamentos, tanto públicos como privados, por cuanto si se pierde la credibilidad en la justicia , no será posible preservar el ordenamiento social, y la paz que se busca  nunca se obtendrá.

De igual manera  se respete el principio de la celeridad, como contenido inescindible del derecho fundamental al acceso a la justicia, una justicia morosa es contraria a su finalidad; Kafka al tratar el tema  expresaba que la dilación indefinida en el trámite y en su decisión, convierte al proceso en un laberinto que lo hace interminable, consagra el desconocimiento del derecho y patentiza la denegación de justicia.

 

Seamos claros; aunque se ha trabajado  en el tema, el país no ha podido articular una política pública sobre algo  que es trascendental para la vida en sociedad, como lo es la justicia, la que necesita de  una cirugía a fondo, ojalá dejándose de lado los intereses  individuales  sobre los colectivos,  al tener la responsabilidad de demostrar que  existe un estado de  derecho, regido por una constitución y una leyes a las que todos nos debemos.

No es posible entender  las disputas internas para elegir presidente de una corporación, ni mucho menos  la  morosidad para configurar las ternas  para que por el Senado se elijan los nuevos magistrados de la Corte constitucional, en donde  ejercen magistrados provisionales y qué no decir de la  interinidad de meses en la Sala Disciplinaria que pareciera no tuviera doliente, integrada en la actualidad por ilustres desconocidos del mundo jurídico.

Conveniente recordar que en un país  acosado por múltiples problemas sociales, violencias de toda índole, una corrupción que amenaza la institucionalidad, la labor de quienes imparten justicia es fundamental, y es lo que se reclama, el regreso por la credibilidad judicial, por cuanto la desconfianza  es un pecado  que no puede permitirse  en un campo tan sensible como lo es la justicia.

Así las cosas, la conclusión es de pesadumbre por la suerte futura de  esta rama del poder público, salvo que se dé una  política mancomunada  sobre la cual sea posible estructurar nuevas alternativas en la búsqueda de una justicia eficiente, pronta y efectiva, que recupere la confianza de los ciudadanos  y que sea factor clave para  la Colombia del post conflicto.

Adenda: Si bien estamos acostumbrados a la morosidad y al atraso judicial que desconceptúa el principio de una justicia  pronta y cumplida por parte de los jueces  y altas corporaciones,  no deja de sorprender la dilación para decidir la demanda contenciosa que cursa en el Consejo de Estado, sección 5 contra la elección del gobernador de Caldas en única instancia, con  auto admisorio y suspensión provisional  desde el tres de marzo de 2016.

Después de un año de audiencias, debates probatorios, recursos, recusaciones, alegatos de conclusión, y cuanto memorial se le ha ocurrido a la  parte demandada, que más que una defensa  procesal  se puede estar bordeando el abuso del derecho, le corresponde a  esa  instancia  definir  jurídicamente lo que se le ha planteado a través de ese medio de control de nulidad electoral, evitando  así que una región de tanta importancia para el país se suma en una injusta y prolongada interinidad, donde  pierden las gentes de Caldas que observan perplejas  esa indefinición  que afecta  su desarrollo regional.

Ojalá estos consejeros entiendan desde  sus despachos capitalinos, que   la mora judicial en  procesos de esta connotación, puede tener implicaciones  tanto sociales como políticas, sin olvidar que la paz que tanto se pregona, tiene un punto de partida, y un punto de llegada, que es la pronta  justicia, ausente en el proceso objeto de la adenda.

Bogotá, Marzo  14  2017.