18 de abril de 2021
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Arturo Yepes le pide a Santos que promueva una ley de extinción de dominio a los corruptos

7 de febrero de 2017
7 de febrero de 2017

arturo yepes

Manizales, 08 de febrero de 2017. A través de un derecho de petición, el representante a la cámara por Caldas Arturo Yepes Alzate le solicitó al presidente Santos que presente un proyecto de Acto Legislativo que permita la EXTINCIÓN DE DOMINIO a los bienes de los corruptos.

Yepes, quien expuso que «la corrupción es un mal que se está́ propagando más y más en nuestro país, sobre todo en aquellos que ostentan autoridad, haciendo un mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima», sugirió que ese castigo también se aplique a «sus socios y parientes hasta el cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad y primero (1ro) civil, cuando no puedan demostrar el origen de su fortuna».

El derecho de petición que dirigió  Yepes a Santos, es como sigue:

Bogotá, 07 de febrero de 2017

Doctor:

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

ARTURO YEPES ALZATE, en calidad de Representante de la Cámara por el Departamento de Caldas, con el interés evidente de acabar con la corrupción que aqueja a nuestro país; en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el artículo 5 y s.s., del Código Contencioso Administrativo, la Ley 1755 de 2015 que regula las disposiciones pertinentes al mismo, y en concordancia con la Ley 5 de 1992 en su ARTÍCULO 258 – SOLICITUD DE INFORMES POR LOS CONGRESISTAS, para el control político, “los Senadores y Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso. En los cinco (5) días siguientes deberá procederse a su cumplimiento”, por tanto, en mi condición de Representante a la Cámara y en virtud del presente Derecho de Petición, respetuosamente me dirijo a usted con base en los siguientes:

HECHOS. 

La corrupción es un mal que se está́ propagando más y más en nuestro país, sobre todo en aquellos que ostentan autoridad, haciendo un mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, la cual se manifiesta de diferentes formas, como son: sobornos, tráfico de influencias, fraudes, malversación, entre otros, que conllevan a un problema social y económico a toda la Nación.

Como es de saber, la corrupción en Colombia ha ido incrementando cada año, estando ubicados – según la ONG Transparencia Internacional- en el año 2015 en un triste puesto 83 –de 176 países- en cuanto a calificación en percepción de corrupción y pasando a un vergonzoso puesto 90 en el 2016; sin embargo, más vergonzoso y preocupante son las estadísticas económicas, como lo dijo en su momento el Procurador, “la corrupción de las entidades públicas le costó́ veinte billones de pesos al Estado colombiano”; no obstante para el columnista Juan Gossaín, quien tuvo a su cargo la investigación de la corrupción en Colombia, estima que la mencionada cifra pudo haber cerrado en el 2016 con un valor de veintitrés billones, lo que significa un incremento del 15% en un solo año, y lo que da muestra que los principales corruptos, son aquellos que se han denominado de cuello blanco, que se encuentran en las instituciones del país, dejando de lado, la misión y compromiso que adquieren con su cargo público, y concentrándose en llenar sus bolsillos con el dinero que le pertenece al pueblo.

Por lo tanto, es importante que el Estado implemente acciones que permitan la adecuada y exhaustiva investigación y sanción de hechos de corrupción, que recaigan no sólo en la persona sino principalmente en sus bienes, en cuando estos no sean justificables o no se puedan demostrar su proveniencia legal, pues el principal problema de la corrupción es el poderío económico que los autores tienen a través de sus actos delictuales, los cuales muy pocas veces terminan con una sentencia condenatoria y cuando lo hacen, aquellos siguen manteniendo control sobre los bienes inmuebles y fortuna que han conseguido a través de la corrupción, quedando así estos delitos como actos benéficos para sí mismos, pues mientras las sentencias condenatorias no recaigan sobre los bienes que dieron su origen, los delincuentes preferirán seguir pagando una pena de prisión, sin importar su duración, a  dejar de percibir una fortuna que beneficia sus intereses y el de los suyos .

PETICIÓN.

Por lo expuesto anteriormente, le solicito se presente un proyecto de Acto Legislativo que permita la EXTINCIÓN DE DOMINIO a los bienes de los corruptos, sus socios y parientes hasta el cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad y primero (1ro) civil, cuando no puedan demostrar el origen de su fortuna, pues sólo así acabaremos con ese flagelo que tanto daño a ocasionado a nuestro país, impidiendo su crecimiento y desarrollo.

El Derecho de Petición fue enviado con copia el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, ministro de Justicia y del Derecho Jorge Eduardo Londoño Ulloa, al Procurador General  Fernando Carrillo y al Fiscal General de la Nación  Néstor Humberto Martínez Neira.