28 de marzo de 2024

La RSE debe ser una política de Estado

19 de febrero de 2017
Por Jorge Emilio Sierra
Por Jorge Emilio Sierra
19 de febrero de 2017

Por: Jorge Emilio Sierra Montoya (*)

En representación de la Fundación Bertelsman, de Alemania, Anna Peters propugna por el desarrollo social a partir de un principio básico: la competitividad y la participación cívica. Entrevista. 

Una política de Estado

“Sí, hay que despolitizar a la Responsabilidad Social Empresarial”, dice Anna Peters, explicando a continuación que cuando el tema se politiza, como ya ha sucedido en diversos países, se generan conflictos, lo opuesto precisamente a la solidaridad y la cooperación requeridas.

Más aún, en su concepto no puede haber diferencias entre los partidos o grupos políticos al respecto, sino que unos y otros deben coincidir, siendo socialmente responsables, “como debemos serlo todos los ciudadanos, sin excepción”.

No se trata, pues, de un asunto grupista, de izquierda o de derecha, ni nada parecido. No. La RSE debe ser más bien una política nacional, o sea, una verdadera política de Estado, que reúna en torno suyo a los diferentes sectores sociales: el público y el privado, más otras organizaciones, aquel Tercer Sector conformado por las ONG o fundaciones.

Estos tres sectores -agrega- deben actuar en forma armónica, coordinada, no que cada cual actúe por su lado, con proyectos sociales aislados, como suele pasar en algunas empresas o en el Estado.

Hay que sumar, mejor dicho. Que cada uno aporte sus fortalezas, para llegar a proyectos que sean de veras colectivos.

En su país, por ejemplo, se publicó un libro que reúne casos de buenas prácticas empresariales por sus alianzas con los demás sectores, al tiempo que el gobierno lanzó, desde el Ministerio de Familia, una campaña que promueve la participación ciudadana y privada, consciente de existir ahí un amplio potencial para resolver problemas sociales.

La triple alianza

¿Cuál es, entonces, el papel del Estado frente a la RSE, tema central de su ponencia en un foro sobre responsabilidad social en el sector público, realizado en Bogotá? ¿Qué les corresponde hacer al Estado y a los líderes políticos? ¿Qué hacer?

Para Anna Peters, el Estado, que a fin de cuentas es manejado por políticos, debe promover la participación ciudadana, no sólo de las empresas, en proyectos sociales que beneficien, de manera especial, a las personas de menores recursos.

Debe reflexionar, por tanto, sobre la forma de asegurar dicha participación en asuntos sociales y ambientales, de interés para la comunidad en general, campo en el que por fortuna ya se dispone de instrumentos para alcanzar ese objetivo, como son -insiste- las alianzas entre el Estado y las empresas o las organizaciones sociales.

“En Alemania tenemos múltiples casos de buenas prácticas en ese sentido”, comenta mientras subraya la importancia de integrar a los citados tres sectores en temas como educación, familia y trabajo, entre otros.

Esa triple alianza es, en síntesis, indispensable. Incluso porque se pueden obtener mejores resultados, con el correspondiente mayor impacto social, con los distintos proyectos de RSE, según demuestran múltiples experiencias internacionales.

“La RSE alcanza su máximo impacto cuando los tres sectores se reúnen para resolver problemas sociales”, agrega.

Ello es necesario, además, porque en muchos casos las políticas que adopta un gobierno local o regional tienen profunda incidencia sobre pequeñas y medianas empresas, por lo cual -sostuvo- conviene establecer la debida coordinación entre ambos sectores, para beneficio mutuo y finalmente de la comunidad.

No a la ley de RSE

Pero, ¿cuál es, en definitiva, la RSE del sector público? Según Anna Peters, desarrollar los proyectos sociales con el apoyo de los otros sectores, en forma coordinada, pero también creando las condiciones adecuadas para la misma RSE, que es -dice- un elemento básico.

¿Cuáles condiciones?, es la pregunta de rigor. “Depende de cada país”, responde sin rodeos, lejos de admitir que haya una vía única sobre Responsabilidad Social Empresarial. “Eso no existe”, asegura.

Rechaza, por consiguiente, que el modelo alemán se pueda aplicar en otro país, cuyos problemas sociales son diferentes. Tanto es así que en Alemania ni siquiera se discute sobre la RSE de empresas públicas, que son muy pocas, siendo distinto el papel del Estado con relación al que pueda tener, por ejemplo, en los países latinoamericanos.

No obstante, advierte un peligro que es común a los Estados en materia de RSE: que en su afán normativo, por regular las diversas actividades sociales, pretenda convertirla en una obligación, por mandato legal, cuando se trata de una cuestión voluntaria, nacida desde lo más hondo de la conciencia del ser humano.

“La regulación no es conveniente. No es una solución. La RSE debe ser algo voluntario”, precisa.

De ahí que formule, al término de sus declaraciones, un llamado a los políticos para que no caigan en la tentación de aprobar proyectos de ley en el Congreso sobre RSE -“Eso es absurdo, comenta-, no sin celebrar que en países como Inglaterra haya una política de Estado, con ministerio a cuestas, y hasta una ley ordene a las empresas el reporte de sus actividades sociales en los informes anuales.

“Eso depende, además, del contexto sociocultural de cada país”, subraya.

 

(*) Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua – [email protected]