FONTUR 2016
Asco

Por Carlos Alberto Ospina M. 

Produce repugnancia la sucesión de hechos adversos que acompañan la historia de Colombia. La repartición burocrática denominada Frente Nacional entre 1958 y 1974, no hizo prohombres a los liberales Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, ni al conservador Laureano Gómez, porque simplemente se cambió el autoritarismo y la dictadura del General Rojas Pinilla, por otra forma de control bipartidista de las ramas del poder. A eso le llamaron “gobierno de coalición”, para neutralizar el régimen militar, lo que no es otra cosa que el aprovechamiento de la violencia con intenciones electorales y distribución de la riqueza del país. Poco o nada interesó el bienestar general de los colombianos.

Los políticos criollos no tienen clase ni saben de ética. Sacan la raída bandera narcisista para promover reformas constitucionales, acuerdos y leyes carentes de lealtad. El sólo hecho que el gabinete ministerial, las entidades oficiales, las corporaciones públicas, las Cortes y el Congreso se entreguen milimétricamente entre quienes ostentan el dominio, deja al traste cualquier intento democrático por sacar adelante la carrera administrativa. Los méritos son de los auspiciadores, partners, lavadores de dólares, paramilitares, empresarios, grupos económicos, evasores de impuestos, curas, medios de comunicación, periodistas, guerrilleros, reinsertados, magistrados, fiscales, delfines; entre una amplia fauna, que se acostumbró a manejar los hilos de la nación, debido a la abulia e indiferencia de la gente.

Para ocultar los yerros surgen creativas iniciativas, llámese, plebiscito, referendo, consulta popular, fast track, unidad nacional, Jep, pacto por la paz, “mejor acuerdo”, coalición, artículo transitorio, destinación específica, “fue a mis espaldas” o “me acabo de enterar”; entre muchos otros sofismas y lugares comunes que sustentan los tipos de engaño permanente a la buena fe; a la par que corroboran la no distinción entre el pillo y el político de turno. Nos creen bobos y en la mayoría de las veces tienen razón.

¡La capacidad de espanto y estupor se ha perdido! Este país tiene una moral, tan laxa, que la única certidumbre es la mentira y la corrupción. En abril de 1995, con bombos y platillos, el entonces fiscal Alfonso Valdivieso, anunció un “cerco a la narcopolítica”. Abrió investigaciones contra funcionarios públicos, comunicadores, representantes y senadores por los nexos con el Cartel de Cali. Dichos vínculos su antecesor, Gustavo de Greiff, archivó “porque supuestamente no había méritos para investigar las campañas políticas”. En cuestión de meses, el ente investigador reculaba, y con esa ambivalencia se sostenía el presidente Ernesto Samper Pizano; no obstante, la divulgación de las grabaciones del periodista Alberto Giraldo con los Capos Rodríguez Orejuela, quienes entregaron dineros a la Campaña de Samper y a varios sectores políticos.

El llamado proceso 8.000 fue un monstruo de podredumbre. Cayeron el tesorero, Santiago Medina Serna, el director administrativo, Juan Manuel Avella y el gerente de la Campaña Samper Presidente, Fernando Botero Zea, ex Ministro de Defensa e hijo del pintor del mismo nombre, Fernando Botero Angulo. El contador de la mafia valluna, Guillermo Palomari, entregó a la DEA documentos que vincularon a dirigentes deportivos, congresistas y personajes de la vida nacional con la narcopolítica. Para esa fecha, Samper, contaba con varios mosqueteros, el Ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, y el fallecido periodista, Roberto Posada García Peña, D’Artagnan. Parodiando al bumangués, Serpa, “Mamolas” que la filtración e ingreso de dineros del narcotráfico fue “a espadas” de Ernesto Samper. Así el Consejo de Estado hubiera suspendido en 1996 las resoluciones sobre los topes electorales para la Campaña de 1994, o la Comisión de Acusación, dejara precluir el proceso y el Congreso de la República decidiera absolver a Ernesto Samper Pizano por 111 votos a favor y 43 en contra. El barrito del elefante se hizo sentir para tapar la conspiración encabezada por los renegados “padres de la patria”.

El siglo 21 conservó y sofisticó esas prácticas de encubrimiento y de traición. ¿Qué diferencia puede existir entre los dineros de Odebrecht, la aceptación de Roberto Prieto de que “sí hubo irregularidades en la Campaña de Santos 2010” y la declaración destemplada del Presidente Juan Manuel aseverando que “me acabo de enterar”? Respuesta: los actores del presunto delito electoral, porque también el actual gobierno cuenta con defensores de oficio, pagados y untados con mermelada, en el Congreso, en las Cortes, en los medios de comunicación, en algunos gremios empresariales y por supuesto, en la mugrienta clase política. ¡Qué impudor!, JMS no perderá su investidura, porque el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, y el magistrado, Armando Novoa García, asumieron posiciones encontradas en relación con la caducidad y prescripción del delito por concepto de la financiación indebida de la Campaña Santos 2010 y 2014. Es decir, serán recusados por sus opiniones a través de los medios, favoreciendo que el órgano de control dilate el asunto de fondo.

Hay que marcar con el símbolo de desprestigio a los dirigentes, los partidos políticos y los candidatos a las distintas corporaciones de elección popular que, en la primera década de esta centuria, también, se hicieron los de la vista gorda con los delitos de lesa humanidad, los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro, Familias en Acción, Yidis Medina, Parapolítica, caso Santoyo, desplazamientos, chuzadas del Das, desapariciones, Reficar, Isagen, voladura de oleoductos, etcétera. De no haber no sanción moral explícita y un repudio público, seguiremos en el período pre independentista de la Patria Boba. 

Pie de página – Enfoque crítico: Las nuevas generaciones en particular y la sociedad civil en general, no pueden ignorar ni echar tierra sobre estos exabruptos, irregularidades y hechos descarados de corrupción. Hay que actualizar la bitácora con nombres propios y reseña detallada de los actos impúdicos para que el voto sea una expresión libre y democrática, y no, un acto de complicidad con los bandidos.