Los asesinatos de líderes sociales

Según la Defensoría del Pueblo en los últimos 12 meses han asesinado en Colombia a 120 dirigentes populares de las comunidades; a esto hay que sumarle 33 atentados y 27 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos. Sobre el tema señaló el consejero presidencial de Seguridad y Convivencia Ciudadana que la discusión no se debe centrar solo en las cifras de líderes asesinados o amenazados, sino “en qué estamos haciendo como gobierno y como sociedad para prevenir este tipo de delitos”. Los homicidios se han producido en 19 departamentos, pero la violencia es más sistemática en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Chocó. Con el ánimo de generar zozobra y de intimidar a la población civil, están haciendo circular panfletos con amenazas a nombre de organizaciones como los Urabeños y las Águilas Negras. Además, vienen usando los mismos formatos que circularon cuando los grupos llamados paramilitares eran los verdaderos dueños del país. Como la historia se está repitiendo se encuentran muy alarmados los líderes sociales, las organizaciones de izquierda y el mismo Gobierno, por los asesinatos selectivos en regiones neurálgicas.

¿Regresó el paramilitarismo?

Desde hace algunos años las organizaciones de izquierda y los defensores de derechos humanos, han venido denunciando el surgimiento o reanimación de los grupos paramilitares que han sido bautizados con el nombre genérico de Bandas Criminales (Bacrim), pero que actúan como Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, AUC, Libertadores del Vichada, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ejército Anti-restitución de Tierras y otras denominaciones; todas mantienen la misma vieja estructura y están reviviendo en regiones de influencia de las FARC y alrededor de las zonas de concentración guerrillera, acordadas con el Gobierno.

La situación más dramática la viene padeciendo el sufrido departamento del Chocó. Desde finales de enero varias poblaciones de este departamento observaron el desfile de unos 600 paramilitares; una estela de pánico cruzó los cascos urbanos de Domingodó, Bijao, Vigía del Fuerte, Bojayá, Bahía Solano y Carmen del Darién.  El sábado 4 de marzo los pobladores del Alto Baudó se estremecieron por la presencia de unos 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que estaban persiguiendo a un grupo de guerrilleros del ELN; ese día 475 personas de cinco comunidades fueron desplazadas a la cabecera municipal. Después de esta incursión se determinó, en un consejo de seguridad, que se iba a aumentar el pie de fuerza para restablecer el orden público en el departamento. Pero sobre este escabroso hecho los habitantes de Riosucio (Chocó) y Bojayá aseguran que los paramilitares nunca se desmovilizaron y que en los últimos meses han venido ganando espacio; las AGC y las Águila Negras consolidaron su poderío porque han ido desplazando a comunidades afrocolombianas e indígenas.

Sin duda alguna los paramilitares más poderosos, en la región, son los agrupados como Autodefensas Gaitanistas; en el año 2006, cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, en el gobierno de Álvaro Uribe, un sector permaneció en armas y conformaron un bloque con el llamativo nombre de gaitanistas; pero parece que hoy es la mampara de la terrible banda criminal conocida como el Clan del Golfo. Las AGC han venido manejando un discurso político para que el Gobierno las tenga en cuenta en una negociación de paz; su poderío militar es evidente si recordamos que en marzo de 2016 lograron paralizar buena parte de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar, durante tres días.

¿A qué se debe el resurgir del paramilitarismo? Al abandono histórico por parte del Estado, a la retirada de la guerrilla para concentrarse e iniciar el desarme, al nuevo aire que está tomando el ELN y a la oportunidad de oro que encontraron las bandas criminales para apropiarse de las rutas del narcotráfico y de las zonas de minería ilegal.

Y ahora salta la pregunta ¿Quiénes asesinan a los líderes sociales? Con la derrota del Sí en el plebiscito, el pasado 2 de octubre, se disparó la ofensiva contra los dirigentes sociales; los asesinatos fueron entendidos como un saboteo a la paz, en el ambiente de la polarización política de los colombianos. En ese momento el mensaje iba dirigido a los líderes que respaldaban el proceso de paz, a los dirigentes locales y comunales, a los activistas de derechos humanos, a los abogados de las víctimas, a los miembros de organizaciones humanitarias y de restitución de tierra. Era una escalada anunciada por algunos grupos paramilitares, pero subestimada por el Gobierno nacional. Y cuando preguntan a las comunidades ¿Quiénes asesinan a los líderes? La gente responde sin titubear: los paramilitares.

Todavía recordamos la época de la mal llamada “guerra sucia” y los relatos de Carlos Castaño, en “Mi Confesión”; pero también algunas declaraciones que dieron sustento al paramilitarismo. Sin embargo eso sucedió en los años noventa y hoy la situación es diferente.

El Gobierno cierra los ojos

Las autoridades no han encontrado un plan generalizado de exterminio sino “casos aislados”. La Vicefiscal general, María Paulina Riveros, aseguró que se han puesto en marcha varias estrategias para agilizar las investigaciones, pero que “aún es prematuro hablar de un ataque sistemático”. Para diferentes entidades del Estado, como la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el de Defensa, el paramilitarismo en Colombia ya no existe; y en forma concluyente advirtió el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que “decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”.

Mientras las instituciones del Estado cierran los ojos el problema crece en silencio. Las Fuerzas Armadas deben ocupar el espacio que dejan las guerrillas para cerrarle el paso a las Bacrim, a los paramilitares y a los grupos que se oponen a la paz.